Delincuencia

El brutal asalto a un chal¨¦ en la localidad madrile?a de Pozuelo de Alarc¨®n, llevado a cabo por un ciudadano extranjero que resid¨ªa ilegalmente en Espa?a y en el que fue degollado su propietario y heridas de diversa consideraci¨®n su mujer e hijas, parece tener por m¨®vil el robo, aunque la polic¨ªa no descarta que pueda tratarse de un crimen por encargo o venganza. En todos los pa¨ªses desarrollados es habitual la presencia m¨¢s que proporcional de extranjeros entre los delincuentes. No es el factor esencial de la delincuencia, pero ignorarlo por correcci¨®n pol¨ªtica resulta rid¨ªculo: existe un problema espec¨ªfico, muchas veces ligado a mafias que explotan situaciones de marginalidad social y que se han especializado en asaltos a domicilios, la trata de blancas y el narcotr¨¢fico.

Lo rechazable no es reconocer esa evidencia, sino aprovechar la circunstancia de la nacionalidad del delincuente para convertirlo en argumento general contra la inmigraci¨®n, irregular o no, de personas llegadas a Espa?a para ganarse la vida mediante su trabajo y que contribuyen al progreso econ¨®mico. Aparte de su nulo fundamento y de la xenofobia que destila, tal discurso s¨®lo sirve para confundir a la sociedad sobre la naturaleza de la inmigraci¨®n.

Tampoco es de recibo aprovechar tragedias como la de Pozuelo para decirle a la poblaci¨®n que su seguridad debe correr por su cuenta, como ha hecho el delegado del Gobierno en Madrid, Javier Ansu¨¢tegui. Tal mensaje es inaceptable. La seguridad privada s¨®lo puede ser subsidiaria, de ning¨²n modo sustitutoria de la seguridad p¨²blica que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, por mandato constitucional, mediante las fuerzas policiales.

La cuesti¨®n que plantea el crimen de Pozuelo, como otros de parecida ¨ªndole, es si los responsables pol¨ªticos de las fuerzas de seguridad prestan suficiente atenci¨®n a los delincuentes peligrosos y a las mafias criminales que se instalan en nuestro pa¨ªs aprovech¨¢ndose de la libertad de movimientos en el ¨¢mbito europeo. Los propios responsables policiales dicen tener constancia de que al menos 200 organizaciones criminales, integradas por m¨¢s de 4.000 personas, funcionan en territorio espa?ol.

El autor del crimen de Pozuelo ten¨ªa abierto un expediente de expulsi¨®n, dejado en suspenso a la espera de su enjuiciamiento por delitos de robo con fuerza y hurto que no comportan prisi¨®n preventiva. Posiblemente, todo correcto desde el punto de vista legal. Pero mientras tanto, esta persona ha estado en paradero desconocido, fuera de control policial, y la justicia ha procedido con su habitual y exasperante lentitud. En casos como ¨¦ste es exigible una mayor eficiencia policial y judicial. Se desbaratar¨ªa la treta, utilizada con frecuencia por delincuentes extranjeros, de delinquir en Espa?a para paralizar su expulsi¨®n.