La decisi¨®n amenaza con abrir un frente en Bruselas por las mismas razones que el 'caso Champalimaud'
El veto de Rodrigo Rato a la compra de Hidrocant¨¢brico puede abrir un nuevo frente en la pugna que el Gobierno espa?ol mantiene desde hace tiempo con el Ejecutivo de Bruselas en las cuestiones el¨¦ctricas, con temas a¨²n no resueltos como los famosos costes de transici¨®n a la competencia (CTC). Fuentes del Ejecutivo comunitario recordaban ayer que la Comisi¨®n Europea tiene 'competencias exclusivas' en la aprobaci¨®n de operaciones de concentraci¨®n de dimensi¨®n comunitaria y en este sentido, a?ad¨ªan que la OPA de EDP y Cajastur recibi¨® el visto bueno de Bruselas en marzo. 'Si un Gobierno quiere vetar una determinada operaci¨®n, debe argumentarla y comunicarla a la Comisi¨®n al menos un mes antes de prohibirla. Luego, la Comisi¨®n decide sobre los argumentos. Lo contrario vulnera el art¨ªculo 21 del Reglamento de Control de Concentraciones'.
Ese art¨ªculo, el 21 del Reglamento de Concentraciones, fue precisamente el que Bruselas esgrimi¨® ante el Gobierno de Portugal cuando ¨¦ste intent¨® vetar la compra del grupo financiero luso Champalimaud por parte del banco espa?ol BSCH en el a?o 1999.
La Comisi¨®n Euroea consider¨® entonces que el Gobierno portugu¨¦s, al aplicar leyes nacionales para impedir la compra, vulneraba la legislaci¨®n comunitaria. Portugal tuvo que dar marcha atr¨¢s en su oposici¨®n y autorizar la operaci¨®n, si bien ¨¦sta fue replanteada por las partes de forma que ni el Gobierno luso ni las empresas implicadas quedaran en evidencia. El BSCH, en lugar de adquirir tres bancos y una compa?¨ªa de seguros, como estaba previsto, compr¨® s¨®lo dos bancos, el Banco de Cr¨¦dito Predial y el Tota y A?ores.
La decisi¨®n de Econom¨ªa hab¨ªa sido de alguna forma adelantada ya por Rato en el mes de abril, cuando afirm¨® que una posici¨®n de 'claro dominio' de capital p¨²blico en las compa?¨ªas el¨¦ctricas -como la que achaca a EnBW y EDP- 'debe influir en la posici¨®n que tenga el Gobierno respecto a los derechos pol¨ªticos que puedan ejercerse en esas compa?¨ªas'.
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