Desconfianza

El consejero de Cultura y Educaci¨®n de la Generalitat Valenciana defend¨ªa en estas p¨¢ginas el nuevo anteproyecto de ley de Consejos Sociales de las universidades p¨²blicas que ha elaborado el gobierno regional. En s¨ªntesis sosten¨ªa que el verdadero debate se situaba entre quienes, como ellos, 'subidos al tren del futuro', apostaban por que las universidades se situasen 'en la l¨ªnea de los modelos m¨¢s progresistas' y aquellos otros, entre los que me incluyo, que alzaban voces disonantes contra el anteproyecto de la Generalitat. Afirmaba no entender las cr¨ªticas de politizaci¨®n e injerencia, a su juicio poco rigurosas, que en realidad esconden o encubren razones que no pueden ser mantenidas m¨¢s que desde lo que ¨¦l define como la 'arquelog¨ªa de la endogamia'. Incluso se apoyaba en alguna idea suelta del informe Bricall para cargarse de razones. Me refiero a la esgrimida por el profesor Bricall de 'rendir cuentas a la sociedad' que m¨¢s tarde ha venido a defender a Valencia el presidente Aznar como argumento central para proponer la inminente reforma de la legislaci¨®n espa?ola en materia universitaria.

Sin embargo, tengo para m¨ª que las razones de fondo que inspiran el anteproyecto de ley de Consejos Sociales son otras bien distintas. Pura y simplemente creo que se trata de establecer un marco legal que permita ejercer un estricto control pol¨ªtico sobre el ¨®rgano de gobierno de las universidades, alterando la relaci¨®n de fuerzas en los Consejos Sociales. En definitiva, el anteproyecto de ley viene a decir que el rector, a quien la ley de Reforma Universitaria otorga la responsabilidad del gobierno efectivo de la universidad, queda en minor¨ªa en el Consejo Social y, no obstante, tiene que ejecutar los acuerdos y decisiones que all¨ª se tomen. La verdadera cuesti¨®n de fondo que late en el anteproyecto de ley se centra en qui¨¦n tiene la mayor¨ªa en los Consejos Sociales y qui¨¦n ejerce el control de aspectos fundamentales de la gesti¨®n universitaria que el gobierno regional cree no controlar y quisiera hacerlo. Da la impresi¨®n de que algunos responsables pol¨ªticos creen que la universidad es de la Generalitat y no es as¨ª.

No vean en estas l¨ªneas una defensa corporativa de las universidades ni de la comunidad acad¨¦mica. Hace tiempo que me incluyo entre quienes defienden la necesidad de revisar una legislaci¨®n universitaria espa?ola que data de 1983 y que exige una puesta al d¨ªa. Diversos aspectos de la vigente ley de Reforma Universitaria, incluido el cap¨ªtulo fundamental referido a sus ¨®rganos de gobierno, exigen una revisi¨®n. Existe amplia experiencia y no debiera ser dif¨ªcil incorporar lo mejor de la experiencia de las mejores universidades europeas, aunque sin perder de vista los diferentes contextos. Pero debiera ser una reforma que, desde el m¨¢ximo respeto al principio de autonom¨ªa universitaria recogido en la Constituci¨®n y perfeccionado por ulteriores sentencias del Tribunal Constitucional (alguna por cierto hace una lectura restrictiva sobre el papel de los Consejos Sociales), afectara al conjunto del sistema universitario.

La medida avanzada por el gobierno valenciano, extempor¨¢nea, parcial y pol¨ªticamente interesada no se?ala una v¨ªa constructiva y ser¨¢ perjudicial para las relaciones entre las universidades y el poder pol¨ªtico regional, al tiempo que introduce mecanismos que generar¨¢n tensiones innecesarias e inconvenientes en las propias universidades. Al menos sienta las bases para que eso pueda ocurrir con facilidad.

Existen en Europa muchas formas de organizar el gobierno de las universidades y de establecer la presencia de quienes representan al entorno institucional, econ¨®mico, social y cultural en el que cada universidad se inscribe. Algunas de estas formas establecen un solo ¨®rgano ejecutivo de gobierno con representaci¨®n de diferentes sectores, incluidos -no se olvide- los estudiantes. Suele tratarse de ¨®rganos de composici¨®n reducida, presididos por un representante de la comunidad acad¨¦mica (mayoritaria en n¨²mero). ?Por qu¨¦ no aprovechar la pr¨®xima reforma anunciada por el gobierno central para abordar con seriedad esta cuesti¨®n, consensuando alguno de estos modelos que sabemos que permiten un funcionamiento aceptable y, en todo caso, mejor que el actual y mucho mejor que el que propone el gobierno regional?

Citaba el consejero alguna idea del informe Bricall, la de 'rendir cuentas', que luego ha remarcado Aznar. Omit¨ªa, sin embargo, aspectos esenciales del citado informe, que van justo en la direcci¨®n contraria de las propuestas del gobierno regional. As¨ª, mientras el informe Bricall, en sinton¨ªa con la mayor¨ªa de ¨®rganos de gobierno que conozco, propone que sean reducidos, el anteproyecto del gobierno apuesta por un ¨®rgano de control mucho m¨¢s amplio que el actual, al que le otorga m¨¢s de treinta nuevas competencias para cuyo ejercicio obliga a la creaci¨®n de otra organizaci¨®n econ¨®mica y administrativa paralela que duplicar¨¢ la que ya existe en las universidades. En otras palabras, como si el gobierno regional desconfiara de la organizaci¨®n y de la gesti¨®n econ¨®mica de nuestras universidades y no fuera suficiente con el control peri¨®dico al que se someten: auditor¨ªa de la Sindicatura de Cuentas e Intervenci¨®n General. La universidad espa?ola rinde cuentas a la sociedad cada a?o.

Esta es la cuesti¨®n que me parece m¨¢s preocupante, tanto del anteproyecto de ley de Consejos Sociales como de la reciente intervenci¨®n de Aznar en Valencia a prop¨®sito de la universidad. Son discursos pol¨ªticos que transmiten una sensaci¨®n de profunda desconfianza. Algo as¨ª como si la universidad fuera incapaz de administrar correctamente los recursos p¨²blicos que el parlamento (y no el gobierno como se tiende a pensar) pone cada a?o en sus manos. Como si existiera una gesti¨®n opaca de los recursos p¨²blicos que necesitara de una tutela efectiva, concretada en una representaci¨®n mayoritaria establecida con criterios pol¨ªticos en un ¨®rgano, el Consejo Social, que le dir¨¢ a la universidad c¨®mo se tienen que administrar los recursos. Sencillamente no funcionar¨¢.

Un proyecto y unos discursos que alimentan ante la sociedad una imagen de desconfianza y que transmiten una voluntad pol¨ªtica de imponer, cuando debieran nacer desde la confianza en la instituci¨®n universitaria y en la elaboraci¨®n consensuada de las reformas necesarias, crear¨¢n situaciones de bloqueo del funcionamiento de la universidad y pueden ser fuente de confrontaci¨®n interna entre quien tiene el gobierno efectivo reconocido por la ley, el rector y la junta de gobierno, y el ¨®rgano de representaci¨®n social al que ahora se le pretenden ampliar competencias sin cambiar la ley de Reforma Universitaria.

Recuerdo que hace unos a?os, hablando de ¨®rganos de gobierno, preguntaba a rectores de universidades francesas y holandesas cu¨¢l era la forma y composici¨®n que, a su juicio, demostraba mayor eficacia. Me respondieron que cualquiera que estuviera basada en el consenso entre el poder pol¨ªtico y la instituci¨®n universitaria era mejor que cualquier otra. Justo lo contrario de lo que veo que se intenta hacer aqu¨ª.

Joan Romero es catedr¨¢tico de la Universidad de Valencia y ha sido consejero de Educaci¨®n y Ciencia de la Generalitat Valenciana.