Los geri¨¢tricos privados se rebelan contra la pol¨ªtica de Bienestar Social
El PSC pide derogar el decreto de precios
Catalu?a es la comunidad en la que el Gobierno aut¨®nomo paga menos por una plaza de residencia para ancianos en los geri¨¢tricos de financiaci¨®n p¨²blica, con una media entre 142.240 y 153.000 pesetas mensuales por plaza. Seg¨²n datos recogidos por el PSC, Madrid constituye la otra cara de la moneda, ya que es la comunidad que mejor paga por plaza geri¨¢trica, con un m¨ªnimo de 208.000 pesetas mensuales. En Catalu?a, adem¨¢s, la mayor parte del coste lo sufraga el usuario con su pensi¨®n o sus hijos, de acuerdo con el decreto de precios de los servicios sociales.
Cuatro a?os despu¨¦s de entrar en vigor, el decreto sigue siendo fuertemente cuestionado. A las cr¨ªticas de la oposici¨®n y de CC OO, se suman ahora las de los centros geri¨¢tricos privados que conciertan plazas con la Generalitat, agrupados en la Asociaci¨®n Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA). Estas entidades piden la derogaci¨®n del decreto por considerarlo obsoleto y aseguran que la 'irrisoria' aportaci¨®n de la Generalitat a las plazas privadas de financiaci¨®n p¨²blica les conduce a una progresiva 'precarizaci¨®n' del sector. Mientras Bienestar Social paga al a?o m¨¢s de un mill¨®n de pesetas anuales por cada plaza en una residencia propia, los centros privados s¨®lo reciben 768.000 pesetas. A estas cifras hay que a?adir en cada caso lo que se cobra a los usuarios, que Bienestar Social mantiene en secreto.
La Asociaci¨®n Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que agrupa a 321 centros geri¨¢tricos propietarios del 75% de las plazas privadas financiadas con fondos p¨²blicos, acusa al Departamento de Bienestar Social de incrementar el n¨²mero de plazas residenciales en Catalu?a a costa del sector privado.
Acusan a la Generalitat de financiar cada vez m¨¢s plazas concertadas 'con aportaciones irrisorias', lo que aboca al sector a una progresiva 'precarizaci¨®n'. 'La Generalitat falsea la realidad cuando se atribuye la creaci¨®n de nuevas plazas, ya que no hace m¨¢s que aprovecharse de la infraestructura privada y se ahorra la inversi¨®n necesaria para la creaci¨®n de la plaza y el mantenimiento de la calidad del servicio', afirman fuentes de ACRA.
En Catalu?a hay en la actualidad 41.996 plazas geri¨¢tricas, de las que 16.300 son financiadas con fondos p¨²blicos, seg¨²n datos del Departamento de Bienestar Social de finales del a?o 2000. De las 4.600 plazas en residencias que la Generalitat program¨® entre el a?o pasado y el actual, un total de 2.900 se crear¨¢n mediante contrataci¨®n de habitaciones en centros residenciales privados, en la mayor¨ªa de los casos a trav¨¦s de la f¨®rmula del Servicio de Acogida Residencial (SAR). Se trata de un tipo de colaboraci¨®n que la Generalitat no s¨®lo mantiene cada vez m¨¢s con centros privados sino tambi¨¦n con los de titularidad municipal, mediante la cual la administraci¨®n auton¨®mica ayuda al usuario o a su familia a sufragar el coste del servicio hasta un determinado l¨ªmite.
La asociaci¨®n ACRA, as¨ª como el PSC y CC OO sostienen que la Generalitat opta cada vez m¨¢s por este modelo porque le resulta 'mucho m¨¢s barato' que crear plazas propias, ya que las ayudas que aporta 'son m¨ªnimas y se ahorra la inversi¨®n para crear la plaza y mantener la calidad del servicio'. Seg¨²n datos de Bienestar Social, mantener una plaza propia le cost¨® a la Generalitat una media de 1.153.000 pesetas al a?o, mientras que s¨®lo pag¨® 768.000 pesetas anuales de media por cada plaza del programa SAR.
Nueva ley
Mientras la agrupaci¨®n de geri¨¢tricos privados es partidaria de mantener la f¨®rmula del Servicio de Acogida Residencial, aunque con un incremento notable de la aportaci¨®n del Gobierno catal¨¢n a trav¨¦s de una 'puesta al d¨ªa' del decreto de precios, el PSC exige la derogaci¨®n de esta normativa. En una proposici¨®n no de ley que ha presentado en el Parlament, el grupo socialista pide que el actual decreto sea sustituido por una nueva ley que regule la financiaci¨®n de los servicios residenciales. CC OO, que tambi¨¦n se ha sumado a las cr¨ªticas al decreto de precios, considera una 'salvajada' que esta normativa permita a la Generalitat constituir avales sobre la vivienda de los usuarios 'para cobrarse los servicios prestados' o que los ancianos se queden s¨®lo con el 20% del salario m¨ªnimo interprofesional.
El PSC insta a la Generalitat a que establezca conciertos de colaboraci¨®n con los ayuntamientos y con la iniciativa privada que garanticen una correcta financiaci¨®n de las plazas sostenidas con fondos p¨²blicos. Tambi¨¦n piden los socialistas la elaboraci¨®n de un plan plurianual de inversiones para la creaci¨®n de nuevas plazas. La diputada socialista Marina Geli, destaca que para lograr las 3,5 plazas de financiaci¨®n p¨²blica por cada 100 personas de m¨¢s de 60 a?os -proporci¨®n que se aconseja en la Uni¨®n Europea-, Catalu?a deber¨ªa tener casi el doble de las actuales. Las 16.300 plazas de este tipo que hay en la actualidad deber¨ªan pasar a ser unas 30.000, seg¨²n los c¨¢lculos de los socialistas.
El grupo socialista exige tambi¨¦n que la Generalitat fije un tiempo m¨¢ximo de espera para ingresar en una residencia geri¨¢trica. El PSC se ha quejado ante el presidente del Parlament, Joan Rigol, por la negativa de Bienestar Social a revelar el tiempo actual de espera para acceder a una plaza geri¨¢trica, una informaci¨®n que los socialistas han reclamado sin ¨¦xito en reiteradas ocasiones desde el mes de noviembre del a?o pasado.
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