La justicia belga abre un juicio por genocidio contra cuatro ruandeses

Ante la par¨¢lisis de los cascos azules belgas desplegados en la regi¨®n de los Grandes Lagos, las milicias paramilitares radicales hutus (los interhamwes, que significa los que matan juntos) desarrollaron en la primavera de 1994 una brutal matanza de m¨¢s de 800.000 personas, la mayor¨ªa tutsis. B¨¦lgica, antigua potencia colonizadora de Ruanda, siente, de alguna forma, la responsabilidad de lo ocurrido hace siete a?os, pues cuando comenzaron los asesinatos tras el misterioso asesinato del presidente hutu Juvenal Habyarimana, Bruselas retir¨® sus escasas y muy mal pertrechadas tropas aduciendo motivos de seguridad. Esta decisi¨®n fue como una se?al para que los interhamwes y el Ej¨¦rcito ruand¨¦s (hutu) desarrollaran sin testigos el genocidio.

El juicio que se inicia ma?ana no s¨®lo es una forma de pedir perd¨®n a Ruanda; ser¨¢ tambi¨¦n la primera vez que un jurado popular formado por 12 ciudadanos belgas -m¨¢s 12 suplentes- tendr¨¢ que decidir sobre unos hechos que tuvieron lugar a 6.000 kil¨®metros de sus hogares. Ante ellos comparecer¨¢n cuatro ruandeses acusados de haber participado en el asesinato de varias personas en la localidad de Butare durante 1994. Tambi¨¦n pasar¨¢n por la sala 171 testigos; 50 de ellos vendr¨¢n desde Ruanda. Para seguir el proceso, que se prev¨¦ dure entre seis y siete semanas, se han acreditado m¨¢s de un centenar de medios de comunicaci¨®n.

Adem¨¢s del precedente jur¨ªdico que pueda crear este caso, el inter¨¦s reside en que entre los cuatro acusados hay dos religiosas del convento de las benedictinas en Sovu, cerca de Butare: sor Gertrude (Consolata Mukangango), directora en la ¨¦poca del centro, y sor Maria Kisito (Julienne Mukabutera), su intendente. Est¨¢n acusadas de denegar amparo y alimento a tutsis y moderados hutus que buscaban refugio en el monasterio. Adem¨¢s, sor Marie Kisito habr¨ªa suministrado a los paramilitares el combustible que utilizaron para quemar las casas donde se pon¨ªan a cubierto los refugiados.

Tambi¨¦n se encuentran entre los acusados de genocidio un profesor universitario, Vicent Ntezimana, por haber participado en la muerte de nueve personas en Butare, de haber elaborado una lista de profesores tutsis y hutus moderados que sirvi¨® de base para la matanza de un importante n¨²mero de personas y de textos que incitaban al odio ¨¦tnico contra los tutsis; el otro acusado, Alphonse Ignaro, formaba parte del n¨²cleo de Gobierno del presidente Habyarimana -su muerte en el aeropuerto de Kigali tras firmar la paz con la guerrilla tutsi fue el detonante del genocidio- y est¨¢ acusado de haber organizado, financiado y facilitado ayuda material a las milicias extremistas hutus en Butare. Los cuatro niegan las acusaciones que se les atribuyen.

La justicia belga se considera competente para juzgar a estos cuatro presuntos genocidas, refugiados en B¨¦lgica tras la matanza, bas¨¢ndose a una ley adoptada en junio de 1993, que fue complementada por otra de febrero de 1999, que le habilita para perseguir a los actores que hayan violado las convenciones internacionales de Ginebra que reprimen el genocidio y los cr¨ªmenes contra la humanidad. Los jueces belgas lanzaron un proceso similar a ¨¦ste contra el general chileno Augusto Pinochet.