La Universidad, entre el Estado y el mercado

Si bien es evidente la necesidad de revisar la Ley de Reforma Universitaria de 1983, no lo es tanto hacerlo con una ley nueva, como la propuesta Ley de Universidades. Asentado ya el marco constitucional, que se desarroll¨® entonces, las expectativas que genera una nueva ley reabren debates superados de distribuci¨®n de competencias entre universidades, comunidades aut¨®nomas y Gobierno central. Quiz¨¢s hubiera sido m¨¢s acertado un plan de mejora de la calidad de las universidades del que, inevitablemente, tendr¨ªan que deducirse reformas importantes de la ley del 83. Como acaba de se?alar la OCDE, frente a una media de gasto universitario por alumno/a?o de 9.063 d¨®lares, en Espa?a gastamos 5.038, de modo que puede que las universidades sean corporativistas, pero ciertamente no son caras ni parecen estar mal administradas. Lo que la universidad parece necesitar, m¨¢s que leyes, es programas bien financiados que generen incentivos en la mejora de la calidad.

El riesgo del procedimiento seguido es que, como suele ocurrir en materia universitaria, el n¨²mero y la vehemencia de los actores, int¨¦rpretes y opinantes genera una algarab¨ªa poco coherente (y eso que a¨²n no conocemos las disposiciones transitorias). As¨ª, no parece razonable que las universidades critiquen la nueva ley porque otorga mayores competencias a las comunidades (lo que un prestigioso rector ha llamado 'zaplanear' las universidades) mientras que los consejeros de Educaci¨®n se quejan de que les resta competencias y atenta contra los Estatutos. Si alguien no gana con la nueva ley es el ministerio, y puesto que estamos ante un juego de suma cero, no puede ser que las dos 'autonom¨ªas' pierdan al tiempo. Como tampoco parece coherente que si unos y otros perciben una mayor intervenci¨®n p¨²blica en la vida universitaria los estudiantes aleguen, por el contrario, que se privatiza la universidad. Al final todos est¨¢n en contra, pero por razones contradictorias.

Lo que esto parece indicar es la necesidad de mayor sosiego. La ley, larga y prolija en ocasiones, plantea muchos temas discutibles y algunos acertados. Me limitar¨¦ hoy a se?alar uno de cada lado, el primero sobre las competencias respectivas. Los constituyentes quisieron dejar fuera del marco de las CCAA dos instituciones importantes, la justicia y las universidades, y para ello las dotaron de un r¨¦gimen peculiar. El fundamento de la autonom¨ªa universitaria est¨¢ en la libertad de la ciencia (de la que deriva la de c¨¢tedra) que abarca materias de car¨¢cter acad¨¦mico (docente e investigador). Por supuesto no alcanza a la definici¨®n de objetivos pol¨ªticos (como creaci¨®n de nuevas ense?anzas), al marco presupuestario y menos a¨²n a la rendici¨®n p¨²blica de cuentas, la famosa accountability. Con buen criterio, el ministerio ha iniciado ahora el camino de separar los mecanismos de toma de decisi¨®n pol¨ªtica de los de toma de decisi¨®n acad¨¦mica, quiz¨¢s incluso atribuy¨¦ndolos a ¨®rganos distintos (Consejo Social y Junta de Gobierno), lo que parece sensato. Pensemos que sin esa saludable separaci¨®n, por ejemplo, la Universidad del Pa¨ªs Vasco ser¨ªa hoy otro 'espacio liberado'.

En todo caso, una lectura de la ley hace temer que le podr¨ªa ocurrir algo similar a lo que ya aconteci¨® con la del 83, a saber, que si a consecuencia del juego de los tres poderes p¨²blicos hay 'poco' Estado o control p¨²blico, tambi¨¦n hay poco mercado y competencia. Dada la diversidad de controles, el supuesto de una accountability p¨²blica tiene serias limitaciones. Es por ello razonable confiar m¨¢s en el mercado, que se manifiesta a trav¨¦s de la demanda de ense?anza, de titulados y de investigaci¨®n. El distrito ¨²nico fue un paso importante y en la misma l¨ªnea la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n y Acreditaci¨®n, que acertadamente establece la nueva ley, deber¨ªa ser reforzada. La experiencia de muchos pa¨ªses (Estados Unidos, el primero) donde una agencia similar acredita centros, elabora ranking y ofrece informaci¨®n a la sociedad, ha sido muy positiva. Y n¨®tese que eso no es privatizar la ense?anza, que debe seguir siendo fundamentalmente p¨²blica; es s¨®lo confiar en que el consumidor informado sabe mejor que nadie lo que le interesa, un supuesto bastante poco revolucionario.