Dos ex alcaldes del PP en Galapagar, condenados por prevaricaci¨®n
El arquitecto municipal es condenado por prevaricaci¨®n y falsedad en documento p¨²blico
Los magistrados Miguel Hidalgo Abia, Carmen Lamela D¨ªaz y Ramiro Ventura Faci, de la secci¨®n decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, condenan las decisiones urban¨ªsticas tomadas por Rubio y De Pablo en los a?os 1988 y 1989, cuando eran alcalde y primer teniente de alcalde, respectivamente. La Comisi¨®n de gobierno municipal concedi¨® el 26 de septiembre de 1988 una licencia para la construcci¨®n de 13 viviendas unifamiliares de cuatro alturas cuando la normativa s¨®lo permit¨ªa dos.
La otra actuaci¨®n denunciada se refiere a la caducidad de una licencia para la edificaci¨®n de 35 chal¨¦s adosados. Sobre este caso ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dio la raz¨®n a los vecinos en octubre de 1991, cuando declar¨® que la licencia hab¨ªa caducado en el momento en que la comisi¨®n de gobierno municipal otorg¨® una segunda pr¨®rroga ilegal. El Tribunal Supremo confirm¨® este fallo en noviembre de 1997. Sobre los nueve chal¨¦s construidos pesa una orden de derribo que el Ayuntamiento ha paralizado hasta que los tribunales le aclaren la forma de hacerlo, ya que las viviendas est¨¢n ocupadas por unas personas que las compraron de buena fe.
La Audiencia tambi¨¦n ha condenado al entonces arquitecto municipal, Luis Rodr¨ªguez G¨¢lvez, por prevaricaci¨®n y falsedad en documento oficial, a una pena de tres a?os de prisi¨®n, una multa de 180.000 pesetas e inhabilitaci¨®n de 10 a?os para ejercer su profesi¨®n.
Al actual aparejador municipal, Vicente Berrueco, le considera responsable de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, debido a que realiz¨® actuaciones profesionales como aparejador en obras privadas. El fallo le castiga con una multa de 180.000 pesetas y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico durante dos a?os.El proceso judicial se inici¨® tras la denuncia de unos vecinos del barrio de la Navata que consideraban inadmisible la actuaci¨®n municipal en ambos casos. En el caso de la licencia concedida a Navasierre, SA, para la construcci¨®n de 13 viviendas unifamiliares en la calle del R¨ªo, en la Navata, la sentencia considera probado que Rubio y De Pablo permitieron las obras, pese a conocer que los proyectos contemplaban la construcci¨®n de unas viviendas que no se adecuaban a la normativa urban¨ªstica vigente entonces. Tambi¨¦n indica que se desoyeron las denuncias que los vecinos presentaron ante el Ayuntamiento y un informe de la Comunidad de Madrid que pon¨ªa de manifiesto que la edificaci¨®n vulneraba el tope de dos alturas permitido.
La segunda operaci¨®n fraudulenta se refiere a la promoci¨®n Navaparque, SA. En esta ocasi¨®n, la comisi¨®n de gobierno concedi¨® una licencia de obra el 20 de junio de 1988 a una promoci¨®n de 35 viviendas adosadas en las calles de Acequia, Puchero y Colada del Charco de la Hoya, tambi¨¦n en la Navata. La sentencia puntualiza que 'en este caso resulta a¨²n m¨¢s patente, si cabe, la arbitrariedad en la que incurrieron los acusados Rubio, De Pablo y Rodr¨ªguez G¨¢lvez'.
Pr¨®rrogas
La construcci¨®n no se inici¨® en el plazo previsto y la empresa solicit¨® dos pr¨®rrogas. En ambos casos, el arquitecto municipal, Rodr¨ªguez Avial, inform¨® favorablemente a la concesi¨®n de los aplazamientos. Pero los vecinos no cejaron en su empe?o y presentaron un recurso ante el Tribunal Superior, que en octubre de 1991 les dio la raz¨®n.
Asimismo, el planeamiento urban¨ªstico cambi¨® durante las pr¨®rrogas, por lo que, cuando se inici¨® la construcci¨®n de los chal¨¦s, ya no estaba permitido edificar en parcelas de 250 metros cuadrados, sino que para ello era necesaria una superficie de 1.000 metros cuadrados.
De Pablo, que fue alcalde de Galapagar entre 1995 y 1999 y actualmente es portavoz del grupo del PP, explica que recurrir¨¢ la sentencia porque no se ajusta a la realidad en los hechos que expone. Adem¨¢s, subraya que es contradictoria, ya que utiliza los mismos planteamientos para condenarlo por prevaricaci¨®n que para absolverlo del delito de cohecho. El actual regidor, Manuel Cabrera, del PSOE, ha pedido la dimisi¨®n inmediata de Eugenio de Pablo.
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