Los pa¨ªses andinos emprenden una estrategia regional para combatir el narcotr¨¢fico
Los pa¨ªses beneficiarios del Atpa (sistema de preferencias comerciales para los pa¨ªses andinos) han creado en Cartagena (Colombia) un bloque de cooperaci¨®n pol¨ªtica para afrontar el flagelo de las drogas il¨ªcitas y crear alternativas de desarrollo que permitan la generaci¨®n de empleo legal. La cumbre del Atpa concluy¨® el mi¨¦rcoles por la noche (hora local). Esta estrategia regional antidrogas fue incluida en una carta en la que los presidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia y el canciller de Per¨² solicitan al presidente de EE UU, George Bush, la pr¨®rroga y ampliaci¨®n del sistema de preferencias.
La estrategia tiene tres componentes. El primero tiene que ver con la definici¨®n de la estrategia, el segundo son planes binacionales para reforzar la vigilancia en las fronteras, el intercambio judicial y la cooperaci¨®n entre las fuerzas armadas en regiones lim¨ªtrofes.
El tercero es un acuerdo para respetar las estrategias que cada pa¨ªs adopte, como el Plan Colombia y el Plan Dignidad de Bolivia. Llam¨® la atenci¨®n el cambio de tono del presidente venezolano, Hugo Ch¨¢vez -que asisti¨® como observador-, quien cambi¨® su duro discurso cr¨ªtico: "De esas dudas que hubo en alguna ocasi¨®n sobre el Plan queda en este momento claridad y disposici¨®n de apoyo pleno a la justicia social y la paz".
"La situaci¨®n de los pa¨ªses andinos es dif¨ªcil, pero no insalvable", dijo Hugo Banzer mandatario de Bolivia, al terminar la reuni¨®n en la que se acord¨® tambi¨¦n pedir la inclusi¨®n al sistema de preferencias de unas 1.300 partidas arancelarias que equivale a unos 500 productos de exportaci¨®n de la regi¨®n andina.
Mientras en Cartagena los mandatarios ultimaban los detalles de lo que el presidente Pastrana denomin¨® "una estrategia macro que significar¨¢ el fortalecimiento de la lucha antinarc¨®ticos", fuentes estadounidenses alertaron sobre el peligro que corre Colombia de perder las preferencias por incumplir con el fallo de un tribunal que obliga al Estado a pagar 61 millones de d¨®lares a la empresa TermoR¨ªo, de la cual es socia la multinacional norteamericana Sithe Energy.
Supuestamente el Gobierno incumpli¨® con obligaciones dentro de un sonado esc¨¢ndalo de corrupci¨®n que involucra a funcionarios del sector el¨¦ctrico del pa¨ªs. El Ejecutivo apel¨® el fallo argumentando pr¨¢cticas corruptas.
El vicepresidente de la asociaci¨®n de proveedores de energ¨ªa de Estados Unidos del norte asegur¨® que su Gobierno debe evitar expandir sus relaciones econ¨®micas con Colombia hasta que la deuda se pague.
Y existe la posibilidad de otro condicionamiento que puede bloquear las aspiraciones colombianas.
Se habla de introducir una cl¨¢usula al proyecto de ley que estudia el congreso norteamericano, en la que se supeditan los beneficios a que se tomen medidas para proteger la vida de los sindicalistas colombianos. En lo que va de a?o, 31 han sido asesinados.
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