Ley de urbanismo contra autonom¨ªa local

El Gobierno de la Generalitat demuestra siempre un tozudo inter¨¦s por limitar las competencias de las corporaciones locales. El instrumento es ahora el proyecto de ley de urbanismo; una ley catalana del suelo que no s¨®lo no recoge la reclamaci¨®n de m¨¢s autonom¨ªa expresada reiteradamente por los ayuntamientos catalanes, sino que propone una regulaci¨®n intervencionista, que ata de manos a los municipios y les niega algo que ineludiblemente necesitan: instrumentos m¨¢s eficaces de gesti¨®n urban¨ªstica y para resolver los problemas de suelo y vivienda. Los ayuntamientos reclaman mayor autonom¨ªa con el ¨²nico fin de poder continuar ejerciendo, con m¨¢s agilidad, la labor que ya han hecho a lo largo de m¨¢s de dos d¨¦cadas de democracia en la mejora de nuestros pueblos y ciudades, y la preservaci¨®n del suelo no urbanizable respecto a los intereses especulativos.

Opina el autor del art¨ªculo que el preoyecto de ley de urbanismo constituye una invasi¨®n de competencias del ¨¢mbito local

El Gobierno catal¨¢n pretende enmascarar el secuestro de competencias municipales que encierra el proyecto de ley con los llamados programas de actuaciones urban¨ªsticas municipales (PAUM), que podr¨ªan aprobar los ayuntamientos, pero sobre los que la Generalitat se reserva siempre la ¨²ltima palabra, la potestad de actuar sobre cualquier acci¨®n urban¨ªstica parcial que emprenda el municipio aunque se haga en el marco de un plan general de ordenaci¨®n aprobado previamente por la Administraci¨®n auton¨®mica.

?D¨®nde est¨¢n la autonom¨ªa y las competencias en planificaci¨®n y gesti¨®n urban¨ªstica para los ayuntamientos? Mientras que en el resto del Estado los municipios tienen reconocida la mayor¨ªa de edad para ejecutar sus propios planes parciales, el Gobierno de CiU pretende imponer a los ayuntamientos catalanes un r¨¦gimen de tutela, basado en la desconfianza, en vez de reconocer que la instituci¨®n que mejor puede definir el desarrollo de un municipio es el Ayuntamiento, en el nivel m¨¢s pr¨®ximo a los ciudadanos.

Esa voluntad de concentrar competencias encierra otros peligros, como es que el mundo local pueda perder tambi¨¦n las competencias que tiene ahora -y que aplica a trav¨¦s de las diputaciones- en la protecci¨®n de espacios naturales. La experiencia ha demostrado que es ¨²til que haya un nivel de gesti¨®n de ¨¢mbito local supracomarcal que vele por el suelo no urbanizable que afecta a varios municipios y debe ser protegido, como hace la Diputaci¨®n de Barcelona. La enorme desproporci¨®n que hay entre el esfuerzo que hace la Diputaci¨®n, junto con los ayuntamientos, para la protecci¨®n de los parques naturales de la provincia, con 4.200 millones de pesetas de dotaci¨®n anual, frente a la reducida aportaci¨®n de 130 millones de la Generalitat, sirve de ejemplo para darse cuenta del peligro de concentrar las competencias de protecci¨®n de espacios naturales en la propia Generalitat y los consejos comarcales. Los espacios naturales no se atienen a los l¨ªmites de una sola cormarca, e incluso el informe Roca sobre ordenaci¨®n territorial defiende un modelo de pa¨ªs en el que exista un nivel administrativo por encima de las comarcas, las veguer¨ªas, que incorporen competencias de ¨¢mbito local.

Lo peor es que la Generalitat, que en m¨¢s de 20 a?os de gobierno auton¨®mico no ha sabido cumplir con su obligaci¨®n de ordenar el territorio, quiere ahora controlarlo a trav¨¦s del trabajo que s¨ª han hecho los ayuntamientos.

Pretende usurpar competencias municipales, cuando no ha sabido ejercer las propias para definir c¨®mo debe crecer el pa¨ªs, qu¨¦ redes de carreteras y de transporte p¨²blico se necesitan, las previsiones de energ¨ªa para hacer compatible el crecimiento y el respeto al medio ambiente, y c¨®mo se debe gestionar el suelo y proteger el que no se debe urbanizar. Los problemas que se le acumulan al Gobierno de CiU respecto a la pol¨ªtica del agua, el caso Enron o el Mapa E¨®lico son algunos frutos de tanta imprevisi¨®n

El proyecto de ley de urbanismo que tiene entre manos la Generalitat no sirve porque el secuestro de competencias municipales que contiene da motivos suficientes para recurrir contra la ley si llegara a aprobarse. El panorama no puede ser m¨¢s negro si tenemos en cuenta que el Partido Popular se dispone a modificar los aspectos que no le gustan en el Parlament. Se trata de forzar, a trav¨¦s de enmiendas, los aspectos liberalizadores del suelo, cuando en realidad -contra lo que predica el propio Gobierno catal¨¢n- el proyecto de CiU no ha sido capaz de acotar los efectos m¨¢s nocivos y especulativos de la legislaci¨®n estatal del PP, una aut¨¦ntica pista libre a los intereses de los promotores.

Desde una vocaci¨®n municipalista, la situaci¨®n es inadmisible y el rechazo a esta ley debe ser total. El Gobierno de CiU ha dejado escapar una magn¨ªfica ocasi¨®n de llegar a un consenso para conseguir, por fin, una ordenaci¨®n de la gesti¨®n del suelo y del urbanismo que responda a las necesidades reales del pa¨ªs.

Manuel Royes es presidente de la Diputaci¨® de Barcelona.