Estado e Iglesia

Imagino que no debe ser c¨®moda la posici¨®n de la profesora de religi¨®n de Almer¨ªa, amenazada de despido por el obispo del lugar. Estar en portada de peri¨®dicos enfrentada a su autoridad religiosa no es plato de gusto para una docente de la materia y sobre la cual el se?or obispo es autoridad religiosa natural. Sin embargo se ha convertido en ejemplo de la situaci¨®n parad¨®jica y absurda que existe desde su origen en la forma de insertar la materia de Religi¨®n en las escuelas e institutos y que por alg¨²n lado tendr¨¢ que resolverse. Este caso andaluz no es ¨²nico para mostrar la sinraz¨®n de un sistema acordado hace varios a?os para intentar precisamente sofocar batallas religiosas entre el Estado y la Iglesia. Nadie quiere batallas de este tipo, pero un Estado constitucional y laico no puede asistir imp¨¢vido a este tipo de agresiones a la cultura c¨ªvica consensuada por la ciudadan¨ªa.

?Podr¨ªa ser despedida una profesora de matem¨¢ticas por divorciarse o casarse con un divorciado? ?Podr¨ªa acaso el director de una empresa amenazar de despido a un trabajador por una determinada conducta privada? Obviamente la respuesta un¨¢nime ser¨¢ que en ambos casos es imposible el despido legal y que cualquier juez rechazar¨ªa la demanda de la empresa. Por el contrario, la Iglesia pretende elaborar una doctrina laboral propia basada en sus propias ideas religiosas, respetables por otra parte. Y eso es lo inaudito del caso y por lo que no se deber¨ªa pasar desde cualquier posici¨®n civil, sindical, jur¨ªdica. Ning¨²n ciudadano que comprende la divisi¨®n entre Estado e Iglesia podr¨ªa ser transigente con este esc¨¢ndalo. La Iglesia no puede imponer su estatuto laboral por encima del estatuto de la sociedad civil y del Estado. Entre otras cosas porque en este desgraciado hecho ella no es precisamente empresa. Quien contrata al profesor de religi¨®n es el Estado. Por ello, deber¨ªa solucionarse la incongruencia de que sea la Iglesia quien proponga al trabajador y el Estado quien contrate y pague. Si quiere tener sus profesores de religi¨®n, deber¨ªa ser la Iglesia quien propusiera, contratara y pagara. Y que la magistratura entendiera de conflictos entre empresa y trabajadores.