?Cerrar el modelo?

El pasado lunes, d¨ªa 9, EL PA?S informaba de que el Gobierno estaba preparando una reforma legislativa cuyo objetivo era 'cerrar' el modelo de Estado de las autonom¨ªas. Las previsibles reacciones no se hicieron esperar: la oposici¨®n, especialmente los partidos nacionalistas, se ha mostrado recelosa, cr¨ªtica.

Sin embargo, gran parte de los aspectos que los planes del Gobierno pretenden abordar con esta reforma son, precisamente, los flecos que todav¨ªa quedan por completar en la construcci¨®n definitiva del Estado de las autonom¨ªas. Por ello ser¨ªa pol¨ªticamente irresponsable dejar pasar la ocasi¨®n de llevar a cabo un debate sereno sobre los mismos con el fin de intentar, en la medida de los posible, resolverlos.

Ante todo, veamos qu¨¦ quiere decir 'cerrar' el modelo de Estado de las autonom¨ªas. Ciertamente, si cerrar el modelo significa bloquear definitivamente toda la estructura de la organizaci¨®n territorial del Estado con la pretensi¨®n de que en adelante sea intocable, se trata de un objetivo imposible y absurdo. Ahora bien, si de lo que se trata es de abordar algunas disfunciones actuales, entonces la intenci¨®n del proyecto del Gobierno es positiva y necesaria. Nada es definitivo, sino que todo es reformable en nuestro Estado democr¨¢tico de derecho. Por tanto, cerrar el modelo no supone convertirlo en un sistema invariable para siempre sino, simplemente, en dotar al conjunto de una mayor coherencia para convertirlo as¨ª en m¨¢s eficaz.

Por las noticias oficiosas que han llegado a trav¨¦s de los peri¨®dicos, los objetivos del Gobierno son cuatro: delimitar de forma clara las competencias concurrentes del Estado y de las comunidades aut¨®nomas, reforzar la cooperaci¨®n entre ¨¦stas mediante conferencias sectoriales, establecer una mayor participaci¨®n de las comunidades en las decisiones pol¨ªticas de la Uni¨®n Europea y crear una conferencia de presidentes auton¨®micos con el fin de que los intereses de las comunidades contribuyan a configurar la voluntad estatal. Excepto el primer punto, los otros tres son a mi parecer -y junto a la financiaci¨®n, que va en paquete aparte- los principales aspectos todav¨ªa pendientes de resoluci¨®n en la construcci¨®n del Estado auton¨®mico.

Pretender delimitar por ley las dificultades de interpretaci¨®n que ofrecen las funciones respectivas del Estado y de las comunidades aut¨®nomas en las competencias compartidas es algo absurdo y, probablemente, de acuerdo con una consolidada jurisprudencia de nuestro m¨¢s alto tribunal, inconstitucional. Cualquier intento en este sentido puede suponer, con toda propiedad, un retorno a la filosof¨ªa de la LOAPA. Es olvidar tambi¨¦n que, en los ¨²ltimos 20 a?os se ha realizado una gran labor interpretativa que ha sentado las bases para resolver las naturales disputas acerca de la titularidad de unas y otras competencias. Las resoluciones jurisdiccionales y, sobre todo, los acuerdos pol¨ªticos -no las leyes- son los cauces m¨¢s adecuados para solucionar tales conflictos. Nos hallamos, por tanto, ante un falso problema.

Son, en cambio, problemas reales y acuciantes los otros tres. La necesidad de intensificar los mecanismos de cooperaci¨®n entre comunidades la han puesto de manifiesto los principales estudiosos del sistema auton¨®mico espa?ol. Autonom¨ªa significa actuar con independencia de los otros poderes, pero sabiendo que se forma parte de un sistema, de un conjunto que no puede ser, por razones de eficacia, indiferente a cada una de las partes. Por consiguiente, establecer mecanismos para canalizar e incentivar la cooperaci¨®n entre comunidades redundar¨¢ en una mayor eficacia global del sistema. Lo mismo cabe decir de la participaci¨®n de las comunidades en las decisiones de la Uni¨®n Europea. La realidad europea est¨¢ en plena transformaci¨®n y no puede funcionar como algo aparte de la realidad interna de los Estados, a menos que el d¨¦ficit democr¨¢tico aumente todav¨ªa m¨¢s. Que las comunidades aut¨®nomas participen en las tareas de la Uni¨®n quiere decir que tambi¨¦n participan sus ciudadanos y, por tanto, que aumenta la legitimidad democr¨¢tica de las instituciones europeas.

Por ¨²ltimo, la conferencia de presidentes de comunidades aut¨®nomas viene a llenar un importante hueco del sistema auton¨®mico -el de la participaci¨®n de las comunidades en el Estado-, pero lo hace a costa de sacrificar un Senado en sentido federal. La falta de di¨¢logo entre los m¨¢ximos representantes de las comunidades y de ¨¦stos con el Gobierno del Estado es, probablemente, la carencia m¨¢s acuciante de la organizaci¨®n auton¨®mica. En definitiva, es lo que hace falta para que nuestro sistema pueda ser considerado de pleno derecho como un Estado federal. Un foro estable e institucionalizado como es una conferencia de presidentes -a la manera de Austria- es un avance respecto al actual vac¨ªo, pero no deja de ser una soluci¨®n de m¨ªnimos. Alguna raz¨®n tiene el Gobierno al manifestar sus dudas sobre la viabilidad pol¨ªtica de la reforma constitucional del Senado. Ahora bien, si queremos acabar de verdad el modelo auton¨®mico, un Senado federal es la pieza que falta para solucionar todos los problemas, entre ellos, por supuesto, los aqu¨ª examinados.

El problema, quiz¨¢, es de naturaleza pol¨ªtica: s¨®lo pueden cerrar el modelo aquellos que creen en ¨¦l. Por tanto, no se puede contar con la colaboraci¨®n -y s¨ª con la obstrucci¨®n- de quienes tienen como objetivo superarlo. S¨®lo un acuerdo entre el PP y el PSOE puede lograr plenamente los objetivos que se pretenden con las medidas que comentamos. Y si no se aprovecha esta legislatura quiz¨¢ tardar¨¢ en presentarse otra ocasi¨®n. Pero para ello, hace falta menos razonamiento t¨¢ctico y m¨¢s visi¨®n de Estado.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la UAB.