Leproser¨ªas de pesadilla

Han pasado decenas de a?os encerrados en leproser¨ªas p¨²blicas que recuerdan las de tiempos medievales. Hasta 1996, mucho despu¨¦s de que se utilizaran en todo el mundo m¨¦todos sanitarios convencionales, la Administraci¨®n sanitaria japonesa los mantuvo separados de sus familias y del resto del mundo, como en la c¨¢rcel. Son ya ancianos, con una media de 74 a?os, y ayer fue el d¨ªa m¨¢s feliz de su dur¨ªsima vida. 'A partir de ahora podremos andar orgullosos por las calles. Ha quedado reconocido que nosotros tambi¨¦n somos seres humanos', coment¨® uno de ellos.

El motivo de su felicidad es que, tras una sentencia favorable del d¨ªa 11 de este mes, el primer ministro japon¨¦s, Junichiro Koizumi, les comunic¨® ayer que no iba a apelar la sentencia judicial del tribunal de Kumamoto (en el sur del pa¨ªs) que obliga al Gobierno a indemnizar con el equivalente a 2.857 millones de pesetas a 127 antiguos enfermos. Era la primera sentencia de varias que se van a producir en los pr¨®ximos meses.

Koizumi tambi¨¦n pidi¨® perd¨®n a las v¨ªctimas y asegur¨® que se destinar¨¢n dotaciones especiales a los enfermos de lepra actuales. 'Si el Gobierno hubiera apelado', manifest¨® Kazumi Sagano, uno de los enfermos que malvivi¨® en leproser¨ªas, 'habr¨ªa sido como si nos hubiera matado'.

Estrecha vigilancia

La Ley de Prevenci¨®n de la Lepra promulgada en 1953 obligaba a que los afectados por la bacteria, incluidos los ni?os de m¨¢s de siete a?os, abandonaran sus casas y fueran confinados en centros, sometidos a una estrecha vigilancia, forzados a la esterilizaci¨®n y controlados para que no abandonaran el centro sin permiso. Y aunque no todos los enfermos de lepra se vieran sometidos a sus duras imposiciones, la ley no fue derogada hasta 1996, por lo que fueron bastantes los que siguieron encarcelados hasta esa fecha.

Adem¨¢s de los 127 que ya han logrado su rehabilitaci¨®n, 1.700 enfermos est¨¢n pleiteando y han reclamado unos 184 millones de pesetas de indemnizaci¨®n cada uno. Argumentan que la ley era inconstitucional y viol¨® los derechos humanos. El Gobierno siempre mantuvo que no hab¨ªa habido tal violaci¨®n de derechos. Tambi¨¦n est¨¢n a las puertas de la justicia las demandas por 1.400 casos de esterilizaci¨®n y 3.000 de abortos provocados en las mismas leproser¨ªas. Aqu¨ª el Gobierno niega su responsabilidad apoy¨¢ndose en que esas medidas se tomaron a partir de los conocimientos m¨¦dicos disponibles en la ¨¦poca.

La revocaci¨®n de la ley en 1996 signific¨® que se generalizara el tratamiento de la lepra en hospitales comunes o se atendiera a los enfermos como pacientes externos, pero incluso despu¨¦s de esa fecha los prejuicios sociales hicieron que m¨¢s de 4.500 personas permanecieran encerradas en leproser¨ªas, aquejadas de fuertes miedos, s¨ªntomas nerviosos o en situaci¨®n de miseria. El Gobierno preve¨ªa hasta ahora destinar cuatro millones de pesetas para el tratamiento de aqu¨¦llos que decidan abandonar los centros.

Las investigaciones m¨¢s recientes establecen que el contagio de la lepra es posible por contacto, pero s¨®lo si estos se produden de forma estrecha y prolongada. No es en absoluto heredable, lo que convierte en totalmente absurdo el recurso a la esterilizaci¨®n o el aborto.