La transici¨®n democr¨¢tica en M¨¦xico

Durante los poco m¨¢s de cinco meses transcurridos desde que Vicente Fox asumi¨® la presidencia de M¨¦xico, hemos comprobado que 'L'¨¦tat des lieux' no corresponde a la imagen id¨ªlica que muchos amigos externos se hac¨ªan del ocaso pri¨ªsta, pero tampoco a la leyenda negra que sus adversarios fraguamos. Una evaluaci¨®n honesta y equilibrada obliga a reconocer la existencia de un gran potencial humano, de una pujante sociedad civil y de instituciones p¨²blicas en proceso de consolidaci¨®n; pero tambi¨¦n de enormes carencias econ¨®micas, sociales y pol¨ªticas. Fue precisamente la gravedad de estas ¨²ltimas lo que condujo a los ciudadanos mexicanos a pronunciarse por un cambio en el rumbo del pa¨ªs. Para lograr ese cambio debemos asumir con plena conciencia los errores y problemas del pasado, pues s¨®lo as¨ª ser¨¢ posible evitarlos y combatirlos en el futuro, dejando atr¨¢s los viejos h¨¢bitos y las pr¨¢cticas autoritarias.

El legado m¨¢s pernicioso del autoritarismo pri¨ªsta no es la represi¨®n, sino la corrupci¨®n

Durante las pasadas d¨¦cadas ocurrieron en M¨¦xico graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de Tlatelolco en 1968, la represi¨®n a los movimientos sociales, principalmente en la d¨¦cada de los sesenta y setenta, y, m¨¢s recientemente, las masacres de Aguas Blancas y Acteal. No obstante, y reconociendo plenamente la gravedad, el dolor y los desgarramientos que produjeron, dichos casos no dejan de ser aislados y no reflejan una pol¨ªtica sistem¨¢tica de abuso masivo a los derechos humanos como ocurri¨® en otros pa¨ªses. Por ello se puede afirmar que el legado m¨¢s pernicioso de los a?os de autoritarismo pri¨ªsta no es la represi¨®n, sino el problema de la corrupci¨®n. Por tanto, y a diferencia de lo sucedido en otros pa¨ªses, el ajuste de cuentas con el pasado en M¨¦xico abarca efectivamente las violaciones a los derechos humanos, pero tambi¨¦n y sobre todo la corrupci¨®n.

En a?os recientes han sido numerosos los reg¨ªmenes autoritarios, dictatoriales e incluso totalitarios que han llegado a su fin no por la acci¨®n violenta de una rebeli¨®n o una revoluci¨®n, sino, como en M¨¦xico, mediante un proceso pac¨ªfico y ordenado que permite la democratizaci¨®n de las sociedades sometidas a dictaduras o a gobiernos autoritarios. Varios factores han hecho posibles esas transiciones pac¨ªficas, si bien considero que dos han ejercido mayor influencia. Por una parte, el papel de la sociedad civil como instrumento de presi¨®n moral y pol¨ªtica. Por la otra, la creciente influencia de los medios de comunicaci¨®n, que exponen las acciones de los gobiernos al escrutinio p¨²blico, incluso m¨¢s all¨¢ de sus propias fronteras, y a la vez permiten conducir la transici¨®n a cielo abierto. Huelga decir que el caso de EL PA?S es emblem¨¢tico al respecto.

Sin embargo, si bien la presi¨®n ejercida por la sociedad civil o los medios de comunicaci¨®n es importante, en general, el car¨¢cter de los procesos de transici¨®n democr¨¢tica depende de la correlaci¨®n de fuerzas en cada naci¨®n y de que estas fuerzas guarden entre s¨ª una relaci¨®n propicia para el cambio. Aun en esta circunstancia, una transici¨®n pac¨ªfica tiene un precio ineludible: el establecimiento de un pacto, ya sea impl¨ªcito o expl¨ªcito, por el cual los opresores acuerdan el fin de su dominio, al tiempo que los oprimidos utilizan la oportunidad no s¨®lo para evitar derramamiento de sangre y sufrimiento, sino tambi¨¦n para sentar bases m¨¢s s¨®lidas para la vida democr¨¢tica por venir.

Ello no exime de hacer un 'corte de caja', paso indispensable para decidir cu¨¢l debe ser el camino hacia la justicia y la reconciliaci¨®n con el pasado. En su ausencia, el nuevo r¨¦gimen se impone un voto de silencio ante el estado que guardaba el pa¨ªs al recibirlo, y por tanto se inhabilita para explicar, justificar y conducir el cambio, y permite o promueve pasivamente la presunci¨®n de complicidad con el pasado.

En esta labor, cada naci¨®n debe equilibrar responsabilidades legales y morales con una evaluaci¨®n pr¨¢ctica de las condiciones pol¨ªticas reales dentro de su sociedad. He aqu¨ª el dilema entre la justicia respecto a hechos del pasado y la estabilidad en el presente. La forma en que un gobierno trata a aquellos que cometieron violaciones graves de los derechos humanos o que incurrieron en actos de corrupci¨®n durante gestiones previas inevitablemente se ve influida por la correlaci¨®n de fuerzas entre el antiguo y el nuevo r¨¦gimen. Las nuevas democracias con frecuencia no pueden llevar a proceso, tanto por razones pr¨¢cticas como pol¨ªticas, sino a un n¨²mero muy reducido de quienes cometieron abusos de un tipo o de otro.

El origen de tal impedimento es evidente. Todo gobierno autoritario posee una base social. Hay individuos m¨¢s responsables, o m¨¢s culpables, que otros, y tambi¨¦n hay sectores enteros de la sociedad sin cuyo apoyo dicho gobierno no hubiera podido mantenerse en el poder. Esos individuos y esos sectores tienen sus propias justificaciones de los procesos en los cuales se vieron implicados. La posibilidad de evitar un conflicto cruento entre defensores del antiguo r¨¦gimen y sus acusadores y, consecuentemente, de evitar el descarrilamiento del proceso de transici¨®n democr¨¢tica exige promover lo que hemos llamado un pacto fundacional entre los grupos antag¨®nicos.

Este proceso puede adoptar diversas formas. Para algunos, es indispensable el establecimiento de una comisi¨®n dedicada espec¨ªficamente a investigar los abusos del pasado con el fin de llevar a la justicia a los responsables. Para los defensores de esta estrategia, sin alguna forma de justicia o retribuci¨®n, las v¨ªctimas del r¨¦gimen anterior conservar¨¢n para siempre el sentimiento sincero e incluso aut¨¦ntico de que han sido v¨ªctimas de una profunda injusticia. De igual modo, el resto de la poblaci¨®n que se opon¨ªa, aunque fuera pasivamente, al antiguo r¨¦gimen puede interpretar esta 'clemencia' como una falta de diferenciaci¨®n con dicho r¨¦gimen, lo que puede disminuir su sentimiento de adhesi¨®n al nuevo gobierno. Ante la ausencia de toda sanci¨®n contra quienes abusaron en el pasado de los derechos de los ciudadanos o que incurrieron en graves actos de corrupci¨®n, la sociedad se priva de un elemento de disuasi¨®n considerable. Esto es particularmente cierto cuando se trata de cr¨ªmenes graves, incluso sistem¨¢ticos, que para la mayor¨ªa de los seres humanos exigen una sanci¨®n proporcional al horror que pueden inspirar.

Y, sin embargo, a pesar de la acumulaci¨®n de sufrimiento que da todo su peso a esta exigencia, hay quienes sostienen, con razones fundadas en la voluntad de evitar m¨¢s injusticia y m¨¢s sufrimiento, que es m¨¢s conveniente no perturbar la estabilidad ni poner en riesgo el proceso de transici¨®n y proponen el establecimiento de lo que hemos llamado un pacto como eje del proceso nacional de reconciliaci¨®n. ?ste permite una transici¨®n pac¨ªfica a la democracia, integrando a quienes apoyaban al antiguo r¨¦gimen al nuevo en condiciones de seguridad y certeza. Al cerrar formalmente la herida abierta por los agravios cometidos en el pasado, los pactos cierran tambi¨¦n el ciclo, potencialmente interminable, de venganzas personales.

Evitan la formaci¨®n de un aparato policiaco-pol¨ªtico destinado a aprehender a los culpables y, por tanto, evitan los errores en que este aparato suele incurrir. Impiden que la nueva autoridad pol¨ªtica se atribuya de manera arbitraria la facultad de imponer sanciones penales al pasado. Por ¨²ltimo, los pactos hacen posible resistir la tentaci¨®n de descuidar las importantes responsabilidades del presente y del futuro al dedicarse a una reparaci¨®n del pasado que, en la mayor¨ªa de los casos, no pude ser sino simb¨®lica.

En algunos casos, los actores que encabezan la transici¨®n han optado por no emprender investigaciones sistem¨¢ticas ni tomar acciones espec¨ªficas en contra de quienes cometieron abusos en el pasado. El retorno de Espa?a a la democracia es un ejemplo de transici¨®n exitosa que opt¨® por evitar un dram¨¢tico ajuste de cuentas con el pasado. Espa?a pudo encontrar, mediante su vida institucional, mecanismos cat¨¢rticos que le permitieron asumir su pasado sin que se convirtiera en una fuente de conflicto o inestabilidad. Una activa y l¨²cida prensa que supo valerse de las nuevas libertades, as¨ª como la revoluci¨®n en su cultura, que dio cauce a las inquietudes del pueblo, o los pueblos, de Espa?a, contribuyen a explicar la reconciliaci¨®n.

Otras sociedades en proceso de transici¨®n, en cambio, han recurrido a mecanismos formales para confrontar su pasado. Uno de los procedimientos que se han utilizado con mayor frecuencia para ese fin es el establecimiento de 'comisiones de verdad'. En el ¨²ltimo cuarto de siglo se han formado m¨¢s de veinte comisiones de este tipo alrededor del mundo, particularmente en Am¨¦rica Latina y ?frica. La mayor¨ªa de ellas ha reunido los testimonios de miles de v¨ªctimas y ha elaborado informes independientes y s¨®lidos sobre los abusos perpetrados bajo reg¨ªmenes autoritarios que hab¨ªan llegado a su fin. Asimismo, mediante dichas comisiones, se busc¨® promover un ajuste de cuentas que distanciara a los nuevos gobiernos de los abusos del pasado y respaldara el cambio que se propon¨ªan impulsar.

En Am¨¦rica Latina, la primera de dichas comisiones que atrajo la atenci¨®n mundial fue la que estableci¨® en 1983 el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn en la Argentina. Durante nueve meses, la Comisi¨®n Nacional sobre los Desaparecidos reuni¨® evidencia documental sobre casi nueve mil desapariciones ocurridas bajo los gobiernos militares entre 1976 y 1983. El informe de la Comisi¨®n, Nunca m¨¢s, se convirti¨® en uno de los libros m¨¢s le¨ªdos en la historia de Argentina. Sus expedientes fueron turnados a las autoridades judiciales y sirvieron como base para los procesos subsecuentes contra los miembros de la Junta. No obstante, los intentos iniciales por llevar a la justicia a un n¨²mero m¨¢s amplio de quienes cometieron atrocidades durante la dictadura militar provocaron tal inestabilidad que el propio gobierno civil acab¨® por aprobar una amnist¨ªa generalizada. La llamada Ley de Obediencia Debida puso a salvo las entonces fr¨¢giles e inciertas instituciones democr¨¢ticas, pero profundiz¨® a¨²n m¨¢s el sentimiento de injusticia entre miles de familias argentinas.

La experiencia chilena tambi¨¦n ofrece elementos de reflexi¨®n. El gobierno civil se vio impedido de revocar la ley de amnist¨ªa aprobada en 1978 y dedic¨® sus esfuerzos a indagar los hechos del pasado. La Comisi¨®n Nacional de la Verdad y la Reconciliaci¨®n investig¨® alrededor de tres mil desapariciones, homicidios y secuestros pol¨ªticos, aunque su mandato no le permiti¨® documentar los casos de tortura. Las pol¨ªticas de reparaci¨®n instrumentadas por una comisi¨®n de seguimiento no lograron promover una efectiva reconciliaci¨®n, en parte quiz¨¢ porque la mayor¨ªa de las v¨ªctimas de la dictadura de Pinochet fueron, precisamente, aquellas sometidas a tortura. Los esfuerzos por confrontar el pasado fueron s¨®lo parcialmente eficaces, y ello quiz¨¢ se ve confirmado por la manera en que los fantasmas del pasado han resurgido con el juicio que se le sigue a Augusto Pinochet.

Los procesos instruidos recientemente a militares acusados de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras de Argentina y Chile deben hacernos reparar en el hecho de que los cr¨ªmenes contra la humanidad constituyen un caso particular que por su particular gravedad no pueden ser amnistiados. Inevitablemente, el problema se plantea de nueva cuenta a los sucesores de quienes concedieron la amnist¨ªa, ya que en los reg¨ªmenes democr¨¢ticos los primeros son susceptibles de ser remplazados en un corto plazo por los segundos.

Por a?adidura, en los ¨²ltimos decenios se ha consolidado una nueva pol¨ªtica que tiende a universalizar el respeto de los derechos humanos. Este cambio reciente implica la creaci¨®n de jurisdicciones internacionales y de la internacionalizaci¨®n de las jurisdicciones nacionales. En consecuencia, las instancias pol¨ªticas nacionales no tienen ya, en muchos casos, la capacidad de cumplir enteramente los pactos concluidos, en la medida en que los cr¨ªmenes contra la humanidad no son susceptibles de ning¨²n indulto ni amnist¨ªa. Los autores de estos cr¨ªmenes pueden ser perseguidos por terceros gobiernos, los cuales no son parte de tales pactos y por lo tanto no se sienten obligados a respetarlos. Estas tesis son las que animan la decisi¨®n del Gobierno del presidente Vicente Fox de conceder la extradici¨®n a Espa?a a Ricardo Miguel Cavallo.

Otras regiones del mundo ofrecen experiencias relevantes en cuanto al ajuste de cuentas con el pasado. En Europa, por ejemplo, destaca el proceso de la RFA; Sur¨¢frica ofrece otro caso de gran importancia, la Comisi¨®n de la Verdad y la Reconciliaci¨®n establecida por el Gobierno del presidente Nelson Mandela.

Independientemente de los argumentos en pro y en contra del establecimiento de comisiones de verdad, una vez que los distintos sectores sociales y gubernamentales han optado por celebrar un pacto, resulta esencial que ¨¦ste sea respetado. No s¨®lo porque algunas de las razones que le dieron origen probablemente seguir¨¢n siendo vigentes con el paso de los a?os, sino porque el respeto de lo acordado es una condici¨®n necesaria para poder suscribir otros acuerdos en el futuro.

Una primera etapa de la transici¨®n mexicana ha concluido con un ¨¦xito indudable. Elecciones, alternancia, entrega del poder, consolidaci¨®n del nuevo Gobierno, cooperaci¨®n para aprobar las primeras reformas. La siguiente etapa comienza junto con el debate sobre contenidos y rumbo: ajuste de cuentas, pactos fundacionales, responsabilidades compartidas. No tengo la menor duda de que M¨¦xico consumar¨¢ esta segunda etapa de su transici¨®n con el mismo ¨¦xito que la primera.

Jorge G. Casta?eda es secretario (ministro) de Relaciones Exteriores de M¨¦xico. Texto le¨ªdo ayer en el debate sobre Democracia en el nuevo milenio, que se celebra con motivo del 25? aniversario de EL PA?S.