Radios y televisiones de EE UU emiten por primera vez sonidos grabados de 23 ejecuciones

La ¨²ltima ejecuci¨®n p¨²blica en EE UU tuvo lugar en 1936, en Owensboro (Kentucky), donde 20.000 personas asistieron al ahorcamiento de Rainey Bethea, un negro de 22 a?os. Ahora el Gobierno federal, las Fuerzas Armadas y 38 de los 50 Estados aplican la pena capital, pero en el secreto de las c¨¢maras de la muerte. S¨®lo un reducido grupo de funcionarios, periodistas y familiares de las v¨ªctimas son autorizados a contemplar la agon¨ªa y muerte de los condenados.

El caso McVeigh ha roto ese tab¨². Como 250 supervivientes y familiares de las v¨ªctimas del atentado de Oklahoma expresaron su deseo de ver morir al ultraderechista, el fiscal general, John Ashcroft, ha autorizado la difusi¨®n por circuito cerrado de televisi¨®n de lo que ya se llama 'el Super Bowl de las ejecuciones'. No contentos, miles de particulares se desplazar¨¢n a la prisi¨®n de Indiana donde, el pr¨®ximo d¨ªa 16, McVeigh recibir¨¢ el c¨®ctel letal, y una empresa de Internet pleitea para conseguir retransmitir la muerte a trav¨¦s de la Red. McVeigh es el autor del atentado que en 1995 destruy¨® un edificio federal de Oklahoma y mat¨® a 168 personas.

Seis de cada diez estadounidenses apoyan la pena capital por estrictas razones de venganza y comprenden que las v¨ªctimas de los delitos quieran ver morir a los criminales, seg¨²n una encuesta de The Washington Post y ABC News difundida ayer. Otra cosa, sin embargo, es que las ejecuciones lleguen a las radios y los televisores. Y eso es lo que hizo el mi¨¦rcoles la emisora p¨²blica neoyorquina WNYC, seguida ayer por decenas de otras en el pa¨ªs y por la cadena televisiva ABC. Esos medios difundieron la siguiente advertencia: 'Lo que van a escuchar a continuaci¨®n es la grabaci¨®n de ejecuciones realizadas en Georgia; recomendamos que todos los menores y aquellos adultos que puedan resultar perturbados por el realismo de esta grabaci¨®n dejen de sintonizarnos durante la pr¨®xima media hora'.

Resulta que, entre 1983 y 1998, el Estado de Georgia grab¨® 23 ejecuciones. En todos los casos, la voz de un funcionario describe de modo desapasionado lo que est¨¢ ocurriendo en la sala donde reina la silla el¨¦ctrica. En el de Stanley, el funcionario dice despu¨¦s de que el condenado haya sido atado y haya rechazado efectuar una ¨²ltima declaraci¨®n: 'Sigue muy pasivo, sin ofrecer resistencia, mirando directamente a los testigos'. Luego hay una cuenta atr¨¢s y este comentario: 'La ejecuci¨®n est¨¢ en marcha. Su cuerpo se ha agarrotado y he escuchado un pof, como si se hubiera roto una correa'. Al cabo de cinco minutos, un m¨¦dico busca signos de vida en Stanley, sin encontrarlos. 'Todo ha ido bien', dice el relator, a lo que siguen unas risas de sus compa?eros.

La ejecuci¨®n de Stephens es a¨²n m¨¢s horrorosa. El relator describe con frialdad cl¨ªnica c¨®mo el cuerpo del condenado sufre una sacudida al recibir la descarga el¨¦ctrica. Los m¨¦dicos certifican luego que Stephens sigue respirando, por lo que se le aplica otra. Todo dura 13 minutos.

En 1998, el abogado Mike Mears, en el marco de una demanda contra el uso de la silla el¨¦ctrica en Georgia, reclam¨® y consigui¨® el p¨²blico acceso a las grabaciones de audio efectuadas por las autoridades penitenciarias de ese Estado. El siguiente paso lo dio la emisora WNYC al difundirlas, con el aplauso de las organizaciones contrarias a la pena capital. Es la primera vez que los norteamericanos tienen acceso a lo que ocurre en una c¨¢mara de ejecuciones. Desde que la pena capital fue restaurada en EE UU en 1976, 711 personas han sido ejecutadas. De ellas, 546 por inyecci¨®n letal, 149 por electrocuci¨®n, 11 en la c¨¢mara de gas, 3 en la horca y 2 por fusilamiento.

'Quiz¨¢ no sea mala cosa que los estadounidenses puedan contemplar el horror de las ejecuciones', declar¨® ayer un portavoz del Centro de Informaci¨®n sobre la Pena de Muerte, una organizaci¨®n abolicionista. En cualquier caso, el apoyo norteamericano a este castigo parece erosionarse. Seg¨²n la encuesta de The Washington Post y ABC News, el 63% lo defiende ahora, frente al 77% de hace cinco a?os.