La C¨¢mara de Comptos denuncia el m¨ªnimo impacto de las pol¨ªticas de empleo para minusv¨¢lidos

En Navarra, viven 31.000 mi-nusv¨¢lidos, un 6% de la poblaci¨®n. M¨¢s de 15.000 de ellos son menores de 66 a?os, y ell 44% vive en Pamplona. Sus tasas de paro triplican una media que, en la comunidad foral navarra, est¨¢ dentro del pleno empleo masculino. Un informe de la C¨¢mara de Comptos sobre el programa presupuestario Discapacitados 1995-1999 revela un notable incumplimiento de la legislaci¨®n, algo que las asociaciones de disminuidos f¨ªsicos y sensoriales de la regi¨®n denuncian desde hace a?os.

El Gobierno de Navarra no llega al 3% de cobertura de plazas de empleo p¨²blico que la ley exige para las personas con minusval¨ªas. Apenas alcanza el 1,2%. De los 1.083 puestos de trabajo p¨²blicos cubiertos entre 1995 y 1999, s¨®lo 13 lo fueron por personas con minusval¨ªas. Este informe oficial rese?a que los pliegos de cl¨¢usulas administrativas tampoco recogen la preferencia en la adjudicaci¨®n de contratos a empresas que tengan en plantilla un m¨ªnimo de empleados discapacitados.

Entre los ayuntamientos la situaci¨®n no es mejor. De todas las plazas municipales convocadas, el ¨²nico municipio que materializ¨® la reserva fue el de Burlada, en 1997. El resto o no lo han aplicado (casos de Pamplona o Bara?¨¢in) o no pueden hacerlo dada la escasa dimensi¨®n de su oferta p¨²blica.

La Administraci¨®n ha incumplido tambi¨¦n la resoluci¨®n del Parlamento de Navarra de 4 de junio de 1997 que decidi¨® igualar las oportunidades de empleo. Para ello se articularon medidas como la subvenci¨®n del salario m¨ªnimo m¨¢s la cuota a la Seguridad Social a las empresas que contrataran minusv¨¢lidos durante un m¨ªnimo de seis meses. Entonces se estableci¨® una reserva directa de puestos en las ¨¢reas de servicios generales y auxiliares de la Administraci¨®n adem¨¢s de criterios y pruebas de habilidad espec¨ªfica para cada plaza reservada. Los beneficiarios deb¨ªan ser personas con gran disminuci¨®n f¨ªsica (m¨¢s del 60%), sorderas profundas o disminuci¨®n ps¨ªquica o enfermedad mental.

Los parlamentarios recogieron en normativa destinada a las empresas contratantes de servicios p¨²blicos con m¨¢s de 25 empleados la obligaci¨®n de contar en sus plantillas con, al menos, un 3% de trabajadores de este colectivo.

Aquellas buenas intenciones apenas han cuajado a juzgar por los datos fiscalizados por la C¨¢mara de Comptos y ofrecidos por el propio Gobierno navarro. Un ejemplo: las empresas p¨²blicas s¨®lo dan empleo a seis discapacitados. El departamento de Econom¨ªa y Hacienda ha reconocido que apenas el 0,8% de la plantilla de las 25 sociedades p¨²blicas tiene minusval¨ªas. El Estatuto de Personal de las Administraciones P¨²blicas de Navarra establece un m¨ªnimo del 3%.

El vicepresidente navarro, Rafael Gurrea, se ha excusado por estas cifras. En una respuesta parlamentaria, Gurrea asegura que la ¨²ltima oferta p¨²blica de empleo 2000-20001 reserva 49 plazas para este colectivo, de las que 26 corresponden a la propia oferta y 13 procedentes de convocatorias anteriores en las que no se pudieron cubrir por el tipo de puestos, Polic¨ªa Foral y consorcio de bomberos. El vicepresidente se lamenta de que en ciertos casos su escasa incorporaci¨®n laboral se debe a 'la ausencia de candidatos' o a que no superan las pruebas.

Consciente de la situaci¨®n, el Ejecutivo de UPN ha incluido en el proyecto de ley sobre el personal al servicio de las administraciones forales la preferencia de los minusv¨¢lidos para la elecci¨®n de vacantes sobre los aspirantes de turno libre.

Los partidos han presentado iniciativas para impulsar la inserci¨®n laboral de personas con minusval¨ªas. CDN pide m¨¢s inspecci¨®n y rigor en la aplicaci¨®n de la ley e IU propone incrementar al 5% la reserva de plazas en en Ayuntamiento de Pamplona e instar al Gobierno foral a cumplir lo que las leyes exigen. Ni m¨¢s ni menos.