La naturaleza pasa factura

El principio de 'quien contamina, paga' es f¨¢cil de enunciar, pero tremendamente dif¨ªcil de aplicar. Algunos de los impuestos que, en el ¨¢mbito nacional o auton¨®mico, se apoyan en esta m¨¢xima han fracasado por distintos motivos. No siempre es posible establecer, con criterios justos, el baremo por el que se regir¨¢n estos tributos, como ha ocurrido, por ejemplo, en Baleares, donde el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente (IMA), se calculaba en funci¨®n de los ingresos brutos de la actividad en cuesti¨®n, por lo que pagaba m¨¢s quien m¨¢s produc¨ªa, con independencia de la carga contaminante asociada. El Tribunal Constitucional termin¨®, el pasado a?o, declarando nulo el impuesto.

En otros casos, la dificultad estriba en la propia recaudaci¨®n del tributo y en las inspecciones necesarias para hacerlo efectivo. As¨ª ocurre con el Canon de Vertidos que, a escala nacional, gestionan las confederaciones hidrogr¨¢ficas y cuyo fin es gravar la emisi¨®n de sustancias nocivas a los cauces p¨²blicos. Pocos son los que abonan esta tasa y el recaudador no tiene capacidad para extender su aplicaci¨®n a todas las actividades que deber¨ªan verse afectadas por la misma, con lo que el impuesto no cumple su finalidad y, adem¨¢s, se crean situaciones de agravio dif¨ªciles de solventar.

Hay, sin embargo, otros modelos que s¨ª se est¨¢n desarrollando con cierto ¨¦xito. En Galicia, y desde 1995, las instalaciones industriales que vierten determinadas sustancias qu¨ªmicas a la atm¨®sfera deben someterse a un sistema de control espec¨ªfico y hacer frente a un impuesto que se calcula en funci¨®n de la cantidad de contaminantes producidos. El dinero obtenido se emplea en actuaciones p¨²blicas destinadas a la conservaci¨®n de la naturaleza y es, por tanto, un tributo finalista.

En el marco de la OCDE, asegura Jos¨¦ Manuel Castillo, profesor de Econom¨ªa Pol¨ªtica y de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Granada, 'existen m¨¢s de 150 instrumentos econ¨®mico-financieros que ya se est¨¢n usando para frenar la degradaci¨®n de algunos recursos naturales, al mismo tiempo que sirven para incrementar la recaudaci¨®n de fondos p¨²blicos destinados, precisamente, a solucionar este tipo de problemas'.

En pa¨ªses como Dinamarca, B¨¦lgica, Alemania o Francia existen tributos que se aplican sobre los residuos arrojados a vertederos o al agua, sobre los combustibles de uso dom¨¦stico, los fertilizantes y pesticidas, bolsas de pl¨¢stico no biodegradables, bebidas en envases no retornables, bombillas de baja eficiencia energ¨¦tica o lubricantes.

De alguna manera, la efectividad de estos instrumentos se basa en su aplicaci¨®n a actividades o elementos concretos, sobre los que puede organizarse un sistema impositivo racional y de f¨¢cil gesti¨®n. El asunto se complica, advierte Castillo, 'cuando se trata de aplicar esta f¨®rmula a todas aquella actuaciones que pueden causar da?os en el medio ambiente, a un conjunto demasiado extenso y variopinto de actividades, tal y como ha propuesto en el Parlamento el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa'.

No es sencillo delimitar el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de un tributo de esta naturaleza, adaptarlo a las m¨²ltiples actuaciones que se ver¨ªan gravadas, establecer baremos para los diferentes contaminantes e impactos, controlar cada uno de ellos, disponer de los mecanismos de recaudaci¨®n necesarios y contar con los servicios de inspecci¨®n adecuados. 'Si un impuesto tan consolidado como el IRPF, cuya gesti¨®n est¨¢ respaldada por un aparato administrativo de gran envergadura, registra un fraude muy elevado, ?qu¨¦ ocurrir¨ªa con un tributo ecol¨®gico de este calibre gestionado por alg¨²n organismo de la comunidad aut¨®noma?'. En definitiva, Castillo est¨¢ convencido de que esta es 'una f¨®rmula inviable, que terminar¨ªa creando situaciones injustas, ya que unos pagar¨ªan el impuesto y otros no, al ser pr¨¢cticamente imposible controlar su justa aplicaci¨®n'. Y ¨¦sta es la idea que ha transmitido a los representantes de los diferentes grupos pol¨ªticos que en los ¨²ltimos meses han requerido de su asesoramiento como especialista en fiscalidad ecol¨®gica.

'Apostar por un modelo tan generalista es la antesala para no llegar a ning¨²n sitio', insiste, aunque conf¨ªa en que este proyecto, apenas un esbozo, se vaya depurando y se concrete en alguna f¨®rmula que presente ciertas garant¨ªas de eficacia. Mejores perspectivas de desarrollo presentan, a su juicio, algunos impuestos espec¨ªficos, como la ecotasa tur¨ªstica o los tributos que podr¨ªan aplicarse al saneamiento de vertidos residuales o a la circulaci¨®n de veh¨ªculos a motor en las grandes ciudades. A¨²n as¨ª, habr¨ªa que vencer la oposici¨®n de algunos colectivos sociales, reacios a gravar determinadas actividades a pesar de su incidencia en el mantenimiento de los recursos naturales que las hacen posibles, como ocurre con el turismo.

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