Una gran oportunidad, un compromiso necesario

Desde la creaci¨®n del Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa, hace ahora algo menos de un a?o, se ha realizando un esfuerzo muy importante de apoyo directo a la I+D+i. Los Presupuestos Generales del Estado para el 2001 son el primer ejemplo de ello: un 15,5% de crecimiento global para I+D+i (el aumento general del gasto es equivalente al 4,5%), incluyendo incrementos sin precedentes en proyectos e infraestructuras. Los hechos muestran que las ayudas para proyectos cient¨ªficos han aumentado un 20% en el a?o 2000 y est¨¢ presupuestado un incremento del 50% para el 2001; para los proyectos tecnol¨®gicos -PROFIT- se han destinado, en el a?o 2000, 15.000 millones de pesetas en subvenciones y 58.000 millones de pesetas en cr¨¦ditos blandos, que movilizan una inversi¨®n global de 281.000 millones de pesetas. En infraestructuras y equipamiento cient¨ªfico se ha comprometido una inversi¨®n de m¨¢s de 110.000 millones de pesetas (74.000 millones de FEDER, 5.000 millones de apoyo a proyectos y 31.500 millones dirigidos a parques cient¨ªficos). Pero, junto a todo ello, una pol¨ªtica cient¨ªfica y tecnol¨®gica que transforme y dinamice nuestro pa¨ªs, nuestra capacidad de crear, difundir y aplicar nuevos conocimientos y tecnolog¨ªas requiere que actuemos de forma prioritaria sobre los recursos humanos en I+D+i.

La situaci¨®n de los recursos humanos en investigaci¨®n refleja un desajuste entre la oferta y la demanda

El nuevo Programa Ram¨®n y Cajal para la contrataci¨®n de j¨®venes investigadores (BOE, 18 abril 2000) muestra c¨®mo en el Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa estamos priorizando la pol¨ªtica de recursos humanos en investigaci¨®n. Junto a los cambios introducidos en la convocatoria de becas para la formaci¨®n del personal investigador (FPI, enero 2001), este programa va a contribuir a la redefinici¨®n de la carrera del investigador, hoy en d¨ªa muy distorsionada. A esta redefinici¨®n tambi¨¦n va a contribuir el desarrollo de un marco legal, contractual, m¨¢s apropiado para la actividad del investigador, as¨ª como los programas orientados a estimular la contrataci¨®n de investigadores en nuestras empresas, y a recuperar investigadores establecidos en el extranjero. Este conjunto de medidas, si cuentan con la colaboraci¨®n adecuada, van a marcar el punto de inflexi¨®n esperado en la investigaci¨®n en Espa?a.

La situaci¨®n de los recursos humanos en investigaci¨®n en Espa?a refleja un desajuste importante entre la oferta y la demanda. Tenemos una demanda de investigadores que no ha crecido al ritmo de los sectores m¨¢s din¨¢micos de nuestro pa¨ªs, cuando debiera hacerlo para sostener este dinamismo. Por otra parte, nos encontramos como oferta con un nutrido grupo de investigadores en formaci¨®n -o ya formados, a menudo en el extranjero- que ser¨ªa un error hist¨®rico desperdiciar. Quiz¨¢s por falta de mejores perspectivas, estos investigadores ven a menudo como su ¨²nica opci¨®n de futuro la dicotom¨ªa 'funcionario o precario'. Este desajuste s¨®lo puede superarse dejando atr¨¢s esta dicotom¨ªa, con un planteamiento riguroso de la carrera del investigador, que debe ser m¨¢s amplia y flexible, compatible con tareas docentes y de innovaci¨®n tecnol¨®gica, en la que predominen los criterios de excelencia y la evaluaci¨®n de resultados cient¨ªficos y tecnol¨®gicos. Este desajuste s¨®lo puede desaparecer con un esfuerzo sostenido de la Administraci¨®n central, de las administraciones auton¨®micas, de las universidades, de los centros p¨²blicos de investigaci¨®n y de las empresas, que deben apostar por generar la demanda que le corresponde a nuestro pa¨ªs.

La carrera del investigador se diferencia de otras carreras profesionales en que requiere un proceso relativamente largo de formaci¨®n, hasta que el investigador adquiere -y demuestra- la suficiente madurez como para liderar un proyecto propio de investigaci¨®n o contribuir de forma activa al trabajo que desarrolla un grupo de investigaci¨®n. Es por ello necesario establecer figuras contractuales que reconozcan esta formaci¨®n dilatada, sin que ello deba significar una precariedad indefinida en el empleo.

Dentro del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, el Grupo Popular ha introducido dos enmiendas a la Ley de Fomento y Coordinaci¨®n General de la Investigaci¨®n Cient¨ªfica y T¨¦cnica (13/11/1986), con la articulaci¨®n de dos nuevas modalidades contractuales para investigadores y t¨¦cnicos, aplicables no s¨®lo a organismos p¨²blicos de investigaci¨®n (OPI), sino tambi¨¦n a universidades y a otros centros de investigaci¨®n. La primera es para la realizaci¨®n de proyectos de investigaci¨®n por un plazo de tiempo determinado, que podr¨ªa acabar siendo indefinido. La segunda es para la incorporaci¨®n de investigadores -con titulo de doctor- por un plazo m¨ªnimo de un a?o y m¨¢ximo de cinco. Ambos contratos establecen que la actividad del investigador estar¨¢ sujeta a un proceso de evaluaci¨®n y no excluyen que el investigador tambi¨¦n pueda realizar tareas docentes o de transferencia tecnol¨®gica. Se trata de dos figuras contractuales innovadoras que suponen un importante avance respecto al marco actual (en el que s¨®lo puede utilizarse la forma gen¨¦rica y poco definida de contrato de obra y servicios o el apenas utilizado contrato en practicas), en la medida en que se adecuan a las peculiaridades de la actividad investigadora. En particular la segunda, introduce en Espa?a una forma de tenure track, es decir, asume que los doctores requieren un proceso relativamente largo, pero no indefinido, de maduraci¨®n y evaluaci¨®n antes de pasar a formas permanentes de contrataci¨®n. En definitiva, se trata de una regulaci¨®n muy importante, consistente con la nueva reforma de la Ley Universitaria presentada la semana pasada al Consejo de Universidades, que confiamos va a contar con el necesario consenso parlamentario. De hecho, si se mantiene el calendario parlamentario, los contratos Ram¨®n y Cajal de este a?o ya podr¨¢n adoptar esta nueva forma contractual, abriendo as¨ª una reforma de mayor calado en nuestro sistema cient¨ªfico.

De acuerdo con los objetivos trazados en el Plan Nacional de I+D+i, el programa Ram¨®n y Cajal se pone en marcha este a?o con el objetivo de crear 2.000 nuevos contratos de investigadores en el periodo 2000-2003. Para la convocatoria del 2001 existe dotaci¨®n presupuestaria para cofinanciar 800 contratos si, como es de esperar, hay inter¨¦s por parte de los centros de investigaci¨®n y candidatos con el nivel de calidad necesario.

Algunas caracter¨ªsticas de dicho programa merecen ser destacadas. Se trata de una iniciativa abierta a todos los centros p¨²blicos de investigaci¨®n y centros privados sin ¨¢nimo de lucro que quieran contratar investigadores por cinco a?os con un nivel equiparable al de profesor titular de universidad o investigador titular del CSIC. La participaci¨®n de estos centros es, evidentemente, voluntaria, pero conlleva un elemento de corresponsabilidad. Es una convocatoria abierta a todos los investigadores con t¨ªtulo de doctor, est¨¦n donde est¨¦n, que cumplan un requisito m¨ªnimo de movilidad (no pueden ser contratados en el centro en el que han preparado u obtenido el titulo de doctor, a menos que hayan estado 18 meses fuera de dicho centro). El programa cubre todas las ¨¢reas de conocimiento y los candidatos ser¨¢n seleccionados por comit¨¦s de evaluaci¨®n en los que participar¨¢n investigadores de reconocido prestigio. La ANEP organizar¨¢ el proceso de selecci¨®n de los candidatos y llevar¨¢ a cabo el seguimiento de resultados transcurridos dos y cuatro a?os desde la contrataci¨®n. Es un cambio radical con respecto a los contratos de reincorporaci¨®n hasta ahora existentes: de contratos de 3 a?os dependientes de proyectos de otros investigadores a 5 a?os con independencia incluso para ser investigador principal con proyectos del Plan Nacional; de 2,8 millones de pesetas a 4,75 millones de pesetas; de no contar con ning¨²n compromiso y planificaci¨®n por parte de los centros receptores, a un dise?o de 'compromiso compartido'.

El programa es cuidadoso en respetar las preferencias de los centros y de los investigadores. Los centros deben proponer el n¨²mero m¨¢ximo de contratos que est¨¢n dispuestos a cofinanciar as¨ª como su asignaci¨®n por ¨¢reas, identificando aquellas en que quieran reforzar sus programas de investigaci¨®n. Los investigadores deber¨¢n presentar sus candidaturas con cartas de aceptaci¨®n de los centros receptores. Una vez evaluados los candidatos, los seleccionados podr¨¢n optar por cualquiera de los centros que haya demandado investigadores en su ¨¢rea, en un proceso de negociaci¨®n en el que se respetar¨¢n los acuerdos establecidos a priori entre investigadores y centros, as¨ª como la prelaci¨®n de los candidatos seleccionados. En otras palabras, el programa combina un mecanismo de selecci¨®n estricto y homog¨¦neo con un mecanismo de asignaci¨®n abierto y competitivo que facilita la incorporaci¨®n de nuevos investigadores a centros de investigaci¨®n. Es de esperar que los centros apliquen un criterio abierto a la hora de dar sus cartas de aceptaci¨®n a los candidatos y que ¨¦stos apliquen tambi¨¦n un criterio de movilidad a la hora de elegir los centros receptores.

El Programa Ram¨®n y Cajal responde al compromiso asumido por el Gobierno y por el Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa de incrementar el n¨²mero de investigadores. Ahora bien, en un sistema de ciencia y tecnolog¨ªa descentralizado es necesario el compromiso de los centros receptores y de las administraciones auton¨®micas en estabilizar a estos investigadores si su rendimiento es evaluado positivamente. Por esta raz¨®n se plantea una forma de cofinanciaci¨®n m¨ªnima por parte del centro receptor, que adem¨¢s debe asegurar las condiciones materiales para que el trabajo normal del investigador se pueda realizar. Es por ello que se requiere a los centros receptores a que presenten sus demandas de acuerdo con sus expectativas futuras de reemplazo y crecimiento de plazas de investigaci¨®n o contratos, tanto en lo que respecta a las ¨¢reas de conocimiento como en lo que respecta a su n¨²mero, en un ejercicio de planificaci¨®n y priorizaci¨®n que en centros y universidades dependientes de las CC AA se deber¨¢ realizar de acuerdo con las administraciones auton¨®micas. Es cierto que no hay mucha costumbre de realizar estos ejercicios de planificaci¨®n, pero tambi¨¦n es cierto que son necesarios. Por nuestra parte, lo estamos realizando con los OPI adscritos al ministerio -por ejemplo, con el CSIC- y estamos dialogando con las CC AA a fin de que entre todos abramos una perspectiva de estabilidad a los nuevos investigadores Ram¨®n y Cajal. Tanto las CC AA como las universidades est¨¢n respondiendo de forma positiva y responsable, por ejemplo, la Conferencia de Rectores de Universidades Espa?olas (CRUE) y el Consejo General de la Ciencia y la Tecnolog¨ªa, en el que est¨¢n representadas todas las CC AA (reunido el 19 de abril de 2001).

El IV Plan Nacional es el primero que a?ade la i, de innovaci¨®n, a la I+D. El programa Ram¨®n y Cajal es ciertamente una innovaci¨®n para impulsar los recursos humanos en I+D. Como toda innovaci¨®n, es posible que genere pol¨¦micas, pero el pa¨ªs necesita de estas innovaciones y conf¨ªo plenamente en que el sentido com¨²n de las instituciones y de la comunidad se impondr¨¢, como ya lo est¨¢ haciendo, y en que as¨ª abriremos las puertas de nuestros centros de investigaci¨®n a una generaci¨®n de investigadores que est¨¢n ansiosos por contribuir a la ciencia espa?ola del siglo XXI.

Ram¨®n Marim¨®n es secretario de Estado de Pol¨ªtica Cient¨ªfica y Tecnol¨®gica.