La reforma universitaria que no queremos

La nueva Ley de Universidades ha empezado a caminar. En la intervenci¨®n ante el pleno del Consejo de Universidades, la ministra de Educaci¨®n y Cultura introdujo el avance del texto. Ni que decir tiene que el borrador del anteproyecto de ley era desconocido para la gran mayor¨ªa de la comunidad universitaria, por m¨¢s que algunas filtraciones period¨ªsticas nos hab¨ªan ayudado a entrar en los misterios de tan sugerente propuesta. Sin entrar todav¨ªa al an¨¢lisis en profundidad del texto, s¨ª hay una primera cuesti¨®n que conviene tener presente: el procedimiento seguido para elaborar la ley. En ¨¦l, las comunidades aut¨®nomas, al menos la del Pa¨ªs Vasco, no han sido consultadas ni una sola vez.

El ministerio ha elaborado un anteproyecto de ley que tiene como objetivo transformar la estructura de la Universidad sin preguntar, sin escuchar y sin consultar a la Comunidad Aut¨®noma Vasca, que, parad¨®jicamente debe gestionar y financiar el coste de esta ley. El tema es a¨²n m¨¢s grave porque el Estado espa?ol est¨¢ organizado en 17 comunidades aut¨®nomas y son ¨¦stas las que tienen transferidas las competencias sobre la Universidad. Es como si el proyecto ministerial se hubiera olvidado no s¨®lo de los buenos usos democr¨¢ticos, sino de la realidad del sistema universitario. Si las comunidades aut¨®nomas son las garantes y las gestoras de este servicio p¨²blico, si tienen transferidas las competencias sobre ¨¦l, si el Ministerio de Educaci¨®n no tiene competencias para administrar y la financiaci¨®n es responsabilidad auton¨®mica, no tiene raz¨®n de ser la ignorancia gubernamental de cuesti¨®n tan central. De igual manera, debiera saberse que s¨®lo cuando el proyecto es compartido puede legitimarse y ser reconocido por todos.

El segundo hecho a destacar es que el proyecto de la ministra Pilar del Castillo entra en la Universidad como elefante en cacharrer¨ªa. No comparte ni con unas (comunidades aut¨®nomas) ni con otras (universidades) el diagn¨®stico de la situaci¨®n. Cabr¨ªa entonces preguntarse ?para qu¨¦ queremos esta ley? Y, sobre todo, ?qu¨¦ diagn¨®stico ha elaborado el ministerio sobre la situaci¨®n de la Universidad? ?Cu¨¢les son las l¨ªneas maestras de este diagn¨®stico? Cuando se acude al texto de la ministra quedamos perplejos, el diagn¨®stico no aparece por ninguna parte. Quiz¨¢ estemos ante una versi¨®n novedosa de la jurisprudencia del Partido Popular que consiste en creer que tener mayor¨ªa absoluta en las Cortes Generales exime de precisar estas cuesiones previas.

Hay un tercer hecho que no debemos obviar: la filosof¨ªa del proyecto, que se funda en cinco principios:

1. Las competencias exclusivas del Estado en pr¨¢cticamente todos los aspectos b¨¢sicos del entramado universitario.

2. La minusvaloraci¨®n de las competencias auton¨®micas. ?stas quedan sujetas a concesiones posteriores, a la regulaci¨®n exhaustiva a trav¨¦s de reglamentos y decretos y a los procedimientos pormenorizados (seguramente de imposible cumplimiento).

3. La falta de respeto y equilibrio a la triple dimensi¨®n competencial en el ¨¢mbito universitario: Estado, comunidades aut¨®nomas, Universidad.

4. El cuestionamiento, de hecho, del Estado de las Autonom¨ªas, en cuanto ¨¦stas quedan supeditadas a dos funciones: ser oficinas burocr¨¢ticas que gestionan la legislaci¨®n b¨¢sica que promulga el Estado y, en segundo lugar, transformarse en agencias de financiaci¨®n de aquello que el Estado dice que hay que hacer.

5. No se respeta el principio de la diversidad del sistema universitario. Son, una vez m¨¢s, los supuestos uniformizadores y homogeneizadores los que priman sobre cualesquiera otros. V¨¦ase si no c¨®mo se regulan los ¨®rganos de gobierno, la estructura de profesorado (con la habilitaci¨®n estatal como santo y se?a de la reforma), el nuevo papel que se concede al Consejo de Coordinaci¨®n, las funciones que se atribuye la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n y Acreditaci¨®n, la intervenci¨®n del Estado en la definici¨®n del sistema de acceso a la universidad, etc¨¦tera.

El cuarto hecho que quiero resaltar es la carencia que presenta el proyecto de un modelo claro, reconocible de Universidad. No vale trasladar a la opini¨®n p¨²blica formulaciones gen¨¦ricas, casi todas relacionadas con la calidad y la competitividad, cuando en la pr¨¢ctica el sistema que se construye hace imposible el despliegue de estos principios. Estamos convencidos de que una definici¨®n burocr¨¢tica de los problemas de la Universidad como los que presenta el anteproyecto de ley, que no tiene diagn¨®stico del sistema, que es r¨ªgido, reglamentista y confuso, que ha ignorado a la mayor¨ªa de los agentes educativos en su elaboraci¨®n, que niega el car¨¢cter auton¨®mico del Estado y las competencias de las comunidades y que pone en solfa la autonom¨ªa universitaria, no es el proyecto que la Universidad necesita.

El anteproyecto del ministerio ignora que un sistema tan complejo y diversificado como el actual s¨®lo puede gestionarse y alcanzar la legitimidad necesaria si se coordina desde supuestos m¨ªnimos y con una ley de bases que tenga su virtud mayor en la precisa definici¨®n y coordinaci¨®n de los m¨ªnimos comunes que debe reunir el sistema universitario. Los proyectos reglamentistas uniformizadores, la reducci¨®n de las competencias a las comunidades aut¨®nomas o la ausencia de consenso impiden la creaci¨®n de un diagn¨®stico com¨²n.

El proyecto de ley sobre el sistema universitario debe saber crear el necesario equilibrio entre el respeto a la autonom¨ªa, la participaci¨®n y la responsabilidad. Pero la calidad buscada s¨®lo puede surgir de la flexibilidad, de la diversidad y de la eficiencia. Ciertamente, la flexibilidad que debiera desarrollar el anteproyecto se opone a la definici¨®n de estructuras r¨ªgidas y uniformes, tal y como ahora aparecen y que no permiten ni la adaptaci¨®n a las demandas de la sociedad ni a los requerimientos de la eficiencia. Por otra parte, contemplar la diversidad significa que, cuando el sistema es tan complejo como el presente, si la oferta y la demanda del bien universitario se multiplican y si los requerimientos organizativos son m¨²ltiples, las respuestas que demos deben ser tambi¨¦n variadas.

Ander Gurrutxaga Abad es viceconsejero de Universidades e Investigaci¨®n del Gobierno vasco.