El embrollo telef¨®nico

Resulta dif¨ªcil encontrar, dentro o fuera de Espa?a, un mercado tan confuso, o con tan elevado riesgo arbitrista, como el de las telecomunicaciones espa?olas. Las empresas que hacen negocios en este sector tropiezan frecuentemente con decisiones sobre tarifas, cuotas o impuestos que modifican sustancialmente las condiciones legales o econ¨®micas anteriores, con lo cual carecen de seguridad y estabilidad para organizar sus inversiones y planificar su futuro. El ¨²ltimo ejemplo de esta discrecionalidad es el nuevo r¨¦gimen de cuotas y tarifas telef¨®nicas que acaba de aprobar el Gobierno, y que consiste, en s¨ªntesis, en un aumento de la cuota de abono mensual que aplica Telef¨®nica desde las 1.742 pesetas actuales a las 2.010 pesetas del a?o 2003 y, al mismo tiempo, en un recorte de los precios de los servicios telef¨®nicos del 2% en ese a?o, adem¨¢s del compromiso vigente que obliga a Telef¨®nica, la compa?¨ªa dominante en el sector, a bajar el conjunto de los precios de sus servicios en un 7% y un 6% en los ejercicios 2001 y 2002.

Expresado as¨ª, la decisi¨®n parece un intercambio compensatorio. Se encarece la cuota de abono mientras se rebaja el resto de los servicios. El problema es que se permite a Telef¨®nica encarecer un servicio en el que carece de competidores efectivos, mientras que se imponen amplias reducciones tarifarias en otros en los que s¨ª tiene la competencia de otras operadoras (Retevisi¨®n, Uni2, Jazztel...). De ah¨ª que los beneficios para los consumidores sean muy dudosos. Da la impresi¨®n de que, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la liberalizaci¨®n de la telefon¨ªa, los gobiernos de Aznar no han conseguido disolver el monopolio de la red de comunicaciones de Telef¨®nica, que faculta a la empresa a ejercer un dominio absoluto sobre la cuota de abono, y a duras penas est¨¢ introduciendo dosis de competencia en el reducto de las llamadas locales, que son las dos grandes fuentes de ingresos del operador dominante. Pero, sobre todo, causa un enorme desconcierto comprobar c¨®mo, a pesar de la insistencia oficial en la 'liberalizaci¨®n del mercado', ninguna decisi¨®n empresarial, por nimia que sea, se aprueba sin que intervenga el Gobierno.

Es m¨¢s, las decisiones importantes para el mercado son el resultado de los acuerdos que firman, pactan o debaten el Ejecutivo y Telef¨®nica. Cualquier inversor que pretenda hacer negocios en Espa?a debe contar con un lastre de partida, que es el de que las condiciones econ¨®micas pueden variar de forma s¨²bita por acuerdos entre el Gobierno y una competidora del inversor.

El recurso de Airtel, Amena, Xfera, Telef¨®nica y las cadenas privadas de televisi¨®n contra la tasa por utilizaci¨®n del espacio radioel¨¦ctrico ilustra sobre otro ejemplo de la arbitrariedad legal en el ¨¢mbito de las telecomunicaciones. Las operadoras que acudieron al concurso de las licencias de tecnolog¨ªa UMTS se encontraron con que el criterio del Gobierno cambi¨® e impuso una tasa de 160.000 millones anuales, pagadera durante 20 a?os. Los recurrentes tienen raz¨®n; nada deteriora tanto la inversi¨®n ni las posibilidades de desarrollo de una tecnolog¨ªa como la conducta err¨¢tica de un Gobierno que quiere compensar con un error el que pudo cometer antes al preferir el concurso a la subasta de licencias.