El fiscal pide 14 a?os de inhabilitaci¨®n para un ex regidor del PP de Galapagar

El que fuera alcalde popular de Galapagar, Fernando Rubio Guill¨¦n, y varios miembros de su equipo de gobierno se enfrentan a una posible pena de 14 a?os de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico por un presunto delito de prevaricaci¨®n al otorgar licencias de obras para dos promociones de chal¨¦s que vulneraban las normas urban¨ªsticas. Ayer dio comienzo el juicio oral en la Audiencia Provincial, en el que tambi¨¦n est¨¢n implicados Eugenio de Pablo Andr¨¦s, que ocupaba el puesto de teniente de alcalde cuando ocurrieron los hechos, as¨ª como los tres ex concejales Emilio Greciano Guada?o, Jos¨¦ Luis Andr¨¦s Garc¨ªa y F¨¦lix L¨®pez Zamorano, y el que fuera arquitecto municipal Luis Rodr¨ªguez G¨¢lvez.

Las infracciones por las que se juzga al anterior equipo de gobierno se refieren a dos actuaciones urban¨ªsticas diferentes. Por una parte, el 26 de septiembre de 1988, la comisi¨®n de gobierno de Galapagar aprob¨® conceder una licencia a la empresa Navasierra, SA, para la construcci¨®n de 13 chal¨¦s adosados con tres alturas. En esta ocasi¨®n, el equipo de gobierno no tuvo en cuenta que un informe de los servicios de inspecci¨®n urban¨ªstica de la Comunidad de Madrid pon¨ªa de manifiesto que la edificaci¨®n vulneraba el tope m¨¢ximo permitido: dos alturas. Los vecinos reiteraron sus denuncias, pero el Ayuntamiento no consider¨® necesario parar las obras.

Nueva infracci¨®n

La segunda actuaci¨®n presuntamente delictiva que se juzga se refiere a la concesi¨®n de una licencia de obras el 20 de junio de 1988 para la construcci¨®n de 35 viviendas adosadas a la entidad Promociones Adosadas Navaparque, SA, en un solar situado en las calles de la Acequia, Puchero y Colada del Charco de la Hoya. El proyecto de ejecuci¨®n de estas obras se aprob¨® el 17 de abril de 1989. Pero en este momento la empresa no inici¨® la construcci¨®n y se vio obligada a solicitar una pr¨®rroga, que tambi¨¦n caduc¨®. La promotora pidi¨® una segunda pr¨®rroga en 1989, que tambi¨¦n se le concedi¨®, con el informe favorable del arquitecto municipal. Esta ¨²ltima fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia en 1989, sentencia confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, ya que entendi¨® que la concesi¨®n vulneraba la normativa urban¨ªstica permitiendo la edificaci¨®n de los inmuebles en contra de la legalidad.

La Comunidad de Madrid paraliz¨® la construcci¨®n en determinados lugares del municipio el 6 de octubre de 1988, tras las m¨²ltiples denuncias interpuestas por los vecinos. El Ayuntamiento de Galapagar, a pesar de conocer los planes de la Comunidad, decidi¨® otorgar las licencias de construcci¨®n -por las que ahora se les juzga- en los meses anteriores, hecho por el que el fiscal considera que se burlaron las previsiones del nuevo planeamiento.