Centroam¨¦rica batalla contra la corrupci¨®n de las instituciones

'Esto es una bomba de relojer¨ªa', opina Maribel S¨¢nchez,una de las pocas periodistas hondure?as independientes, sobre la situaci¨®n de su pa¨ªs. 'Cre¨ªmos que, tras el hurac¨¢n Mitch, se entrar¨ªa en una nueva etapa de transparencia. Hubo una efervescencia inicial. Pero nos equivocamos'.

Tres a?os despu¨¦s de que el Mitch arrasara Honduras, se han hecho muchas obras de reconstrucci¨®n. 'Pero nadie habla de fortalecer las instituciones', y contin¨²a d¨¢ndose una corrupci¨®n galopante, se queja S¨¢nchez. Esta periodista dirige un controvertido programa de radio, Contrapunto, desde el que ha denunciado numerosos casos de malversaci¨®n, nepotismo y tr¨¢fico de influencias. 'La gente est¨¢ harta, la menor cosa va a provocar una reacci¨®n violenta', dice. 'Lo s¨¦ por las llamadas que recibo a diario en mi emisora'.

Casi el 60% de los centroamericanos viven por debajo de la l¨ªnea de la pobreza. La situaci¨®n econ¨®mica, en algunos casos agravada por desastres naturales que han supuesto retrocesos de d¨¦cadas, es un caldo de cultivo para la corrupci¨®n.

De acuerdo con el ¨²ltimo informe de percepci¨®n de corrupci¨®n elaborado por Transparencia Internacional, Honduras -en el puesto 94, entre 99 pa¨ªses- es el pa¨ªs m¨¢s corrupto de Latinoam¨¦rica. De la regi¨®n centroamericana, le siguen Nicaragua (70), Guatemala (68), El Salvador (49) y Costa Rica (32). Espa?a, por ejemplo, qued¨® en la posici¨®n 22, junto con Francia.

As¨ª como la pobreza y el subdesarrollo crean condiciones aptas para el florecimiento de pr¨¢cticas corruptas, la corrupci¨®n es, a su vez, una especie de impuesto a la pobreza. El Banco Mundial calcula que los proyectos en pa¨ªses corruptos pueden costar entre un 15 y un 30% m¨¢s que un ambiente de transparencia.

Los expertos coinciden en que un paso clave en el desarrollo de estos pa¨ªses es el fortalecimiento de las instituciones, especialmente las supervisoras, como las contralor¨ªas -que vigilan las cuentas estatales-, las fiscal¨ªas generales y los ¨®rganos legislativo y judicial. Muchas de estas entidades son inoperantes.

En Honduras, por ejemplo, se dan situaciones absurdas como que el presupuesto general de la naci¨®n se presenta 'minutos' antes de su votaci¨®n en la Asamblea, o 'se nombra a personas corruptas en la comisi¨®n que debe reformar el sistema judicial', asegura S¨¢nchez. Seg¨²n esta periodista hondure?a, el Gobierno manipul¨® los datos sobre los efectos del Mitch y la forma en la que se manejaron las ayudas, y benefici¨® con contratos a empresas de familiares.

M¨¢s recientemente, en El Salvador, hay quejas semejantes sobre la poca transparencia con que se han manejado las ayudas a los damnificados. Ricardo C¨®rdova, un economista que trabaja para una ONG, ha denunciado una excesiva concentraci¨®n e ineficacia en los esfuerzos de asistencia tras los terremotos de principios de a?o.

Pero estos pa¨ªses tambi¨¦n experimentan iniciativas contrarias a la corrupci¨®n. Agust¨ªn Artiga, fiscal general de El Salvador, por ejemplo, ha puesto en marcha un plan de depuraci¨®n en el Ministerio P¨²blico. Sus objetivo es terminar con el 'alto grado de corrupci¨®n' dentro de la instituci¨®n, donde, seg¨²n dice, 'las paredes oyen...'. 'No empez¨¢bamos a dise?ar la estrategia de una investigaci¨®n, cuando los delincuentes ya la conoc¨ªan', explica.

Cuando lleg¨® del sector privado a la Fiscal¨ªa General hace poco m¨¢s de un a?o, Artiga se dio cuenta de que la principal entidad fiscalizadora del pa¨ªs ten¨ªa que ser investigada para ser operativa. Como consecuencia de su plan de depuraci¨®n, 50 personas fueron separadas de sus cargos, unos 60 fiscales han sido encausados y otros 60 jueces, investigados.

Entretanto, descubri¨® desde ejemplos de negligencia dirigida a favorecer a alguna parte en un conflicto judicial, hasta historias de horror como la de un fiscal que atend¨ªa quejas de violencia familiar que abus¨® en su despacho de una mujer maltratada, o el de una ordenanza que, tras quedar embarazada por un fiscal, abort¨® en la misma oficina. 'Hemos tenido que clasificar las faltas, de forma que determinemos cu¨¢les ameritan destituci¨®n', dice Artiga.

En cuesti¨®n de un par de meses, este fiscal planea dise?ar un plan que parta del 'borr¨®n y cuenta nueva' con los funcionarios que queden. Pero 'la corrupci¨®n est¨¢ a todos los niveles. Todas las instituciones deben hacer este mismo proceso', asegura.

Artiga nombr¨® a Roberto Vidales, del Centro de Estudios Jur¨ªdicos, fiscal especial encargado de investigar la obtenci¨®n de t¨ªtulos universitarios falsos o concedidos de forma irregular a miembros del ¨®rgano judicial. Era la primera vez en la historia que se nombraba uno.

'Universidad de garaje'

Vidales apenas acaba de comenzar a indagar, y lo que ha descubierto lo tiene boquiabierto: uno de cada tres jueces, magistrados del Tribunal Supremo, abogados en ejercicio y fiscales obtuvo su t¨ªtulo en una Universidad de garaje. La lista contiene, sin mencionar nombres propios, 'un hermano de un ministro, un hermano del superintendente de la comisi¨®n de electricidad, la esposa de un magistrado de la Corte Suprema, un ex magistrado, el primo de un magistrado, los gerentes de los mayores bancos, el staff legal completo de varios de los mayores bancos, dos personas del Departamento Jur¨ªdico de Seguridad P¨²blica...'. La lista sigue y sigue.

Durante los a?os de la guerra, se cerr¨® la Universidad de El Salvador, y muchos estudiantes se quedaron en el aire. Al calor del cerrojazo, surgieron Universidades que se dedicaron a vender t¨ªtulos o a concederlos sin los requisitos m¨ªnimos. 'El problema va a ser encontrar al juez imparcial que quiera perseguir estos casos', dice un abrumado Vidales. Artiga, por su lado, se pregunta '?qu¨¦ clase de justicia se puede esperar de un juez que obtuvo su t¨ªtulo as¨ª?'

En Honduras, este movimiento de reacci¨®n ante la corrupci¨®n se ha manifestado entre organizaciones no gubernamentales y periodistas independientes, que tratan de organizarse para exigir cambios. Interforos, una iniciativa que agrupa a varias ONGs, est¨¢ tambi¨¦n haciendo ¨¦nfasis en la necesidad de depurar los organismos auditores. La agrupaci¨®n denunci¨® recientemente los 'd¨¦biles mecanismos de coordinaci¨®n que el Gobierno mantiene con todos los sectores de la sociedad civil y la poca transparencia con ¨¦stos en sus pol¨ªticas de informaci¨®n'. Para S¨¢chez, la clave est¨¢ en la transformaci¨®n del legislativo, donde trabaj¨® durante a?os, el organismo que tiene la clave de cualquier cambio. Nadie audita a la Asamblea, dice, pero es esta instituci¨®n la que elige al contralor y al fiscal general.

En Nicaragua, tambi¨¦n hubo una ola anti-corrupci¨®n, pero ha sufrido serios reveses, hasta el punto de que varias agencias de cooperaci¨®n se retiraron del pa¨ªs tras detectar casos de malversaci¨®n de fondos. Agust¨ªn Jarqu¨ªn, antiguo contralor y actual impulsor de una alianza pol¨ªtica con fines electorales para los comicios de noviembre, cuenta c¨®mo 'personas que fueron buenos amigos dejaron de serlo' cuando asumi¨® su cargo, en 1996. El ex contralor investig¨® al ex ministro de Gobernaci¨®n y al de Econom¨ªa, a altos funcionarios del Banco Central, al ex director del Seguro Social, al ex director de Instituto de Vivienda, al director de Correos y al ex director de Aduanas y al de Ingresos de las administraciones de Violeta Chamorro y Arnoldo Alem¨¢n. 'Fue una gesti¨®n fuerte, que despert¨® muchas cr¨ªticas', admite. En julio pasado, Jarqu¨ªn renunci¨® en medio de la pol¨¦mica, despu¨¦s de haber sido acusado de corrupci¨®n ¨¦l mismo, aunque rechaza las acusaciones como parte de una trampa tendida por Alem¨¢n.

Jim Wesberry, del programa Americas Accountability/Anti-corruption (AAA), resume que se dan dos tendencias, igualmente potentes y contrarias: la 'erupci¨®n de la corrupci¨®n' y la 'erupci¨®n de la anti-corrupci¨®n'. La primera evoluciona a la misma velocidad que la tecnolog¨ªa que la hace posible; la segunda 'es la reacci¨®n espont¨¢nea de repulsi¨®n, rechazo y repudio' de una poblaci¨®n cada vez m¨¢s intolerante con la corrupci¨®n.