Santa B¨¢rbara deber¨¢ mejorar la seguridad antes de su privatizaci¨®n

Fuentes conocedoras de la empresa de armamento admiten que hasta ahora se ha pasado por alto sus incumplimientos de la normativa sobre seguridad y medio ambiente, pero advierten de que esta situaci¨®n no podr¨¢ mantenerse cuando sea de propiedad privada.

La situaci¨®n se agrava por la entrada en vigor del reglamento de explosivos de 1998. Dicho reglamento establec¨ªa periodos transitorios para aplicar las nuevas normas de seguridad. En concreto, fijaba un a?o de plazo (hasta mayo de 1999) para las normas en materia de seguridad ciudadana; cuatro (hasta mayo de 2002) para las relativas a instalaciones en f¨¢bricas, talleres y dep¨®sitos; y cinco (mayo de 2003) para lo referido a distancias de emplazamiento entre edificios. Estas ¨²ltimas, que obligan a la reordenaci¨®n de los inmuebles, son obviamente las m¨¢s costosas.

Por lo que se sabe del acuerdo con General Dynamics, que hoy ser¨¢ presentado en el Parlamento por Ferreras, ¨¦ste atribuye a la compa?¨ªa estadounidense la "responsabilidad plena en el cumplimiento de la normativa medioambiental, de explosivos y seguridad industrial a partir del momento de la transferencia", pero obliga a la SEPI a aportar fondos para realizar la adaptaci¨®n de las factor¨ªas.

El Gobierno ha cifrado en 25.000 millones de pesetas el coste que supondr¨¢ para las arcas p¨²blicas la privatizaci¨®n. No ha especificado, sin embargo, c¨®mo se desglosa esta cifra, ni si incluye todas las inversiones previstas para adaptar las f¨¢bricas a la normativa medioambiental y de explosivos, que algunas fuentes cifran en 10.000 millones de pesetas y otras, en una cantidad cinco veces superior.

Tras la decisi¨®n del Ejecutivo a favor de General Dynamics y en perjuicio del consorcio alem¨¢n Krauss Maffei Wegmann, la venta de Santa B¨¢rbara est¨¢ pendiente de que la compa?¨ªa norteamericana asuma el acuerdo de protecci¨®n de tecnolog¨ªa del carro de combate Leopard y de la determinaci¨®n del canon que pagar¨¢ a Defensa por el alquiler de las instalaciones, entre otros flecos.

El hecho de que dicho ministerio mantenga la propiedad de las f¨¢bricas, para evitar su reversi¨®n a los herederos de los expropiados, le obliga a extremar el cumplimiento de las medidas de seguridad y medioambientales, so pena de tener que enfrentarse en el futuro a eventuales responsabilidades.