Los obispos acordaron vigilar la 'integridad de costumbres' de los docentes de religi¨®n

El documento de la Conferencia Episcopal recuerda que los profesores de religi¨®n son designados por la autoridad acad¨¦mica entre las personas 'que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta ense?anza', por lo que, justifica, que la Iglesia 'es competente para ejercer un seguimiento sobre todos los proferores de religi¨®n de los centros p¨²blicos y privados, sean confesionales o no'.

Los obispos defienden adem¨¢s que los profesores deben cumplir con una 'identidad' e 'idoneidad eclesi¨¢stica', que vigilar¨¢ 'un departamento o servicio de inspecci¨®n de la ense?anza religiosa'. Y especifica que esa identidad cat¨®lica incluye 'un compromiso que se manifesta en la comuni¨®n con la Iglesia y sus Pastores, en la integridad de la fe y de las costumbres y en el testimonio de vida cristiana'. El documento, que fue aprobado el pasado 24 de abril en una asamblea de obispos que critic¨® el reconocimiento de las parejas homosexuales, se puede encontrar en la p¨¢gina web de la Conferencia Episcopal: www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/profesores_religion.htm. Este peri¨®dico intent¨® ayer infructuosamente recabar la opini¨®n de la Conferencia Episcopal.

Para el secretario general de la Federaci¨®n de Ense?anza de CC OO, Fernando Lezcano, 'la Conferencia Episcopal muestra una obsesi¨®n por garantizar que la religi¨®n cat¨®lica penetre en la sociedad a trav¨¦s de la asignatura de religi¨®n'. 'Se trata de una medida colocada en los m¨¢rgenes del Estado de derecho, porque la diferencia entre inspeccionar la vida cristiana y la privada es demasiado difusa. Y adem¨¢s otorga a los obispos una potestad que no tiene nadie en un Estado de derecho', explic¨® Lezcano.Para CC OO, 'el Gobierno tiene que garantizar la aconfesionalidad del Estado que se recoge en la Constituci¨®n'. El Ministerio de Educaci¨®n rechaz¨® expresar su opini¨®n sobre el caso de Almer¨ªa hasta que sea informado oficialmente del despido de la profesora Resurrecci¨®n Galera en Almer¨ªa. Un caso que desatado las cr¨ªticas de la oposici¨®n.

La portavoz de Educaci¨®n del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce, manifest¨® ayer que 'es necesario revisar la actual legislaci¨®n para compaginar el derecho a tener un ideario de la Iglesia con el derecho a que los asuntos personales no puedan intervenir en la situaci¨®n laboral de los profesores de religi¨®n'.

El portavoz de Educaci¨®n del PNV en el Congreso, Joxe Joan Gonz¨¢lez de Txabarri, consider¨® el despido 'un aut¨¦ntico exceso' y apost¨® por dar al colectivo de profesores de religi¨®n 'una estabilidad laboral similar a la de los dem¨¢s trabajadores'. En representaci¨®n de IU, su portavoz en el Congreso para temas educativos, Marisa Castro, afirm¨® que el despido de Resurrecci¨®n Galera es 'un atentado contra los valores democr¨¢ticos y constitucionales'. Castro pidi¨® que se modifique la legislaci¨®n para evitar que 'profesores mantenidos con dinero p¨²blico sean despedidos por los obispos' y abog¨® por 'democratizar a la Iglesia, que opina de todo sin democracia interna'.

Para el portavoz educativo de CiU, Ignasi Guardans, el despido de la profesora almeriense es 'una absurda decisi¨®n de la que tiene que dar explicaciones el episcopado'. Guardans cree que la soluci¨®n del problema est¨¢ m¨¢s all¨¢ de un cambio legislativo, ya que su origen est¨¢ en 'la gran ambig¨¹edad que existe en la relaci¨®n entre el Estado y la Iglesia en materia educativa'.

El catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho Gregorio Peces-Barba se?al¨® que 'es sorprendente que sea el Estado quien paga a los profesores de religi¨®n y que sea la Iglesia la que les despide'. 'La obligaci¨®n del Estado de defender los derechos fundamentales en todos los ¨¢mbitos de la relaciones jur¨ªdicas se ve burlada en este caso por el protagonismo de la Iglesia, que al parecer no tiene por qu¨¦ respetar el derecho a la libertad ideol¨®gica y a la intimidad'. 'Ya es hora de que el Tribunal Constitucional aborde el tema de la inconstitucionalidad de muchas dimensiones de los acuerdos del Estado con la Santa Sede', sentenci¨® Peces-Barba.