El Congreso ampl¨ªa a los extranjeros indocumentados el derecho de petici¨®n

El proyecto de ley ha incorporado, en su paso por el Congreso, la pr¨¢ctica totalidad de las 64 enmiendas, despu¨¦s de que todos los grupos pactaran una redacci¨®n conjunta. El proyecto incluye la obligaci¨®n de las autoridades a responder en tres meses a las peticiones de los ciudadanos y a tomar medidas para cumplir lo pedido cuando est¨¦ justificado, abre la posibilidad de audiencia p¨²blica a los ciudadanos ante los Gobiernos y los Parlamentos y obliga a los poderes p¨²blicos a elaborar una memoria anual con el resultado de las peticiones cursadas.

- Cauce de expresi¨®n ciudadana.Con la regulaci¨®n del derecho de petici¨®n, los ciudadanos tienen un nuevo 'cauce de expresi¨®n en defensa de sus intereses'. Los destinatarios de las peticiones son los poderes p¨²blicos, los ¨®rganos constitucionales, as¨ª como todas las Administraciones P¨²blicas existentes. Seg¨²n la exposici¨®n de motivos de la ley, 'las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una informaci¨®n, o expresar quejas o s¨²plicas'.

El diputado del PNV Josu Erkoreka resumi¨® su naturaleza al asegurar que 'el derecho de petici¨®n no es un derecho asociado a la dignidad de la persona, sino un derecho vinculado a la participaci¨®n pol¨ªtica'. Los peticionarios podr¨¢n exigir 'la confidencialidad de sus datos'. ?sta es una de las novedades incorporadas en este tr¨¢mite. Otra es que las peticiones se podr¨¢n cursar incluso por correo electr¨®nico.

- Obligaci¨®n de respuesta. La Administraci¨®n P¨²blica o Gobierno que reciba una de esas peticiones 'acusar¨¢ recibo' y lo comunicar¨¢ al peticionario en un plazo m¨¢ximo de 10 d¨ªas. Despu¨¦s de esa recepci¨®n tendr¨¢ para contestar un plazo m¨¢ximo de tres meses desde la fecha de presentaci¨®n. Y no s¨®lo deber¨¢ contestar sino que, 'si lo considera necesario', convocar¨¢ al ciudadano que ha cursado la petici¨®n para escuchar sus argumentos. En el tr¨¢mite de enmiendas tambi¨¦n se ha incluido que 'cuando la petici¨®n se considere fundada' las autoridades estar¨¢n obligadas a 'tomar las medidas oportunas' para cumplirla.

- Audiencia parlamentaria. El derecho de ser escuchado va m¨¢s all¨¢ cuando las peticiones se dirijan al Congreso, al Senado o a las Asambleas legislativas de las comunidades aut¨®nomas. El proyecto de ley obliga a todas las C¨¢maras, nacionales y auton¨®micas, a modificar sus reglamentos para recoger 'la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios si as¨ª se considera oportuno'.

El diputado socialista Diego L¨®pez Garrido destaca la diferencia de que se 'considere oportuno' y que se 'considere necesario'. Mientras las Administraciones y los Gobiernos s¨®lo estar¨¢n obligadas a dar audiencia a los ciudadanos cuando sea necesario, los Parlamentos lo har¨¢n cuando sea oportuno, lo que ampl¨ªa desde el punto de vista pol¨ªtico la probabilidad de que estas audiencias lleguen a celebrarse.

- Derecho de los militares. La Constituci¨®n, en el art¨ªculo que consagra el derecho de petici¨®n, dice expresamente que los militares s¨®lo podr¨¢n ejercer ese derecho individualmente. Coalici¨®n Canaria pretend¨ªa incorporar la posibilidad de que los militares dirigieran 'sus reclamaciones y peticiones colectivas a trav¨¦s de las asociaciones legalmente constituidas'. Fue una de las pocas enmiendas no aprobadas. Aun as¨ª, CC la defender¨¢ en el debate en pleno, pese a la opini¨®n de la mayor¨ªa de que su pretensi¨®n puede ser inconstitucional.

- Consenso. El diputado del PP Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro, ponente de la ley, destac¨® el 'alt¨ªsimo grado de consenso alcanzado' y alab¨® las mejoras incorporadas con las enmiendas 'para que hoy podamos decir que este proyecto de ley, que era un proyecto del Gobierno, ahora lo sea tambi¨¦n de pr¨¢cticamente todos los grupos parlamentarios'. El pleno del Congreso de los Diputados debatir¨¢ probablemente el pr¨®ximo jueves el proyecto de ley.