La hora del pacto

El presidente del Gobierno y los secretarios generales del PP y del PSOE rubricaron ayer el pacto para la reforma de la justicia, en un gesto de m¨¢ximo apoyo pol¨ªtico a la iniciativa. Lo necesitar¨¢, y no s¨®lo por parte del Gobierno y de los dos grandes partidos que sostienen el acuerdo, sino del resto de las fuerzas parlamentarias. Aunque el pacto marca n¨ªtidamente las l¨ªneas generales a seguir y acota su horizonte temporal -la actual legislatura y la pr¨®xima-, su concreci¨®n necesitar¨¢ de las m¨¢ximas asistencias parlamentarias e intitucionales en la comisi¨®n de seguimiento que ha de modular su aplicaci¨®n.

En principio, hay que alabar que el PP no haya hecho bandera de las cuestiones m¨¢s ideol¨®gicas de la reforma para facilitar el acuerdo con el PSOE y concentrar los esfuerzos en los aspectos de mejora de la organizaci¨®n judicial que redunden en una mayor calidad y eficiencia del servicio prestado al ciudadano. De haber insistido el PP en mantener a rajatabla la vuelta a la elecci¨®n corporativa de los 12 vocales judiciales del Consejo, en acabar con el acceso restringido de juristas de prestigio y experiencia a la judicatura -los llamados de tercer y cuarto turno- y no haber aplazado su juicio definitivo sobre el jurado popular, es posible que el acto de ayer no hubiera tenido lugar. Algunos de sus hooligans le han acusado al PP de haber renunciado a principios b¨¢sicos defendidos durante su etapa de oposici¨®n. Pero, si as¨ª fuera, ten¨ªa buenos motivos para hacerlo, sobrevenidos en su etapa de Gobierno.

Bloquear el acceso a la judicatura de juristas de prestigio habr¨ªa sido una irresponsabilidad en momentos de dificultad para cubrir por oposici¨®n las plazas judiciales. Conocedor de la situaci¨®n, el ministro Acebes abog¨® ayer por estos juristas -abogados, catedr¨¢ticos, secretarios de juzgado-, 'dispuestos a dedicar un tiempo de su vida a poner sentencias'. Tambi¨¦n es responsable y realista por parte del partido gobernante aparcar su decisi¨®n sobre el jurado popular, tras el informe elaborado por el Consejo del Poder Judicial que refleja su aceptaci¨®n social. Y en cuanto a la designaci¨®n de los 12 vocales judiciales del Consejo, la f¨®rmula consensuada con el PSOE -elecci¨®n parlamentaria entre 36 candidatos propuestos por asociaciones judiciales y jueces independientes- consigue en buena medida el efecto buscado por el PP de evitar 'el mensaje de vinculaci¨®n de los miembros del ¨®rgano de gobierno a los partidos pol¨ªticos', sin eliminar el principio de que la elecci¨®n de ese ¨®rgano constitucional corresponde al Parlamento.

De la resoluci¨®n previa de estas cuestiones controvertidas depend¨ªa la viabilidad del pacto. Pero tambi¨¦n un desarrollo del mismo centrado sobre todo en el dise?o de un modelo de organizaci¨®n judicial accesible a los ciudadanos y razonablemente ¨¢gil en sus resoluciones. A ese objetivo se orientan la mayor¨ªa de sus 23 puntos. Su financiaci¨®n est¨¢ garantizada con una partida presupuestaria de 250.000 millones de pesetas, pero traducir lo que son de momento meros puntos program¨¢ticos en resoluciones legislativas acertadas y en medidas de gesti¨®n eficaces no ser¨¢ f¨¢cil. Algunas, como la apertura de la oficina judicial ma?ana y tarde, habr¨¢ de negociarse con los colectivos judiciales para evitar fiascos como el fallido intento de control mec¨¢nico de su horario laboral, en 1994, al que los sectores conservadores de la judicatura se opusieron con el peregrino argumento de que atentaba contra el 'fuero judicial'. Y otras, como la limitaci¨®n temporal de la instrucci¨®n sumarial, no garantizan por s¨ª mismas que la justicia ser¨¢ m¨¢s r¨¢pida.

Las leyes actuales establecen plazos muy precisos para las mayor¨ªa de las diligencias judiciales, que no suelen cumplirse. Y desde hace a?os existe 'un procedimiento abreviado', eminentemente oral y sin apenas instrucci¨®n sumarial, destinado al enjuiciamiento del 80% de los delitos, sin que haya agilizado gran cosa la justicia penal. El pacto deber¨¢ hacer hincapi¨¦ en la modernizaci¨®n de los m¨¦todos de trabajo de la oficina judicial, propiciando un cambio de mentalidad en todo su personal, especialmente en los jueces.