La Sindicatura halla fallos contables y mal uso de fondos en la Fundaci¨® per a la Recerca

La Sindicatura de Cuentas ha entregado al Parlament su informe, que fiscaliza la actividad de la Fundaci¨® Catalana per a la Recerca, durante los ejercicios 1990-1998. Esta fundaci¨®n recibi¨® en ese periodo 6.810 millones de pesetas de subvenciones de la Generalitat. La Sindicatura afirma que dadas las 'incertidumbres, limitaciones y excepciones (...)' no puede expresar opini¨®n sobre las cuentas analizadas.

Josep Plana Castellv¨ª 'no ten¨ªa formalizada su situaci¨®n laboral' con la fundaci¨®n entre 1990 y 1998, por lo que 'en esos ejercicios complementaba su sueldo, en contrato laboral ordinario, facturado a la fundaci¨®n a trav¨¦s de la sociedad C¨ªrculo de Asesores, SL, de la cual era socio junto a su esposa, Carme Dr¨®pez, ex secretaria general adjunta de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya.

Las facturas ascendieron a unos 84 millones y se emit¨ªan bajo el concepto de 'asesoramiento cient¨ªfico'. Estas facturas, afirma la Sindicatura, 'no se correspond¨ªan' con la realidad de la prestaci¨®n.

La situaci¨®n no se regulariz¨® hasta el ejercicio 1998, con un contrato que fijaba una remuneraci¨®n de 15,6 millones al a?o para el director de la fundaci¨®n. La Sindicatura afirma que no han podido verificar el contrato, ya que no les fue facilitado.

El informe de fiscalizaci¨®n afirma que tampoco ha podido comprobar si el buscador Ol¨¦ fue un proyecto de investigaci¨®n que se inici¨® o desarroll¨® en el seno de la fundaci¨®n, por lo que la Sindicatura 'desconoce la naturaleza de la transacci¨®n de compraventa por importe de 200.000 pesetas', que el director de la fundaci¨®n, Josep Plana, refleja en un recibo a Josep Vall¨¦s.

El buscador de Internet Ol¨¦, que fue vendido en 1996 a su entonces empleado Josep Vall¨¦s por 200.000 pesetas. Posteriormente,¨¦ste lo revendi¨® -en 1999- a Telef¨®nica, tambi¨¦n miembro de la Fundaci¨®n, por 3.000 millones y derechos sobre acciones de Terra, valoradas en 10.000 millones de pesetas.

La Sindicatura de Cuentas ha entregado al Parlament su informe, que fiscaliza la actividad de la Fundaci¨® Catalana per a la Recerca, durante los ejercicios 1990-1998. Esta fundaci¨®n recibi¨® en ese periodo 6.810 millones de pesetas de subvenciones de la Generalitat. La Sindicatura afirma que dadas las 'incertidumbres, limitaciones y excepciones (...)' no puede expresar opini¨®n sobre las cuentas analizadas.

Josep Plana Castellv¨ª 'no ten¨ªa formalizada su situaci¨®n laboral' con la fundaci¨®n entre 1990 y 1998, por lo que 'en esos ejercicios complementaba su sueldo, en contrato laboral ordinario, facturado a la fundaci¨®n a trav¨¦s de la sociedad C¨ªrculo de Asesores, SL, de la cual era socio junto a su esposa, Carme Dr¨®pez, ex secretaria general adjunta de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya.

Las facturas ascendieron a unos 84 millones y se emit¨ªan bajo el concepto de 'asesoramiento cient¨ªfico'. Estas facturas, afirma la Sindicatura, 'no se correspond¨ªan' con la realidad de la prestaci¨®n.

La situaci¨®n no se regulariz¨® hasta el ejercicio 1998, con un contrato que fijaba una remuneraci¨®n de 15,6 millones al a?o para el director de la fundaci¨®n. La Sindicatura afirma que no han podido verificar el contrato, ya que no les fue facilitado.

El informe de fiscalizaci¨®n afirma que tampoco ha podido comprobar si el buscador Ol¨¦ fue un proyecto de investigaci¨®n que se inici¨® o desarroll¨® en el seno de la fundaci¨®n, por lo que la Sindicatura 'desconoce la naturaleza de la transacci¨®n de compraventa por importe de 200.000 pesetas', que el director de la fundaci¨®n, Josep Plana, refleja en un recibo a Josep Vall¨¦s.

El buscador de Internet Ol¨¦, que fue vendido en 1996 a su entonces empleado Josep Vall¨¦s por 200.000 pesetas. Posteriormente,¨¦ste lo revendi¨® -en 1999- a Telef¨®nica, tambi¨¦n miembro de la Fundaci¨®n, por 3.000 millones y derechos sobre acciones de Terra, valoradas en 10.000 millones de pesetas.

La Fundaci¨® Catalana per a la Recerca (FCR) no controlaba debidamente su contabilidad de gastos y de proveedores. Seg¨²n la Sindicatura de Cuentas, la fundaci¨®n ha contratado y adquirido bienes y servicios 'sin basarse en datos objetivos'. El organismo que fiscaliza las cuentas p¨²blicas se?ala que la FCR segu¨ªa el criterio de compra de 'no pedir nunca presupuestos a m¨¢s de un proveedor'.

El auditor opina que la fundaci¨®n pagaba facturas no relacionadas de forma directa con sus actividades y objetivos fundacionales y que la debilidad del control aplicado a los proveedores 'ha impedido averiguar el coste de cada proyecto'. La Sindicatura insin¨²a que 'es posible que se hayan podido producir duplicidades de pagos'.

La Sindicatura ha comprobado que entre 1990 y 1998 se han realizado pagos a IBM y Cray Research por 3.115 millones de pesetas 'que podr¨ªan asimilarse a cuotas de financiaci¨®n de bienes de capital'. Estos pagos corresponden a los contratos de alquiler y mantenimiento de los superordenadores propiedad de la fundaci¨®n y cedidos en uso al Consorcio Centro de Supercomputaci¨®n de Catalu?a. 'La Sindicatura', concluye el informe entregado al Parlament, 'pidi¨® al director de la Fundaci¨®n estos contratos, pero no le fueron facilitados'.

La Sindicatura 'cuestiona' la forma en la que ha sido gestionada la entidad entre 1990 y 1998 y critica que las subvenciones recibidas para financiar bienes de capital (6.810 millones de la Generalitat) se hayan contabilizado como ingresos corrientes. Y advierte de que esta pr¨¢ctica 'puede haber dado lugar a responsabilidades administrativas' de los gestores.

La Sindicatura a?ade que el auditor externo de la Fundaci¨®n, Coopers & Lybrand, les neg¨® acceso a las recomendaciones que hicieron a la fundaci¨®n sobre las salvedades detectadas.

El desorden contable interno y la falta de sistemas de control lleva a la Sindicatura a afirmar que no son razonables y a cuestioanr en su integridad las cuentas anuales del periodo 1990-1993. En ese periodo, la fundaci¨®n recibi¨® subvenciones de la Generalitat por 2.961 millones.

Adem¨¢s, el informe de fiscalizaci¨®n considera que las actividades impulsadas por la fundaci¨®n como los proyectos Cinet, Xarxa Cinet o Nominalia Internet no encajan en las finalidades fundacionales de la misma. A?ade que al haberse nutrido de ayudas p¨²blicas 'podr¨ªan contravenir la Ley de Defensa de la Competencia.

Inversi¨®n en fondosLa Sindicatura tambi¨¦n cuestiona que la fundaci¨®n, que recibe el 92% de sus ingresos de subvenciones p¨²blicas y unos 432 millones de aportaciones de empresas privadas, colocaba en fondos de inversi¨®n sus excedentes de tesorer¨ªa. Estas inversiones llegaron a un m¨¢ximo de 1.948 millones, en 1995. 'Los fondos p¨²blicos recibidos por la fundaci¨®n', afirma la Sindicatura, 'se han de aplicar a los objetivos fundacionales o a la adquisici¨®n de los bienes necesarios para desarrollar las actividades estatutarias'. En su opini¨®n, estas inmovilizaciones de fondos 'no est¨¢n justificadas' y 'se deber¨ªan haber devuelto a la Generalitat'.Desde su creaci¨®n en 1986, la FCE ha sido presidida por Josep Maria Cullell (hasta 1998); Maci¨¤ Alavedra (hasta 1997); Xavier Trias (hasta 1998); y Rafael Espa?ol, presidente de La Seda. En su patronato figuran, adem¨¢s de la Generalitat, La Caixa, Fujitsu, Telef¨®nica, Gas Natural, Enher, La Seda, Ibercaja, Banca Catalana y la Federaci¨®n Catalana de Cajas de Ahorro.