Los 'okupas' de Lavapi¨¦s buscan apoyo oficial para seguir en el edificio

Los okupas de El Laboratorio II, un edificio de la plaza de Cabestreros

(Lavapi¨¦s) pendiente de desalojo, se han reunido en los ¨²ltimos d¨ªas con las consejeras de Cultura, Alicia Moreno, y de Servicios Sociales, Pilar Mart¨ªnez, para intentar que apoyen su permanencia en el edificio, un bloque privado de pisos, vac¨ªo durante 22 a?os, que utilizan desde el 6 de enero de 1999.

En ambos encuentros estuvieron acompa?ados por representantes de IU, de la asociaci¨®n de vecinos La Corrala y de Ecologistas en Acci¨®n, algunas de las entidades partidarias de que El Laboratorio se quede en Lavapi¨¦s por considerar que con sus actividades (talleres, jornadas, reuniones vecinales y de inmigrantes) cumple una funci¨®n social en el barrio. Tambi¨¦n esperan entrevistarse con la primera teniente de alcalde, Mercedes de la Merced.

Seg¨²n los okupas, las consejeras 'consideraron importante la conservaci¨®n de esta iniciativa autogestionaria y se comprometieron a dar pasos para estudiar, con el Ayuntamiento, una soluci¨®n que impida el desalojo'. Portavoces de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales puntualizan que Mart¨ªnez no lleg¨® a ning¨²n compromiso. 'Es un tema de competencia municipal', a?aden.

El prop¨®sito de estos j¨®venes y de las asociaciones que les apoyan es buscar alternativas al desalojo con el Ayuntamiento, la Comunidad y el due?o. Proponen a las instituciones que compren el inmueble o que lo expropien. Ponen como ejemplo el caso de la Escuela Popular de la Prospe, otra iniciativa autogestionaria a la que la Comunidad ha cedido un edificio en Chamart¨ªn despu¨¦s de que el arzobispado, due?o de su anterior sede, obtuviese el permiso judicial para echarlos.

Un embrollo judicial

El 22 de marzo, el Juzgado de Instrucci¨®n 43 orden¨® el 'desalojo inmediato' de El Laboratorio II siguiendo el mandato de la Audiencia Provincial. Pero, 10 d¨ªas despu¨¦s, la Audiencia lo suspendi¨® atendiendo a la petici¨®n de los okupas que, a trav¨¦s de su abogado Endika Zulueta, se quejaron de no haber podido presentar alegaciones a la orden de desalojo y plantearon que, como hab¨ªa un diputado de IU, Juan Ram¨®n Sanz, autoinculpado como okupa, el caso deb¨ªa pasar al Tribunal Superior de Justicia.

La semana pasada el Tribunal Superior decidi¨® que Sanz no puede considerarse autor de un delito de okupaci¨®n (castigado con multas de tres a seis meses sustituibles en caso de impago por arrestos de fin de semana) porque 's¨®lo acudi¨® al edificio a charlas' y neg¨® su competencia en el caso. Pero el diputado ha presentado un escrito al Tribunal en el que reitera su condici¨®n de okupa y ahora los magistrados deber¨¢n decidir de nuevo.

Por otra parte, la Audiencia ha aceptado dar a estos j¨®venes cinco d¨ªas para que, como ped¨ªan, presenten alegaciones al desalojo. La causa est¨¢ ahora, por tanto, en manos de dos tribunales: el Superior y la Audiencia.