Autonom¨ªa fiscal

El Gobierno ha desvelado los elementos generales del esquema en el que descansar¨¢ el nuevo modelo de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas (CC AA)para el periodo 2002-2006. De lo conocido puede deducirse la voluntad de profundizar en la descentralizaci¨®n asumiendo rasgos propios del federalismo fiscal, siguiendo el sistema que rige en las CC AA de r¨¦gimen com¨²n, y de incorporar un mayor grado de corresponsabilidad fiscal. Y eso es bueno, ya que permite una mayor simetr¨ªa entre la configuraci¨®n del ¨¢mbito competencial y el ejercicio de la correspondiente autonom¨ªa presupuestaria de las CC AA.

La mayor participaci¨®n en la generaci¨®n de ingresos garantiza que no sea s¨®lo la m¨¢s c¨®moda responsabilidad sobre el gasto la que exhiban los gobiernos regionales. Si se produce la cesi¨®n de una cesta de impuestos que incluya los especiales y el IVA (los que han generado una mayor recaudaci¨®n en el pasado quinquenio), al tiempo que una mayor participaci¨®n en el IRPF y la disposici¨®n de mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos, ello aumentar¨¢ la capacidad financiera; el ejercicio de autonom¨ªa ser¨¢ importante, y es razonable que los contribuyentes perciban esa mayor responsabilidad de sus autoridades m¨¢s inmediatas, que puedan establecer con mayores elementos de juicio la correspondencia entre esfuerzo tributario y calidad de los servicios.

Sin embargo, hasta ahora las negociaciones se est¨¢n desarrollando excesivamente en el plano de los criterios generales. Hace falta una mayor transparencia en las cifras que maneja el Gobierno para que todas las partes puedan calibrar mejor sus posiciones. La discusi¨®n acerca de las propuestas sobre diferentes porcentajes de participaci¨®n del IRPF, el IVA u otros impuestos s¨®lo tiene sentido si se conoce su evoluci¨®n real en la recaudaci¨®n.

Las comunidades deben tener los recursos suficientes, como el resto de las administraciones del Estado. Si sus competencias principales, como la ense?anza y la sanidad, registran un incremento del gasto m¨¢s intenso que otros servicios p¨²blicos, deber¨¢n contar con capacidad fiscal para adecuarse a estas crecientes necesidades. Por tanto, uno de los elementos que probablemente ser¨¢ objeto de discusi¨®n es el margen de autonom¨ªa de las CC AA para introducir modificaciones normativas en las figuras tributarias cedidas o, lo que es lo mismo, el grado de armonizaci¨®n que al respecto habr¨¢ de regir en el conjunto del Estado. El Senado podr¨ªa ser un instrumento de armonizaci¨®n de esta capacidad normativa de algunos impuestos, como el IVA. Ser¨ªa conveniente que tres exigencias gen¨¦ricas presidieran las negociaciones: la voluntad de estabilidad, la de alcanzar el mayor consenso posible y la de lograr a largo plazo la igualdad de recursos entre comunidades respetando las peculiaridades forales.