?Qu¨¦ libertad para los enemigos de la libertad?

La aparatosa divisi¨®n de pareceres protagonizada por jueces de la Audiencia Nacional pone de relieve las dificultades con las que un Estado de derecho puede tropezar en su lucha contra el terrorismo organizado. No se trata de caer en el fatalismo que atenaz¨® a los dem¨®cratas de los a?os 30, cuando convencidos de la entonces llamada debilidad de la democracia y fascinados por la fuerza de los totalitarismos, decidieron ceder todo lo imaginable con tal de apaciguarlos; tampoco se trata de hacer fuerte a base de leyes de excepci¨®n lo que se tiene como estructuralmente d¨¦bil, al modo en que la Rep¨²blica espa?ola se dot¨® en su primera etapa de una ley de defensa que no sirvi¨® para nada. Ni la democracia es d¨¦bil de por s¨ª ni sirve de mucho reforzar su fortaleza con medidas de excepci¨®n.

Todo lo cual no quiere decir que un Estado de derecho no ofrezca resquicios que un movimiento nacionalista dotado de una organizaci¨®n terrorista no est¨¦ dispuesto a aprovechar hasta el extremo. El problema de considerar a ETA como una banda armada y actuar judicialmente en consecuencia implica ignorar su dimensi¨®n como parte de un movimiento nacional. Si ETA fuera una simple asociaci¨®n de malhechores, el Estado espa?ol habr¨ªa dado ya cuenta de ella como dio el italiano de las Brigadas Rojas o el alem¨¢n de la Baader Meinhof. Pero ETA no es una mera banda de pistoleros, sino una organizaci¨®n terrorista que cuenta con ramificaciones especializadas en desarrollar t¨¢cticas encaminadas a la 'construcci¨®n nacional'.

De ese entramado existe, entre otras, una evidencia inapelable: el terrorismo callejero. Pensar que los actos violentos contra la integridad, la libertad y el patrimonio de ciudadanos vascos mediante utilizaci¨®n de explosivos y amenazas, continuados en el tiempo, perfectamente programados en su ejecuci¨®n, no tienen nada que ver con ETA sino que son otras tantas manifestaciones de un 'conflicto' secular, es grotesco; proceder judicialmente sobre ese supuesto hasta no encontrar el documento que pruebe la vinculaci¨®n, negando la evidencia de que todo forma parte de la misma 'estructura il¨ªcita y delictiva', como escribe el juez Garz¨®n, es sencillamente suicida.

Lo es porque repite la ¨²nica debilidad de las democracias cuando sufren una ofensiva dirigida por movimientos nacional-terroristas. Los l¨ªmites a la investigaci¨®n de esas tramas, y la exigencia de pruebas documentales donde s¨®lo puede haber indicios racionales, ampl¨ªan el margen de impunidad de estos enemigos organizados de la libertad. Sabemos bien ad¨®nde conduce esa impunidad: la excarcelaci¨®n de siete miembros de Ekin ha coincidido con la renuncia de cinco concejales socialistas al desempe?o de los cargos para los que fueron elegidos por sus conciudadanos. La renuncia pone de manifiesto que la democracia puede sucumbir en Euskadi a no ser que todos los poderes del Estado, comenzando por el mismo Gobierno aut¨®nomo, act¨²en con decisi¨®n para defender la libertad del ataque multidireccional y violento de sus enemigos.

Ciertamente, la justicia no puede ser una pieza de la pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno. Pero la justicia es, m¨¢s que una pieza, un poder fundamental del Estado; un poder que debe emplearse a fondo en la lucha contra las fuerzas que atentan de forma organizada, con estructuras de apoyo, contra la vida, la libertad y los derechos de las personas. Emplearse a fondo quiere decir investigar, acopiar indicios, aplicar de la manera m¨¢s rigurosa la ley y el derecho. Esto es lo que no parecen haber entendido los magistrados de la Audiencia Nacional cuando exigen, en fase de instrucci¨®n de un sumario, documentos que permitan establecer de forma directa la existencia de una vinculaci¨®n entre ETA y Ekin. Documentos no los habr¨¢, pero indicios sobran: basta tener los ojos abiertos para caer de ese limbo en el que ha sido redactado el auto de la Secci¨®n IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.