Dos dirigentes del comercio ir¨¢n a juicio por delito fiscal

La Audiencia de Barcelona juzgar¨¢ el 25 de junio por supuesto delito fiscal al presidente y al secretario general de la Confederaci¨®n del Comercio de Catalu?a, Pere Llorens y Miguel ?ngel Fraile.

El fiscal solicita para cada uno de los acusados cuatro a?os de c¨¢rcel, la m¨¢xima pena prevista en el vigente C¨®digo Penal, que les resulta m¨¢s beneficioso que el derogado. Tambi¨¦n se reclama que los cinco acusados indemnicen al erario p¨²blico con los 56 millones de pesetas supuestamente defraudados, m¨¢s intereses. Los otros tres acusados son: Javier Coll Olalla, secretario del gremio textil cuando ocurrieron los hechos; Miguel ?ngel Devesa Vilalta, secretario del gremio de comercio de electrodom¨¦sticos, y el consultor de empresas Jos¨¦ Ram¨®n Santolalla Arbon¨¦s.

El presidente de la Secci¨®n Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thom¨¤s, ha se?alado cinco d¨ªas de juicio en sesiones de ma?ana y tarde. Es ¨¦sta una decisi¨®n poco habitual, y m¨¢s si se tiene en cuenta que en la vista est¨¢n citados a declarar 171 testigos, de los que s¨®lo 30 han sido propuestos por el fiscal, y los otros 141 a instancias del abogado Francesc Jufresa, defensor de Llorens y Fraile.

El escrito de acusaci¨®n del fiscal afirma que Llorens y Fraile, junto al resto de acusados, crearon tres sociedades con el ¨²nico fin de canalizar las subvenciones que pudieran obtener del Departamento de Comercio de la Generalitat: SINAC, encargada de informatizar los gremios; GATEC SA, sociedad de servicios para el asesoramiento de esas entidades, y GATEC, con la misma finalidad. Todos los acusados, excepto Llorens, pertenec¨ªan a los ¨®rganos de direcci¨®n de esas sociedades.

Seg¨²n el relato de la fiscal¨ªa, Llorens y Fraile solicitaron ayudas a la Generalitat para poder informatizar los gremios, impartir cursillos de formaci¨®n y destinar el dinero a un nuevo local para SINAC. La persona que concedi¨® esas ayudas fue el director general del Departamento de Comercio, Enric Grass, ya fallecido, quien era responsable del control de las subvenciones.

Para lograr esas ayudas econ¨®micas, dice el fiscal, se falsearon las condiciones requeridas por la Administraci¨®n auton¨®mica y se presentaron facturas proforma en nombre de los gremios para avalar la compra de material inform¨¢tico que nunca se produjo. En otros casos las facturas se refer¨ªan a dietas por cursos de formaci¨®n que nunca se impartieron, y tampoco se adquirieron nuevos inmuebles. Para justificar el cobro del dinero p¨²blico, siempre de acuerdo con la versi¨®n de la fiscal¨ªa, los acusados tambi¨¦n presentaron listas de gremios que deb¨ªan beneficiarse de un dinero que acab¨® en otras entidades que no figuraban entre las solicitantes. El gremio de drogueros fue uno de esos perjudicados y el que acudi¨® a los tribunales para denunciar el caso.

Frente a la versi¨®n de la fiscal¨ªa, la defensa de Llorens y Fraile considera que no se produjo ninguna desviaci¨®n sobre el destino final de las subvenciones y que cumplieron los fines para los que se concedieron. El abogado Francesc Jufresa admiti¨®, sin embargo, que pudieron producirse 'divergencias puntuales' entre el uso previsto y su aplicaci¨®n concreta, pero atribuy¨® esa situaci¨®n al tiempo que tarda en concederse la subvenci¨®n.

Un caso muy antiguo

El caso se empez¨® a investigar en 1993 y llega a juicio ocho a?os despu¨¦s y tras m¨²ltiples incidencias en su tramitaci¨®n. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 28 de Barcelona en aquella ¨¦poca lo archiv¨®, pero cambi¨® de destino y la nueva juez, Remei Bona, estim¨® un recurso y lo reabri¨®. La causa est¨¢ calificada por el fiscal desde hace m¨¢s de tres a?os, pero hasta ahora no se ha podido celebrar el juicio porque el tribunal de la Secci¨®n Novena de la Audiencia de Barcelona ha tenido dos plazas vacantes de forma provisional durante casi todo este tiempo.