Las cuentas de Piqu¨¦
La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo aval¨® ayer, por diez votos contra dos, el informe del fiscal Bartolom¨¦ Vargas que propone citar en calidad de imputado al ministro de Exteriores, Josep Piqu¨¦, para que declare ante la m¨¢xima instancia judicial sobre su participaci¨®n en la venta de la petrolera Ertoil por parte de la empresa Ercros, en 1991. En sus conclusiones provisionales, el fiscal considera que de los 41.400 millones de pesetas pagados en esa operaci¨®n han desaparecido 18.300 millones y otros 10.000 millones se han diluido en el pago de comisiones. Piqu¨¦ era en ese momento consejero, miembro de la comisi¨®n ejecutiva y director de estrategia de Ercros, empresa encuadrada en el conglomerado que manejaba Javier de la Rosa.
Se trata de una decisi¨®n t¨¦cnicamente cualificada y solvente, tomada por la instancia del ministerio fiscal m¨¢s legitimada para hacerlo, que deber¨ªa bastar para que la justicia se pusiera en marcha y actuara con Piqu¨¦ de la misma forma en que lo ha hecho con el resto de los miembros del Consejo de Administraci¨®n de Ercros. Los fiscales entienden que el Supremo debe asumir plenamente la competencia del caso (dejada en suspenso durante el tiempo que ha necesitado la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios para determinar el destino del importe de la venta) y tomar declaraci¨®n como imputado a Piqu¨¦ por los delitos de alzamiento de bienes, apropiaci¨®n indebida y fraude fiscal.
La decisi¨®n por parte del fiscal general, Jes¨²s Cardenal, de convocar la Junta General de Fiscales del Supremo parece indicar que se mantiene la voluntad de injerencia frente a resoluciones que supongan riesgo de imputaci¨®n formal del ministro. Esas instancias estar¨ªan legitimadas para intervenir si existiera riesgo de ruptura de la unidad de criterio del ministerio fiscal. Sin embargo, ?en qu¨¦ puede afectar a esa unidad que el ministerio fiscal act¨²e con Piqu¨¦ en los mismos t¨¦rminos en que lo ha hecho con el resto de los consejeros de Ercros ante la Audiencia Nacional? Actuar de modo distinto supondr¨ªa la ruptura flagrante de esa unidad de criterio. La c¨²spide jer¨¢rquica del ministerio fiscal no puede, una vez m¨¢s, ser m¨¢s sensible a los deseos del Gobierno que a los intereses de la justicia y erigirse en obst¨¢culo de la actuaci¨®n ordinaria de la instituci¨®n en defensa de la legalidad.
Salta a la vista que la probable imputaci¨®n formal de Piqu¨¦ tiene nervioso al Gobierno, y en especial a Aznar, que aparece p¨²blicamente cada vez m¨¢s enfadado. Entre otras cosas, porque pondr¨ªa a prueba la solidez de su doctrina sobre la autonom¨ªa de la responsabilidad pol¨ªtica respecto de la penal. Aznar se ha adelantado a los acontecimientos y se ha erigido en juez paralelo que determinar¨¢ 'el fundamento de la imputaci¨®n antes de tomar medidas'. El caso Ercros sucedi¨® antes de la llegada del PP al poder, pero concierne al actual Gobierno en la medida en que afecta a uno de sus miembros. Por lo dem¨¢s, el propio Piqu¨¦ ha expresado su deseo de declarar en sede judicial. ?A qu¨¦ espera Aznar para complacerle?
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