Un objetor sevillano se enfrenta al ¨²ltimo juicio por insumisi¨®n en Espa?a

Falc¨®n cometi¨® el supuesto delito en 1995, cuando se neg¨® a cumplir la Prestaci¨®n Social Sustitutoria que le correspond¨ªa en su condici¨®n de objetor de conciencia. Su entorno familiar y social vio su actitud como algo natural. 'Nadie lo considera un delito. Siempre me han aplaudido', afirma el insumiso.

Aquellos hechos ocurrieron con el antiguo C¨®digo Penal vigente, que los castigaba con una pena de prisi¨®n de entre dos a?os, cuatro meses y un d¨ªa y cuatro a?os, dos meses y un d¨ªa.

El c¨®digo actual prev¨¦ una pena de inhabilitaci¨®n especial de cuatro a?os, que impide al condenado elegir ni ser elegido en cualquier convocatoria electoral, acceder a puestos de funcionario o empleos p¨²blicos, o recibir becas, ayudas o subvenciones del Estado. La normativa transitoria permite al acusado que elija aquella normativa que le resulte m¨¢s beneficiosa. La fiscal¨ªa ha dado por supuesto que Falc¨®n preferir¨ªa la inhabilitaci¨®n y ¨¦sa es la pena que solicita para el insumiso en su escrito de acusaci¨®n, pero ¨¦ste explic¨® ayer que pedir¨¢ al juez que le juzgue conforme al C¨®digo Penal antiguo.

'La inhabilitaci¨®n es m¨¢s cruel que la prisi¨®n. Supone una aut¨¦ntica muerte civil, y enmascara la situaci¨®n vergonzante que supone condenar a un insumiso', asegur¨® Falc¨®n ayer en el Ayuntamiento de Sevilla, invitado por el grupo municipal de Izquierda Unida, formaci¨®n de la que ¨¦l es afiliado.

Pena de c¨¢rcel

El abogado defensor, Rafael Ib¨¢?ez, habitual representante de insumisos y colaborador del movimiento de objeci¨®n de conciencia en Espa?a, conf¨ªa en que la fiscal¨ªa no se atreva a pedir pena de c¨¢rcel para Falc¨®n y retire la acusaci¨®n. En el caso de que el fiscal siga adelante, todav¨ªa conf¨ªa Ib¨¢?ez en que el juez archive la causa antes que mandar al insumiso a la c¨¢rcel por un delito que ya no existe.

Ib¨¢?ez ironiza sobre el retraso que ha sufrido la instrucci¨®n del caso de Rafael Falc¨®n, que ha durado seis a?os. 'Rafa es la primera v¨ªctima conocida del vertido de Aznalc¨®llar'. Lo dice, medio en serio, medio en broma, porque el juzgado de Sanl¨²car la Mayor, el que ha investigado el desastre ecol¨®gico del r¨ªo Guadiamar, es el mismo que ha tenido aparcada la historia de Falc¨®n durante a?os.

Tras la incorporaci¨®n a los cuarteles en marzo de los ¨²ltimos reclutas, y de los ¨²ltimos objetores de conciencia a sus puestos en la Prestaci¨®n Social Sustitutoria, nadie puede ya cometer el delito por el que se juzga a Rafael Falc¨®n. 'El PP se empe?a en mantener esta anomal¨ªa t¨¦cnica hasta que en diciembre de este a?o salgan los ¨²ltimos mozos de los cuarteles. Pero es una situaci¨®n legal esperp¨¦ntica', lamentaba ayer Ib¨¢?ez.

El Partido Popular ha rechazado recientemente una moci¨®n en el Senado que ped¨ªa la abolici¨®n de ese delito. El mismo martes, IU presentar¨¢ una iniciativa similar en el Congreso de los Diputados. Ese d¨ªa, Falc¨®n sentir¨¢ a¨²n m¨¢s cercano el apoyo de sus compa?eros pol¨ªticos e ideol¨®gicos. El coordinador de la coalici¨®n en Andaluc¨ªa, Diego Valderas, es uno de los testigos que Ib¨¢?ez llamar¨¢ el martes durante el juicio. El alcalde de Umbrete, pueblo natal de Falc¨®n, tambi¨¦n testificar¨¢ a su favor.

Adem¨¢s, las asociaciones y colectivos que apoyan a Rafael Falc¨®n han convocado una concentraci¨®n en el Prado de San Sebasti¨¢n, a las puertas de los juzgados de lo penal. En el n¨²mero 11, a las 9.30, comenzar¨¢ el ¨²ltimo juicio por insumisi¨®n en Espa?a.