El Gobierno se compromete a dar asilo a las ni?as que huyen de la ablaci¨®n

Khadra Hassan Farah, una mujer somal¨ª, y su hija Hodan, de 10 a?os, huyeron en 1993 de Somalia para escapar de la ablaci¨®n que amenazaba a la peque?a. Las autoridades canadienses de inmigraci¨®n les concedieron el estatuto de refugiadas, porque el derecho de Hodan a su seguridad personal 'ser¨ªa violado gravemente' si era devuelta a Somalia, un pa¨ªs en el que se extirpa el cl¨ªtoris al 98% de la poblaci¨®n femenina.

Fuaziga Kasinga era, en 1996, una inmigrante d¨¦bil y sin recursos que huy¨® de las crudas condiciones de un campo de detenci¨®n en Togo y alcanz¨® Estados Unidos. Aleg¨® su temor a ser sometida a la mutilaci¨®n genital y un juez de inmigraci¨®n rechaz¨® la petici¨®n de asilo porque su testimonio 'no merec¨ªa cr¨¦dito'. El recurso de su abogado oblig¨® a revocar la decisi¨®n y tras una larga batalla judicial se le concedi¨® el asilo. En Suecia se acogi¨® en 1997 a dos familias por el mismo motivo: el riesgo de mutilaci¨®n genital de las ni?as.

El Gobierno espa?ol parece dispuesto a seguir la misma senda contra el terrible ritual de la ablaci¨®n. A la pregunta de si Espa?a acoger¨¢ a las inmigrantes que esgriman el riesgo de la ablaci¨®n para lograr el permiso de residencia, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, delegado para la Extranjer¨ªa y la Inmigraci¨®n, responde: 'Por supuesto que atenderemos estos casos. Lo haremos sin duda alguna, aun con todas las dificultades que acompa?ar¨¢n este tipo de peticiones. Estas personas deben ser protegidas. Es una actuaci¨®n tan brutal que entramos en lo intolerable. Tenemos en nuestra legislaci¨®n figuras con soporte jur¨ªdico suficiente para dar una especial protecci¨®n y acogida a estas mujeres'.

Fern¨¢ndez-Miranda cita la Ley de Asilo y Refugio y la Ley de Extranjer¨ªa como los marcos legales que se pueden aplicar en estos supuestos. 'Sin determinar un estatuto de asilada, que creo que no ser¨ªa el caso, s¨ª las acoger¨ªamos y proteger¨ªamos con medidas especiales que se contemplan en esas dos leyes. Estamos hablando de una agresi¨®n f¨ªsica y mental inadmisible. Podemos y debemos dar una especial protecci¨®n a estas mujeres'.

El delegado del Gobierno para la Extranjer¨ªa e Inmigraci¨®n, asegura que acoger¨¢n 'no s¨®lo a las madres, sino tambi¨¦n a sus hijas' y destaca que la consecuencia ser¨¢ la misma que ha pedido la secci¨®n espa?ola de Amnist¨ªa Internacional al Gobierno al reivindicar para ellas el derecho de asilo. 'Lo llamar¨ªamos de una forma distinta, aunque la consecuencia ser¨ªa la misma', a?ade.

Fern¨¢ndez-Miranda coincide con Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) en que la ablaci¨®n sea causa de expulsi¨®n de los inmigrantes, aunque ¨¦sta no se cometa en Espa?a, pero si los autores purgan antes su pena. 'Cuando alguien comete un delito de lesiones tiene que cumplir la pena correspondiente y luego ser expulsado'. CiU estudia proponer al Gobierno una enmienda al Reglamento de la Ley de Extranjer¨ªa en este sentido. El PSOE plantear¨¢ en una iniciativa parlamentaria para 'reforzar la ley', seg¨²n se?ala Jes¨²s Barrero, portavoz de Justicia en el Congreso

El secretario de Estado para la Inmigraci¨®n, m¨¦dico de profesi¨®n, es contundente en su visi¨®n sobre la postura que deben de adoptar los m¨¦dicos. 'Desde el punto de vista deontol¨®gico, los m¨¦dicos tienen la obligaci¨®n de denunciar estos casos. Estamos hablando de malos tratos y lesiones. Adem¨¢s, la ausencia de denuncia puede perjudicar a las v¨ªctimas y proteger a los autores. Y no olvidemos que la familia que lo consiente y auspicia, tambi¨¦n es responsable'. Pediatras de Zaragoza y Girona han confesado a este peri¨®dico que no denunciaron los casos que han descubierto en sus consultas por temor a criminalizar a las familias.

Fern¨¢ndez-Miranda a?ade que a las iniciativas de la clase m¨¦dica, de la polic¨ªa y de los jueces 'hay que a?adir una actuaci¨®n social mediante programas de educaci¨®n y salud'.

Todos los especialistas consultados coinciden en que el C¨®digo Penal permite perseguir los casos de ablaci¨®n, m¨¢s de 30, que se han llevado a cabo en Espa?a al amparo de la clandestinidad.

El problema radica en c¨®mo penalizar a los responsables de las mutilaciones a ni?as residentes en la zona catalana del Maresme, Arag¨®n y Baleares que son enviadas por sus padres al enga?oso 'viaje de vacaciones' a Senegal, Mal¨ª, Gambia y Mauritana, sus pa¨ªses de origen. Trece denuncias se han archivado al esgrimir los padres que la extirpaci¨®n del cl¨ªtoris se hizo fuera de Espa?a, 'una cantinela que los padres se han aprendido muy bien', seg¨²n Montserrat Ros, cirujana pedi¨¢trica del hospital de Girona, que ha presentado una docena de partes de lesiones.

Teresa Compte, 45 a?os, fiscal de Barcelona, lanza una propuesta y pide que se modifique el art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial en el que se establece la competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola para perseguir los hechos cometidos por espa?oles o extranjeros fuera del territorio nacional. 'Si se incluy¨® la prostituci¨®n y falsificaci¨®n, ?por qu¨¦ no incluir la ablaci¨®n? Creo que es un delito mucho m¨¢s grave. Evitar¨ªamos la dispersi¨®n de criterios judiciales y no servir¨ªa de nada alegar que la mutilaci¨®n se ha hecho fuera'.

Para Compte es s¨®lo cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica. 'Cuanto menos margen de ambig¨¹edad m¨¢s garant¨ªas habr¨¢ de perseguir la ablaci¨®n', a?ade. La fiscal se muestra esc¨¦ptica ante la postura que pueden adoptar algunos jueces con respecto a la mutilaci¨®n genital. 'El C¨®digo Penal distingue entre ¨®rgano principal y no principal a la hora de establecer las penas. Tengo clar¨ªsimo que el cl¨ªtoris es un ¨®rgano principal, pero evidentemente no es imprescindible para la procreaci¨®n. Puede haber alg¨²n sector de jueces que crea que la mujer est¨¢ hecha para procrear, no para disfrutar', augura.

Loreto Campuzano, titular del Juzgado n¨²mero 4 de Girona, que archiv¨® la mutilaci¨®n a una ni?a gambiana de tres a?os, pero orden¨® que se la interviniera quir¨²rgicamente porque le hab¨ªan dejado un peque?o orificio para orinar, se muestra a favor de modificar la ley. 'Tener a una de estas ni?as a tu lado es muy duro y te marca. Cualquier modificaci¨®n dirigida a acabar con esto, bienvenida sea. Hay que hacer algo porque en estos momentos los jueces estamos atados de pies y manos. Sobre todo en estos casos en los que se llevan a las ni?as fuera de Espa?a'.

Juan Manuel Sobrino, 38 a?os, responsable del Juzgado n¨²mero 1 de Palma de Mallorca, archiv¨® hace un mes el caso de una ni?a de Mal¨ª a la que extirparon parte del cl¨ªtoris. Exist¨ªa la sospecha de que se hab¨ªa llevado a cabo en el barrio de El Arenal, pero los padres presentaron 'el certificado' de un 'm¨¦dico' de Mal¨ª que aseguraba haber intervenido a la ni?a. 'Estamos maniatados. Ten¨ªamos todos los datos, pero no pudimos hacer nada. No tenemos jurisdicci¨®n para actuar fuera. Me parecer¨ªa perfecto que se modique la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Estamos hablando de un delito grave y puede incluirse en ese precepto'.

Ladislao Roig, teniente fiscal de Baleares que sigui¨® este caso y no oculta la impresi¨®n que le caus¨® la ni?a, a?ade: 'Estoy a favor de modificar la ley e incluir la ablaci¨®n en el principio de justicia universal. Es una propuesta impecable. El derecho va detr¨¢s de la sociedad y a medida que se producen los hechos hay que amoldarse'.

En Zaragoza, donde la Fiscal¨ªa ha abierto diligencias para investigar los seis casos de ablaci¨®n desvelados por este peri¨®dico y detectados en el centro de salud del barrio de Las Delicias y en el hospital Cl¨ªnico, se alzan tambi¨¦n voces para reforzar la figura legal de la ablaci¨®n. Benjam¨ªn Blasco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Arag¨®n (TSJA), aboga porque se tipifique en el C¨®digo Penal el delito de mutilaci¨®n genital femenina y 'no se acuda a una forma vaga y abstracta de sanci¨®n antijur¨ªdica'. 'Se trata de una conducta muy concreta y merece una tipificaci¨®n como delito contra la integridad y dignidad de la persona y sus valores humanos'.

Juan Alberto Belloch, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza que pidi¨® la intervenci¨®n del fiscal, medita plantear en el Senado la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y asegura que la ablaci¨®n 'hay que perseguirla como delito de jurisdicci¨®n universal y desterrar el argumento de que es una peculiaridad cultural'. Carlos Sancho, 46 a?os, fiscal de menores de la capital aragonesa opina: 'Si queremos que la justicia reaccione hay que modificar esa ley porque ahora no tenemos jurisdicci¨®n'.

Para Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la ablaci¨®n entrar¨ªa en los delitos que contempla el Tribunal Penal Internacional. 'En principio te pide el cuerpo pedir la reforma de la ley, pero habr¨ªa que reflexionarlo. Me subleva que se diga que es un tema cultural. Ser¨¢ una costumbre, pero no una cultura. La cultura es otra cosa. Un convenio internacional ser¨ªa lo m¨¢s acertado', dice.

La juez Margarita Robles no oculta su escepticismo y cree que el problema no se va a solucionar esgrimiendo el C¨®digo Penal. 'Es un problema social. De integraci¨®n. Cuando acudimos a las leyes es que algo falla. Es muy dif¨ªcil luchar contra los multiculturalismos'. Mar¨ªa Jos¨¦ Montero, de la Federaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar, apunta a que ninguna ley tendr¨¢ consecuencias 'si no va acompa?ada de propuestas educativas e informativas'.

Fotou Ceka, gambiana, 43 a?os, agente de salud comunitaria y pionera contra la ablaci¨®n en Barcelona, reflexiona: ' No puedes prohibir que lleven a sus hijas a ?frica. Tiene que haber una ley que deje claro que si una ni?a va entera a su pa¨ªs tiene que regresar entera. Hay que conseguir un acuerdo internacional o modificar la ley para que se persigan aqu¨ª las mutilaciones hechas en los viajes'.