La fiscal¨ªa de M¨¦xico investiga 60 casos de desapariciones de la era del PRI
Familiares de v¨ªctimas y grupos de derechos humanos documentan m¨¢s de 500 denuncias
![Juan Jes¨²s Azn¨¢rez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6c0df8bd-0ff3-4468-936e-c96fafaa26b6.png?auth=b5d935e44f236e02ca04903532080bbde3883da024a5334989732c8e86c47147&width=100&height=100&smart=true)
Los denunciantes reclaman voluntad gubernamental y la depuraci¨®n de responsabilidades al amparo de la nueva herramienta legal, a la que fuentes jur¨ªdicas niegan car¨¢cter retroactivo.
La revisi¨®n del pasado y el ajuste de cuentas dividen al Gobierno del presidente Vicente Fox entre quienes promueven investigar los cr¨ªmenes y la corrupci¨®n m¨¢s lacerantes, y aquellos que temen por la estabilidad pol¨ªtica y la transici¨®n nacional en curso de ejecutarse las pesquisas y procederse a convocatoria judicial de pol¨ªticos, empresarios o jefes de cuerpos de seguridad. Una de las pancartas desplegadas frente a la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR, Fiscal¨ªa General) por la delegaci¨®n que, la tarde del martes, present¨® las 61 denuncias certificaba el dilema oficial: 'Se?or presidente Fox ?para usted no contamos? Desde hace cinco meses esperamos audiencia'.
El Comit¨¦ Eureka y su presidenta, Rosario Ibarra, lideran movilizaciones que son antiguas, pero m¨¢s frecuentes y p¨²blicas desde que el hombre que venci¨® al PRI en las generales del pasado a?o prometiera investigar los atropellos m¨¢s graves, aunque sin cacer¨ªa de brujas, ni venganzas. 'No somos magos. Si tenemos oportunidad jur¨ªdica de esclarecer los casos, lo haremos. Si no, pues no', comunic¨® a los reclamantes Mar¨ªa Luz Lima, responsable de Coordinaci¨®n General y Desarrollo de la PGR. 'El hecho mismo de que el Estado reconozca la existencia de desaparecidos en el pa¨ªs es un avance enorme'.
La revisi¨®n del C¨®digo Penal, en vigor a partir de su publicaci¨®n el pasado primero de junio en el Diario Oficial, no ser¨¢ la panacea a juzgar por el dictamen emitido a este corresponsal por Javier Ferr¨®s, secretario t¨¦cnico de la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. No debe tener efectos retroactivos y, adem¨¢s, algunos delitos datan de hace 30 a?os y han prescrito. 'Jur¨ªdicamente, como abogado que soy, el nuevo C¨®digo Penal regir¨ªa de aqu¨ª para adelante. Otra cosa es que sean delitos de lesa humanidad perseguibles a trav¨¦s del tiempo'.
Los familiares de los estudiantes, maestros, sindicalistas o guerrilleros eliminados sumariamente as¨ª los identifican, y conf¨ªan en que el nuevo C¨®digo Penal habr¨¢ de facilitar las indagaciones, y los castigos. La matanza de estudiantes de la plaza de Tlatelolco, en octubre de 1968, durante la presidencia de Gustavo D¨ªaz Ordaz, y la brutal represi¨®n de los movimientos sociales y guerrilleros de los setenta son algunos de los episodios emblem¨¢ticos. El asesinato de 40 ind¨ªgenas simpatizantes del Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN), en la aldea de Acteal, en Chiapas, cometido durante el mandato de Ernesto Zedillo (1994-2000), fue el m¨¢s reciente. Las detenciones y procesos abiertos entonces no satisficieron a los acusadores.
Todo indica, seg¨²n los analistas, que los asesinatos son m¨¢s numerosos que los ya documentados, y que el PRI y los dirigentes al mando del partido y de las cinco ¨²ltimas presidencias, rechazar¨¢n su citaci¨®n como reos. El partido fundado en 1929 es todav¨ªa el de mayor implantaci¨®n parlamentaria y social en M¨¦xico, y cualquier decisi¨®n de peso requiere de su concurso. Pese a todo el hijo de Jorge Reyes, una de las v¨ªctimas, se mostraba esperanzado durante el acto desarrollado ante el edificio de la fiscal¨ªa general: 'No porque haya cambiado el Gobierno, sino porque ha cambiado la sociedad'.
Durante el dominio del PRI, las denuncias cayeron en saco roto al ser impensable que el partido que fue r¨¦gimen y corporaci¨®n se investigara a s¨ª mismo. La comisi¨®n encargada de entregar las 61 denuncias, admitidas a tr¨¢mite por la PGR, exige el interrogatorio, como responsables de encubrimiento u omisi¨®n, de los ex presidentes Luis Echeverr¨ªa (1970-78), t¨ªo del actual secretario general del PRI, y Miguel de la Madrid (82-88), de sus ministros de Interior y de varios jefes policiales y militares. Benjam¨ªn Laureano Luna, portavoz del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, pide reformas legales m¨¢s amplias para hacer justicia. 'Las efectuadas hasta ahora son muy limitadas'.
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