Los jueces se niegan a tramitar casos de menores que omitan el informe psicol¨®gico

Hace ya cuatro meses que entr¨® en vigor la Ley del Menor y la situaci¨®n en esta jurisdicci¨®n sigue rayando el caos. Los seis jueces de menores de Madrid decidieron en su ¨²ltima junta dejar en libertad a los menores que llegasen detenidos a sus juzgados sin haber sido estudiados antes por un equipo t¨¦cnico de la fiscal¨ªa -psic¨®logo, educador y asistente social-, tal como exige la ley. Los jueces se quejan de que no pueden internar a un menor sin escuchar antes a los t¨¦cnicos, y ¨¦stos, por su lado, se niegan a asistir a menores fuera de su horario laboral (de ocho de la ma?ana a tres de la tarde), alegando que carecen de servicio de guardia y que nadie les paga por trabajar a deshoras.

Los seis jueces de menores de Madrid describieron un panorama desalentador en la junta que celebraron el pasado 6 de marzo, presidida por el juez decano, Fernando Fern¨¢ndez. En ella expresaron su 'preocupaci¨®n', seg¨²n se recoge en el acta de la reuni¨®n, 'respecto a los menores detenidos' que son llevados a sus juzgados para que se adopte 'contra ellos una medida cautelar'; por ejemplo, el internamiento en un centro cerrado. La nueva ley establece que, antes de adoptarse una medida cautelar contra un menor, es preceptivo que el equipo t¨¦cnico de la fiscal¨ªa estudie su entorno y sugiera al juez la medida m¨¢s adecuada para lograr su reinserci¨®n. De ah¨ª que los jueces, ante la falta de un turno de guardia en los equipos t¨¦cnicos y para evitar marear a los menores, hayan decidido liberar a los que lleguen al juzgado sin un estudio psicol¨®gico previo.

'Con frecuencia', se?alan los jueces, 'los menores detenidos por la polic¨ªa y puestos a su vez a disposici¨®n de la fiscal¨ªa se someten a un largo y tortuoso periplo. Y si la detenci¨®n se produce durante un fin de semana, implica adem¨¢s que el menor se pase 72 horas dando vueltas de la polic¨ªa a la fiscal¨ªa, de la fiscal¨ªa al juzgado y de ¨¦ste a un centro de internamiento, para volver de nuevo a los juzgados y desde aqu¨ª, si se acuerda su internamiento, de nuevo al centro'.

'Uno de los motivos que est¨¢n originado esta an¨®mala situaci¨®n', explican los jueces, 'es que los equipos t¨¦cnicos, que dependen funcionalmente de la fiscal¨ªa, no est¨¢n realizando funciones de guardia fuera de las horas de trabajo'. Sin la asistencia de estos t¨¦cnicos no se puede efectuar, aseguran los jueces, la llamada comparecencia, tras la cual se acuerda el destino del menor, si es internado o queda en libertad. As¨ª, basta que el menor sea llevado ante el juez fuera de la jornada laboral de los t¨¦cnicos para que haya que suspender la comparecencia. 'Eso origina que haya que esperar al d¨ªa siguiente, o uno o dos d¨ªas si la puesta a disposici¨®n del menor ante el juez se produce durante el fin de semana'. Por este motivo, los jueces tienen claro que no van a marear a los menores y que los que acudan a ellos detenidos sin haber sido vistos antes por los psic¨®logos quedar¨¢n de inmediato en libertad.

No obstante, dejan en manos de la fiscal¨ªa, facultada para ello, la posibilidad de que ingresen provisionalmente a los menores en un centro mientras 'se practican las diligencias necesarias [asistencia de los t¨¦cnicos]' que permitan al juez acordar 'una medida de seguridad'. 'Los equipos t¨¦cnicos de menores no pueden trabajar al margen de su horario laboral, porque eso no est¨¢ regularizado en su convenio colectivo', seg¨²n fuentes cercanas a la fiscal¨ªa. 'No obstante, y con car¨¢cter voluntario, algunos equipos [hay 12] se han quedado a trabajar hasta las diez de la noche para solventar casos concretos de delitos graves. Esperan que ese exceso de horas se les remunere, pero no deja de ser una mera petici¨®n', agregan. Estos t¨¦cnicos tambi¨¦n asisten, pese a que no cobran nada por ello, a los menores del Pa¨ªs Vasco que son detenidos en relaci¨®n con la llamada lucha callejera.

La decisi¨®n de liberar a los menores que carezcan de un informe psicol¨®gico previo, as¨ª como sus quejas sobre la falta de medios e infraestructuras que dicen padecer para afrontar su trabajo, han sido elevadas por el juez decano 'al Consejo del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a la Fiscal¨ªa de Menores y a los equipos t¨¦cnicos'. Los jueces reclaman que se establecezca un servicio de guardia en los equipos t¨¦cnicos. No hacerlo as¨ª significa una 'discriminaci¨®n' del menor detenido frente al adulto. Raro es el fin de semana que no son detenidos al menos tres menores.

Mara?a legal

El otro problema que azota a esta jurisdicci¨®n es el siguiente: en las estanter¨ªas de los cuatro juzgados de ejecutorias de Madrid hay en la actualidad unos 1.300 expedientes sobre menores pendientes de cumplir sus penas y cuyos expendientes a¨²n no han sido adaptados a la nueva normativa, pese a que el plazo m¨¢ximo para hacerlo expir¨® hace dos meses.

No est¨¢n regularizados porque existe una batalla jur¨ªdica entre jueces y fiscales, pendiente de ser resuelta en la Audiencia de Madrid, acerca de qui¨¦n de ellos debe efectuar ese trabajo. Cuando el pasado 13 de enero pasado entr¨® en vigor la nueva Ley Penal del Menor, los jueces de Madrid que se dedican en exclusiva a ejecutar las penas que dictan sus colegas de lo penal (menos de cinco a?os) decidieron inhibirse de tramitar los asuntos en los que hab¨ªa implicados menores y remitirlos a la fiscal¨ªa. Los jueces entend¨ªan que, desde el momento de vigencia de la ley, cualquier asunto sin concluir relacionado con menores deb¨ªa ser remitido a los fiscales, ya que desde ese momento ¨¦stos se convert¨ªan en instructores de tales causas. Los fiscales no lo entendieron as¨ª y presentaron recursos contra todas las decisiones de los jueces inhibi¨¦ndose de acometer tales asuntos. Los jueces insistieron en que deb¨ªan inhibirse, y adem¨¢s indicaron que no cab¨ªa recurrir su decisi¨®n ante la Audiencia. Los fiscales, no obstante, presentaron una queja ante la Audiencia reclamando el derecho al recurso. Este tribunal ha fallado que s¨ª es posible recurrir. En cambio, a¨²n no se ha pronunciado sobre si deben ser los jueces o los fiscales los que regularicen las 1.300 causas a¨²n empantanadas.