Las tabacaleras deben responder ante la Administraci¨®n sanitaria

La propuesta del presidente de la Junta de Andaluc¨ªa de recabar la contribuci¨®n de la industria tabacalera al mayor gasto sanitario que genera el tabaquismo ha causado, aparte del l¨®gico impacto, al ser ¨¦sta la primera Administraci¨®n europea que lo plantea, no pocas reacciones pol¨ªticas y jur¨ªdicas. La mayor¨ªa de ellas cargadas de prejuicios; sobre todo las negativas.

Nadie, sin embargo, cuestiona el fondo del problema: el tabaquismo es una fuente directa de un sinf¨ªn de enfermedades, que, adem¨¢s, llegan precedidas de una publicidad del producto enga?osa en cuanto no se predican sus excelencias, sino la excelencia social de fumar. No conviene olvidar el hecho evidente de c¨®mo se vale la industria tabacalera de mensajes confusos dirigidos a adolescentes y j¨®venes, menores de edad e insuficientemente maduros, para hacer de ellos presas f¨¢ciles de una droga que a estas alturas todo el mundo reconoce como una de las que mayor adicci¨®n genera.

As¨ª pues, el problema existe, se quiera o no; provoca un coste sanitario espec¨ªfico y, a la larga -esto tambi¨¦n est¨¢ claro-, condiciona las pol¨ªticas p¨²blicas de salud.

La demanda, -si es que la industria tabacalera se niega en redondo a negociar, como parece ser que ha anunciado- est¨¢ justificada, curiosamente, a partir del argumento principal que ha esgrimido la propia industria para defenderse: 'El Estado ya recauda mucho dinero con el impuesto sobre las labores del tabaco'. S¨ª, cierto. Pero ese dinero, procedente como es de un impuesto indirecto, lo pagan los consumidores que fuman, no la industria tabacalera que no contribuye m¨¢s que cualquier otra que paga su correspondiente impuesto de sociedades, ya sea una empresa de l¨¢cteos, de microprocesadores, o de tabaco.

Sin embargo, el da?o que causan unas y otras no es equivalente. Hoy cuando se est¨¢ reclamando que pague 'm¨¢s' quien m¨¢s contamina, parece obvia la reclamaci¨®n a quien mas envenena. Es del todo l¨®gico que las tabacaleras, que causan un da?o por su actividad, paguen por ello. La industria tabacalera fabrica y comercializa un producto que genera costes sanitarios concretos y espec¨ªficos que no se dar¨ªan sin esa fabricaci¨®n y comercializaci¨®n. Producen un 'da?o propio y t¨ªpico de su actividad', y no asumen los costes de este da?o como propios, sino que los traspasan a la sociedad, a trav¨¦s de un tercero, a la Sanidad P¨²blica en este caso, que los paga sin poder evitarlos. En efecto, la Sanidad P¨²blica ni puede prohibir el tabaco, ni, por supuesto, negarse a prestar asistencia al fumador, asistencia que para ella es un mandato constitucional y legal. En consecuencia, una parte de los impuestos que pagamos todos se emplean en atajar los da?os y costes sociales de una actividad empresarial determinada, la de las tabacaleras, por la que adem¨¢s obtiene ping¨¹es beneficios.

De lo dicho hasta aqu¨ª se desprende que el incremento en el gasto sanitario por culpa del tabaquismo es un 'da?o directamente padecido' por la Administraci¨®n sanitaria: el asegurado en ning¨²n caso lo paga, y la Administraci¨®n no puede pedirle que lo haga. El da?o s¨®lo lo sufre la Administraci¨®n; y parece l¨®gico que la reparaci¨®n de ¨¦ste pueda exigirlo ella por derecho propio, no en sustituci¨®n o en nombre de las v¨ªctimas.

Se debe se?alar que no es igual que reclame un particular a que lo haga la Administraci¨®n. Mientras que para el fumador la jurisprudencia estipula que ¨¦ste debe demostrar que el da?o concreto que sufre ha sido causado a ¨¦l, de manera singular, por el tabaco, para la Administraci¨®n, en las l¨ªneas de principio de esta misma jurisprudencia, basta exigir que se pruebe que ciertas patolog¨ªas, con una alta frecuencia de morbilidad, se deben significativamente al tabaquismo; y que el incremento en los costes sanitarios es atribuible a esta causa.

La industria tabacalera queda atrapada en su propio argumento, como la ara?a en su tela, cuando alega que 'el fumador est¨¢ avisado del da?o y, por tanto, si fuma, es su responsabilidad'. El argumento es falaz en la reclamaci¨®n de la Sanidad P¨²blica: la Administraci¨®n 'no fuma'; pero s¨ª debe pagar las consecuencias. Es decir, no reclama la reparaci¨®n de un da?o a su salud, sino el coste que le supone atender el da?o a terceros cuya conducta ella no puede controlar. Pero incluso en el terreno de las reclamaciones individuales, es bastante c¨ªnico decir que un aviso en una cajetilla, diga lo que diga, es eficaz en la voluntad de un adicto, normalmente atrapado muy joven.

Finalmente, el argumento de las tabacaleras basado en la defensa del libre mercado y empresa, justifica lo contrario a lo pretendido por aquellas. A estas alturas ya ha quedado claro que el producto venenoso que fabrican genera unos costos que pagan todas las empresas -tambi¨¦n ellas, por supuesto- con sus impuestos. Unos impuestos que contribuyen al fondo com¨²n con el que se financia la Sanidad P¨²blica. Pero, si todos pagan en el mismo porcentaje, es claro que las tabacaleras concurren en el mercado en una posici¨®n de privilegio, desde el instante mismo en que derivan un coste propio de su actividad a actividades ajenas.

En conclusi¨®n, la exigencia de responsabilidad a las tabacaleras no se ha de ver como un puro mecanismo recaudatorio, sino como un vector m¨¢s de las pol¨ªticas de salud p¨²blica contra el tabaquismo, as¨ª como de la correcta distribuci¨®n de costes entre empresas y Administraci¨®n. Sobran razones para que las tabacaleras negocien f¨®rmulas para la negociaci¨®n. No vale enrocarse tras el latiguillo demag¨®gico de que este es un problema de financiaci¨®n de la salud p¨²blica. ?Claro que lo es! ?De qu¨¦ iba a ser? Lo que no es de recibo es que todos paguemos los costes de un mal que s¨®lo la actividad lucrativa de las tabacaleras genera.

?ngel L¨®pez, Francisco Capilla y Jos¨¦ Le¨®n-Castro son catedr¨¢ticos de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla e investigadores principales del grupo sobre Responsabilidad Civil de las Industrias Tabacaleras.