La pu?alada trapera de un juez amigo

Cuando en 1992 Le¨®n Arslani¨¢n abandon¨® la cartera de Justicia que ocupaba en el primer Gobierno de Carlos Menem, hizo una tremenda advertencia p¨²blica: 'Los jueces que est¨¢n siendo designados con criterios de amistad ser¨¢n los primeros en dar una pu?alada trapera al presidente y a sus ac¨®litos'. Arslani¨¢n acababa de dimitir por estar 'en total desacuerdo' con los criterios de designaci¨®n de los miembros de la carrera judicial argentina. El a?o siguiente lleg¨® a la justicia federal el joven Jorge Urso, cumplidos los 36. Como otros jueces amigos del poder, lleg¨® de la mano del ministro del Interior, Carlos Corach, fiel escudero de Menem. Ocho a?os despu¨¦s se ha cumplido el presagio. El ex presidente est¨¢ detenido y a punto de ser procesado por el juez 'amigo' de anta?o.

'Advert¨ª de que el mejor sistema pod¨ªa naufragar si los recursos humanos no estaban a la altura de las circunstancias', recuerda el ex juez Arslani¨¢n, que integr¨® el tribunal que juzg¨® en 1984 a los comandantes de las juntas militares de la dictadura. La justicia, dice, 'fue puesta en la picota desde el comienzo del menemismo por los criterios con que se designaba a los jueces amigos, que se pon¨ªan la camiseta de Menem y juraban lealtad antes de su designaci¨®n'. Eran los tiempos de la ostentaci¨®n del poder, de la mayor¨ªa autom¨¢tica de la Corte Suprema a favor del oficialismo y de la denuncia de que Corach hab¨ªa escrito en una servilleta los nombres de los jueces adictos, entre ellos Urso.

'Cuando llega el nuevo Gobierno se produce un proceso de reconversi¨®n evangelizadora', dice con mordaz iron¨ªa Arslani¨¢n. 'Esos mismos jueces que eran execrables han comenzado a producir hechos extraordinariamente justos. Mentira. Lo que est¨¢n haciendo es cubrirse y evitar las consecuencias de eventuales investigaciones en su contra. Esto es lo que pasa con los jueces federales'. Es la opini¨®n de un jurista de prestigio pero que hoy tiene en sus manos la defensa de cuatro imputados en la causa del contrabando de armas por la que ha sido detenido Menem. Se trata de Guido di Tella, ex ministro de Exteriores; Fernando Petrella, viceministro; el brigadier general Juan Paulik, ex jefe de la Fuerza A¨¦rea, y el coronel Carlos Franke, ex director de Producci¨®n para la Defensa.

Las sospechas de negocios sucios en la venta de material militar argentino vienen de lejos, aunque la investigaci¨®n judicial no arranca hasta que el abogado Ricardo Monner Sans present¨® la primera denuncia el 15 de marzo de 1995, el mismo d¨ªa que Carlos Menem j¨²nior, hijo del presidente, fallec¨ªa en un accidente a¨¦reo sobre el que persisten interrogantes. La causa que instruyen el juez Urso y el fiscal Carlos Stornelli incorpor¨® parte de la investigaci¨®n del periodista Daniel Santoro. Seis mil quinientas toneladas de armas fueron desviadas hacia Croacia entre 1991 y 1995, lo que violaba el embargo militar decretado por la ONU contra la antigua Yugoslavia.

Otros 5.000 fusiles FAL y 75.000 toneladas de armas y municiones procedentes de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, llegaron a Ecuador en 1995, en plena guerra con Per¨². Argentina era uno de los cuatro pa¨ªses garantes del Protocolo de R¨ªo para el fin del conflicto. Panam¨¢, Venezuela y Bolivia eran los destinos que figuraban en los decretos presidenciales firmados por Menem, Guido di Tella, el ministro de Defensa, Erman Gonz¨¢lez, y de Econom¨ªa, Domingo Cavallo. Menem y Gonz¨¢lez est¨¢n detenidos, Di Tella est¨¢ citado a declarar como imputado y, de momento, Cavallo no aparece en el punto de mira de la investigaci¨®n. El actual ministro de Econom¨ªa y hombre fuerte del Gobierno de Fernando de la R¨²a asegura estar tranquilo y no temer ninguna acci¨®n de la justicia.

En los pr¨®ximos diez d¨ªas, el juez Urso decidir¨¢ si procesa a Menem y ordena la prisi¨®n preventiva, que cumplir¨ªa en arresto domiciliario por razones de su edad (70 a?os). La situaci¨®n del ex presidente se puede complicar a medida que avancen otras investigaciones. En este sentido, cobra especial importancia la labor de la comisi¨®n parlamentaria de lavado de dinero que, bajo la presidencia de la diputada Elisa Carri¨®, examina los documentos remitidos recientemente por el Senado de EE UU. Dicha informaci¨®n puede revelar la ruta del dinero sucio en los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n ocurridos durante el Gobierno de Menem.

La cascada de actuaciones delictivas a lo largo de la d¨¦cada pasada puede empezar a desentra?arse. La investigaci¨®n del contrabando de armas ha llegado a lo m¨¢s alto. Pero quedan muchos cap¨ªtulos que la justicia ha sido incapaz de esclarecer, como los presuntos sobornos que se pagaron en la privatizaci¨®n de los servicios p¨²blicos (con notable presencia espa?ola); el yomagate, que inclu¨ªa en el lavado de dinero a Amira Yoma, cu?ada de Menem; la concesi¨®n de la ciudadan¨ªa argentina al traficante de armas sirio Monzer al Kassar; la compra por 66 millones de d¨®lares del avi¨®n presidencial Tango 01; los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la mutual de la comunidad jud¨ªa en Argentina; el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n en el contrato entre el Banco Naci¨®n e IBM, o la construcci¨®n del aeropuerto en el pueblo natal de Menem, Anillaco, y la consiguiente causa judicial que investig¨® al entonces presidente por enriquecimiento il¨ªcito.

Los cargos que pesan ahora contra el detenido son ser el jefe de una asociaci¨®n il¨ªcita que fragu¨® el contrabando de armas, y falsedad, por firmar decretos que consignaban destinos falsos. El primer delito (no excarcelable) conlleva una pena de 3 a 10 a?os de prisi¨®n, y el segundo (excarcelable), un m¨ªnimo de un a?o de c¨¢rcel. 'Los hechos imputados son importantes, pero la significaci¨®n jur¨ªdica que la C¨¢mara Federal y el juez han acordado a tales hechos es incorrecta. Hay que respetar la garant¨ªa de inocencia y la libertad durante el proceso. Creo que estas detenciones son puramente efectistas', se?ala Le¨®n Arslani¨¢n.

Los defensores de los acusados se?alan que el juez Urso no est¨¢ libre de sospecha, y recuerdan no s¨®lo su pasado menemista, sino la investigaci¨®n que ha abierto el Consejo de la Magistratura sobre su presunto enriquecimiento il¨ªcito. La actuaci¨®n del magistrado ha merecido la reprobaci¨®n de algunos juristas que cuestionan el adelantamiento de la citaci¨®n de Menem para prestar declaraci¨®n indagatoria, fijada inicialmente para el 13 de julio, o la orden de detenci¨®n comunicada al general Balza, ex jefe del Ej¨¦rcito, antes de que empezara a declarar. Para Arslani¨¢n, 'no se trata de persecuci¨®n pol¨ªtica' como vociferan los seguidores del ex presidente, 'sino de una presi¨®n social que demanda investigaciones'. Y agrega: 'El caso Menem no es ninguna muestra de independencia judicial, sino de todo lo contrario, de dependencia del poder judicial de una serie de factores como los medios de comunicaci¨®n o la opini¨®n p¨²blica'.

Una encuesta publicada ayer por el diario Clar¨ªn se?ala que el 77% de los consultados est¨¢ de acuerdo con la detenci¨®n de Menem, el 66,8% considera que es culpable, aunque el 47,1% estima que no hay garant¨ªas para que tenga un juicio justo, frente a un 44,1% que opina lo contrario. Los encuestados rechazan por mayor¨ªa abrumadora (79,5%) un eventual indulto del Gobierno, hip¨®tesis que ha insinuado el ministro del Interior, Ram¨®n Mestre, en estos t¨¦rminos: 'Despu¨¦s del indulto que se concedi¨® a ex dictadores y terroristas, no veo por qu¨¦ desechar' dicha medida. Si Menem es puesto en libertad, las instituciones argentinas caer¨¢n en el descr¨¦dito. 'Entre el desencanto de la gente y la vigencia del Estado de Derecho y el respeto por las garant¨ªas constitucionales, yo me quedo con lo ¨²ltimo', responde sin titubear Arslani¨¢n.

Mientras, el antiguo caudillo aguarda su futuro en una finca al norte de Buenos Aires que parece la mansi¨®n de Dinast¨ªa, acompa?ado de su esposa, Cecilia Bolocco, y con la protecci¨®n de una veintena de polic¨ªas. Eso s¨ª, la casa tiene un quincho (porche) para 50 personas, por si el cautivo quiere realizar un asado.