El Tribunal Superior descarta intervenir contra los 'okupas' de Lavapi¨¦s pese a estar autoinculpado un diputado
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido, en un auto notificado esta semana, que la causa penal abierta contra los okupas de El Laboratorio II, un edificio privado que llevaba 22 a?os vac¨ªo en la plaza de Cabestreros (Lavapi¨¦s), no es de su competencia. La Audiencia Provincial suspendi¨® el 2 de abril el desalojo de estos j¨®venes, ordenada de forma 'inmediata' por el Juzgado de Instrucci¨®n 43 a instancias suyas, porque, al estar autoinculpado en la causa el diputado regional de IU Juan Ram¨®n Sanz, quer¨ªa saber si el caso deb¨ªa dirimirlo el alto tribunal.
Pero el Tribunal Superior considera que el tema no le compete, porque 'no es posible afirmar la intervenci¨®n del diputado, ni a t¨ªtulo de autor ni de part¨ªcipe, en la infracci¨®n penal que motiva la causa'. Ahora, el caso vuelve al Juzgado 43, que deber¨¢ decidir de nuevo si ordena el desalojo.
Sanz, pese a estar autoinculpado como okupa en esta causa, no ha sido llamado a declarar por los jueces. Pero s¨ª lo hizo, ante el Juzgado 43, la ex diputada nacional de IU ?ngeles Maestro, que asegur¨® que ambos 'acudieron al edificio para participar en charlas y encuentros'. El Tribunal considera, sin embargo, que 'la entrada y estancia puntual en un edificio de ajena pertenencia son insuficientes' para considerar el hecho un delito de usurpaci¨®n, castigado en el C¨®digo Penal con multas de tres a seis meses sustituibles por arresto de fin de semana en caso de impago.
El diputado de IU, siguen los jueces, 'se limit¨® a dar apoyo al acto de ocupaci¨®n mediante la entrada al edificio con un numeroso grupo de personas y acudi¨® despu¨¦s a charlas y encuentros, hechos que no son ni ocupaci¨®n material del inmueble ni manifiesta intenci¨®n de poseerlo'.
Los okupas recuerdan que el Tribunal Superior archiv¨® en 1999 el proceso por la okupaci¨®n de El Laboratorio I -en Embajadores, 68- seguido contra 604 autoinculpados, entre ellos cuatro diputados de IU. Los magistrados consideraron que esas personas no cometieron delito alguno porque su finalidad era 'de car¨¢cter pol¨ªtico', para denunciar la existencia de fincas vac¨ªas durante a?os.
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