Expertos del Consejo de Europa proponen que Espa?a ofrezca m¨¢s autonom¨ªa a Anticorrupci¨®n
Recomiendan que la Administraci¨®n comunique obligatoriamente los fraudes a la fiscal¨ªa
Espa?a est¨¢ recibiendo cr¨ªticas en el plenario del Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n (GRECO) del Consejo de Europa, reunido esta semana en Estrasburgo para evaluar los mecanismos de lucha contra la corrupci¨®n. Los expertos cuestionan la potestad del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, para apartar a los fiscales de determinadas investigaciones. Esta objeci¨®n est¨¢ recogida en el informe que tres expertos europeos han redactado tras visitar diversas instituciones, entre ellas la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n informan fuentes judiciales.
En los dos primeros d¨ªas de debate sobre los mecanismos estatales de la lucha contra los delitos econ¨®micos, Espa?a est¨¢ recibiendo cr¨ªticas y alabanzas. Los expertos que participan en el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa (GRECO) elogian a Espa?a por disponer de una instituci¨®n especializada como es la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, as¨ª como por la alta cualificaci¨®n profesional de sus integrantes y por el hecho de disponer de un equipo de polic¨ªas y guardias civiles igualmente s¨®lidamente formados para perseguir los intrincados fraudes financieros. El acceso a informaciones reservadas de la Agencia Tributaria es tambi¨¦n valorado por los expertos que, sin embargo, critican algunas carencias y, muy especialmente, la falta de autonom¨ªa de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n respecto de la Fiscal¨ªa General del Estado.
Los tres evaluadores europeos se entrevistaron el pasado octubre en Madrid, a instancias del Ministerio de Justicia, con representantes de la Audiencia Nacional, el Tesoro P¨²blico, el Banco de Espa?a y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Fruto de estas entrevistas ha sido el borrador de informe que dichos especialistas han sometido a debate en Estrasburgo y que no recibir¨¢ la calificaci¨®n oficial hasta la segunda lectura, prevista para el pr¨®ximo viernes. En dicho borrador se plantean dudas sobre la suficiencia del presupuesto de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y se pregunta tambi¨¦n si la colaboraci¨®n entre las instituciones podr¨ªa ser m¨¢s eficaz. Por ejemplo, que se comunicaran obligatoriamente a Anticorrupci¨®n los fraudes econ¨®micos detectados en las administraciones p¨²blicas. Tambi¨¦n cuestionan el acceso prohibido de los fiscales a cuentas bancarias, o que los responsables de las entidades financieras no infornen de transacciones aparentemente sospechosas. Los expertos creen que estas cautelas facilitar¨ªan la investigaci¨®n sobre el blanqueo de capitales.
La inmunidad de los parlamentarios y ministros tampoco ha sido bien recibida en este debate, que cuenta con dos representantes del Ministerio de Justicia -Valent¨ªn Due?as y Alfredo Pascual- para rebatir las cr¨ªticas de los expertos. Los representantes de Suecia, el pa¨ªs que ha seguido a Espa?a en el turno de las evaluaciones, comentaron que en Suecia el privilegio de los pol¨ªticos a ser juzgados s¨®lo por el Supremo resultar¨ªa 'inconcebible'.
El eje central de las cr¨ªticas, no obstante, ha sido la potestad del Fiscal General del Estado, un cargo de designaci¨®n gubernamental, de parar determinadas investigaciones de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y remitirlas a otras instancias, a?adieron las citadas fuentes. No se ha cuestionado la capacidad de nombramiento del Gobierno, ni el derecho del fiscal general de dise?ar el funcionamiento de la instituci¨®n. Pero s¨ª el hecho de que pueda interferir directamente en las investigaciones.
El Fiscal Jefe de Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo,. critic¨® duramente en M¨¢laga el pasado s¨¢bado que el Gobierno hubiera vetado su presencia en la reuni¨®n del Consejo de Europa para evaluar la pol¨ªtica contra la corrupci¨®n que se aplica en Espa?a, lo que calific¨® de 'ingerencia inadmisible del poder ejecutivo en el funcionamiento y las responsabilidades propias de un ¨®rgano del ministerio fiscal'. El Ministerio de Justicia desminti¨® este presunto veto.
Fuentes comunitarias comentaron que es frecuente que los representantes de los Gobiernos de los pa¨ªses que comparecen ante el GRECO lo hagan acompa?ados por los responsables de la lucha anticorrupci¨®n.
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