Vocales judiciales

El pacto para la reforma de la justicia ha dejado la pelota de la elecci¨®n de los 12 vocales judiciales del Consejo del Poder Judicial en el tejado del Parlamento, pero atribuye a los jueces la iniciativa de ponerla en juego. Como paso previo e ineludible a la elecci¨®n parlamentaria de estos 12 vocales, los 3.500 jueces en activo deber¨¢n proceder -bien a trav¨¦s de sus asociaciones o individualmente con los correspondientes avales- a la designaci¨®n de 36 candidatos, es decir, tres por cada una de las vocal¨ªas sujetas a elecci¨®n. Esta cu?a judicial en el sistema de elecci¨®n parlamentaria obliga a urgentes reformas legales si se quiere, como pretenden el PP y el PSOE, principales signatarios del pacto, que la nueva f¨®rmula sea operativa para la pr¨®xima renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de la judicatura en julio pr¨®ximo.

La tramitaci¨®n de estas reformas -en concreto, la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y los reglamentos del Congreso y del Senado- ya est¨¢ en marcha. Las reformas en s¨ª no plantean mayor problema. Se trata, simplemente, de trasladar a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y a los reglamentos de las C¨¢maras la f¨®rmula de elecci¨®n acordada en el pacto por la justicia. M¨¢s dificultad plantea acordar los mecanismos legales que garanticen que la preselecci¨®n de los 36 candidatos se har¨¢ de forma transparente y abierta, en funci¨®n de la representatividad de cada asociaci¨®n judicial y sin detrimento de los jueces no asociados.

Es dif¨ªcil que estos mecanismos puedan estar listos para la renovaci¨®n del Consejo en julio. Quiz¨¢s habr¨ªa sido m¨¢s l¨®gico hacer las cosas con m¨¢s calma, aunque ello significara de hecho -como ha sucedido en otras ocasiones- una pr¨®rroga del mandato del actual Consejo hasta septiembe u octubre. Pues se har¨ªa un flaco favor a la nueva modalidad de elecci¨®n si se iniciara su puesta en marcha con procedimientos precipitados y chapuceros. Al colectivo judicial hay que darle tiempo para consensuar un sistema de preselecci¨®n de candidatos con igualdad de oportunidades para todos sus miembros. Parece razonable que las 36 candidaturas se repartan entre jueces asociados y no asociados -la mitad de los 3.500 jueces en activo en cada caso- y en proporci¨®n al n¨²mero de afiliados de cada asociaci¨®n en el primer supuesto, pero ser¨ªa aberrante que la designaci¨®n de los candidatos presentados al Parlamento quedara en manos de las ejecutivas de las asociaciones. Ser¨ªa volver al denostado sistema de 'cuotas', pero esta vez en el campo de los jueces. Para evitar ese riesgo s¨®lo hay un camino: elecci¨®n mayoritar¨ªa con candidaturas abiertas y designaci¨®n de las m¨¢s votadas.