El fiscal pide 10 a?os para un polic¨ªa por violar a una inmigrante
El acusador considera al Estado responsable civil y reclama una indemnizaci¨®n de dos millones
Los hechos se produjeron en la noche del 21 de junio de 1998. El agente estaba esa noche solo y custodiaba a dos inmigrantes en los calabozos. Una de ellas, la v¨ªctima, cuyas iniciales son M. R. V., ten¨ªa entonces 38 a?os. Hacia las dos de la madrugada, Enrique L. ?. abri¨® la celda n¨²mero 15, en la que se hallaba la inmigrante, 'y le ofreci¨® un cigarrillo', seg¨²n el fiscal, al tiempo que se sentaba sobre la cama e intentaba besarla. Ella torci¨® la cara y le pidi¨® que la dejase ir al cuarto de ba?o.
Tras hacer sus necesidades, y mientras la mujer se lavaba las manos, el agente 'se acerc¨® a ella por detr¨¢s y, agarr¨¢ndola por la cintura, comenz¨® a manosearla' y a empujarla hacia una cama que hab¨ªa cerca del servicio. El polic¨ªa, que ten¨ªa los pantalones bajados, le dec¨ªa a la mujer: 'S¨®lo quiero clavarla' y 'no te preocupes, que me he sometido a una vasectom¨ªa'. La mujer no pudo evitar que Enrique L. ?. le bajase a continuaci¨®n los pantalones y las bragas y que rozase 'con su pene la zona p¨²bica' de su v¨ªctima, a la que sujetaba 'la cara para besarla' mientras la reten¨ªa contra una pared. En un descuido, agrega el fiscal, la inmigrante se zaf¨® y 'corri¨® r¨¢pidamente hacia su celda'. Antes de cerrar la puerta del calabozo y apagar la luz, el agente le espet¨®: 'Volver¨¦ en el transcurso de la noche'. No volvi¨®, aclara el fiscal. All¨ª permaneci¨® encerrada la mujer hasta que a la ma?ana siguiente otro polic¨ªa se encarg¨® de ella. Una vez devuelta a la Brigada Provincial de Extranjer¨ªa y Documentaci¨®n, la inmigrante denunci¨® lo sucedido a una agente, quien inmediatamente inform¨® a su superior. ?se fue el inicio del proceso.
El fiscal califica los hechos como delito de agresi¨®n sexual y pide para el acusado 10 a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n absoluta para ejercer una funci¨®n p¨²blica durante el tiempo de la condena. Solicita asimismo que el Estado, como responsable civil subsidiario, pague a la inmigrante una indemnizaci¨®n de dos millones de pesetas por el sufrimiento ocasionado por alguien encargado de su custodia.
El polic¨ªa, al ser interrogado por la juez instructora del caso, neg¨® las imputaciones. El hombre se?al¨® que cuando la 'gitana', en alusi¨®n a la v¨ªctima, entr¨® en el servicio, ¨¦l se retir¨® lo m¨¢ximo posible y que en ning¨²n momento exhibi¨® su pene, sino que simplemente se toc¨® un 'huevo' porque le picaba. 'La gitana ven¨ªa por tr¨¢fico de drogas y aprovech¨® la ocasi¨®n para perjudicarme', a?adi¨®.
'Torturas'
Guillermo P¨¦rez-Reyes Garreta, abogado de la v¨ªctima, solicita un total de 15 a?os para el agente: 12 por la agresi¨®n sexual y tres por otro delito de torturas ('por el car¨¢cter degradante y vejatorio' de la acci¨®n del polic¨ªa), as¨ª como una indemnizaci¨®n de 30 millones de pesetas. Este caso ha sido instruido en el Juzgado 38 de Madrid. Durante las pesquisas se ofreci¨® al agente la posibilidad de someterse a la prueba del ADN para cotejar si el semen hallado en la ropa interior de la chica era suyo. Pero se neg¨®. El abogado P¨¦rez-Reyes considera llamativo que el juez instructor no pueda ordenar el cotejo del ADN con saliva o pelos del acusado y que, en cambio, se 'castigue como desobediencia la negativa de un conductor a soplar por el etil¨®metro'.
El abogado lamenta 'la grave dejaci¨®n de funciones' por parte del Estado 'en el control que debe ejercer sobre los centros de detenci¨®n, en particular en horas de nocturnidad'. Tambi¨¦n reclama que se 'legisle adecuadamente' sobre 'el r¨¦gimen interior de las comisar¨ªas y centros de detenci¨®n' para evitar que se den actuaciones de este tipo. Para ello es necesario 'cambiar el anacr¨®nico sistema de justicia penal espa?ol, plagado de incoherencias', explica.
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