El Gobierno niega al PSOE la devoluci¨®n de la mayor parte de su patrimonio hist¨®rico

A s¨®lo tres meses de finalizar el plazo para la aplicaci¨®n de la Ley de restituci¨®n a los partidos por la incautaci¨®n de su patrimonio tras la guerra civil, el Gobierno s¨®lo ha reconocido la devoluci¨®n de 30 millones de pesetas al PSOE, por seis expedientes, y le ha denegado la mitad de los presentados. Los argumentos de la Administraci¨®n auguran a los servicios jur¨ªdicos del PSOE que rechazar¨¢ la inmensa mayor¨ªa. El secretario de Organizaci¨®n del PSOE, Jos¨¦ Blanco, anuncia un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo por 'violaci¨®n de ley' ante lo que considera un 'esc¨¢ndalo' por 'despreciar la historia de un partido democr¨¢tico como el PSOE'.

La ley, aprobada en diciembre de 1998, fue consecuencia del pacto alcanzado entre el PP y PNV en 1996 para lograr la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como presidente. El compromiso de Aznar de devolver al PNV su patrimonio incautado en la guerra civil se extendi¨® a todos los partidos afectados.

El patrimonio del PSOE fue el m¨¢s da?ado por la incautaci¨®n franquista. Seg¨²n sus asesores jur¨ªdicos, el valor de su patrimonio inmobiliario ascender¨ªa a 15.000 millones de pesetas. La ¨²ltima denegaci¨®n de la Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda, en febrero, afect¨® a 71 expedientes por otros tantos inmuebles. En meses anteriores, Patrimonio deneg¨® otros 183.

El principal argumento de la Direcci¨®n de Patrimonio para el rechazo es que no est¨¢ demostrada la vinculaci¨®n jur¨ªdica de los bienes incautados y el PSOE. Atribuye su titularidad a entidades obreras. El texto de la Direcci¨®n de Patrimonio dice: 'Dado que los bienes de estas sociedades fueron incautados por su car¨¢cter obrerista o sindical y se atribuyeron al sindicato de la FET y de las JONS, salvo prueba concluyente en contrario, que en ning¨²n caso se ha aportado, hay que deducir dicho car¨¢cter de los titulares de estos bienes'. La conclusi¨®n de la Administraci¨®n es que 'no pueden tener la consideraci¨®n de personas jur¨ªdicas vinculadas al PSOE' como exige la ley de diciembre de 1998.

As¨ª, la Sociedad de Socorros Mutuos La Fraternal, cuyo expediente fue denegado, Patrimonio dice: 'El r¨¦gimen pol¨ªtico anterior a la democracia procedi¨® a la incautaci¨®n de los bienes de esta sociedad calific¨¢ndola como Entidad Sindical Marxista. No puede mantenerse, por tanto, por la Administraci¨®n que dicha sociedad no tenga car¨¢cter sindical'.

Los servicios jur¨ªdicos del PSOE argumentan su titularidad con documentos y cartas cruzadas entre la Ejecutiva Federal y las agrupaciones socialistas. Enrique Linde, abogado del PSOE, insiste en que 'el PSOE nunca tuvo una titularidad jur¨ªdica como tal por temor a la represi¨®n pol¨ªtica. Ten¨ªa una estructura descentralizada.La titularidad la ostentaban las agrupaciones'.

Asimismo, Linde asegura que el partido y el sindicato, la UGT, compart¨ªan al 50% la titularidad de los inmuebles y lo sostiene con documentos. La respuesta a este argumento por parte de Patrimonio es que 'el hecho de que el PSOE pudiera utilizar una parte de los locales incautados para el ejercicio de alguna de sus actividades pol¨ªticas, como pone de manifiesto en las declaraciones juradas presentadas, puede evidenciar que exist¨ªa una ocupaci¨®n, pero no es determinante para deducir una titularidad compartida por el PSOE y las sociedades obreras ni ning¨²n otro derecho de contenido patrimonial que pudiera ostentar el PSOE sobre los mismos'.

En cuanto a los expedientes presentados por cuentas corrientes, en enero, Patrimonio exigi¨® al PSOE que en el plazo de diez d¨ªas aporte las fichas elaboradas por la Direcci¨®n General de Banca y Bolsa o el inventario de cuentas improtegibles publicado en el BOE del 9 de agosto de 1943 de las cuentas bancarias de entidades como Gr¨¢fica Socialista, Instituci¨®n Pablo Iglesias y otras. Tambi¨¦n exigi¨® la acreditaci¨®n de si forman parte de la estructura del partido y comparten la misma personalidad jur¨ªdica.

El PSOE replica que 'no existe precedente en que a un interesado en un procedimiento administrativo se le haya requerido que aporte copia de un ejemplar del BOE, que, adem¨¢s, carece de toda base legal'. El secretario de organizaci¨®n del PSOE concluye que 'una vez lograda la publicidad con la aprobaci¨®n de la ley, el Gobierno ha decidido incumplir su aplicaci¨®n'.