Huelga enconada

La huelga de tres d¨ªas del transporte discrecional por carretera en Baleares ha tenido un efecto devastador sobre el sector tur¨ªstico de las islas: ha mantenido confinados durante horas en las terminales de los aeropuertos a decenas de miles de turistas llegados de vacaciones, ha desarticulado durante ese tiempo el transporte a¨¦reo con destino a Mallorca, Menorca e Ibiza y ha proyectado en Europa una imagen que no beneficia en absoluto a una zona que vive b¨¢sicamente del turismo. La situaci¨®n puede agravarse a¨²n m¨¢s si, como amenazan los huelguistas, se convoca una huelga indefinida a mediados de julio. Como en el caso de los pilotos de Iberia, un grupo de personas que ocupa un lugar estrat¨¦gico en el engranaje de los servicios puede descabalarlos por completo y llevar el caos a un sector como el tur¨ªstico, del que depende el 85% de la actividad econ¨®mica regional.

Pero lo m¨¢s preocupante, y lo que augura un posible enconamiento de la situaci¨®n, es que el preacuerdo alcanzado por los representantes sindicales de los autopatronos y trabajadores del transporte discrecional por carretera en Baleares haya sido rechazado por la asamblea de trabajadores. Se abre, pues, un conflicto sindical interno que ayer tuvo sus primeros efectos en algunos actos vand¨¢licos llevados a cabo por piquetes informativos contra coches alquilados por las agencias para llevar a los turistas atrapados en los aeropuertos a sus lugares de residencia. La primera y m¨¢s urgente tarea que tienen ahora los representantes sindicales es convencer al resto de los trabajadores de las mejoras conseguidas en el preacuerdo: un incremento salarial medio del 18% para tres a?os. Y aunque los huelgistas reclaman sobre todo un sustancial aumento del salario base, no parece que esa divergencia justifique la prolongaci¨®n de una huelga salvaje, en la que no se han respetado los servicios m¨ªnimos, que ha amargado el inicio de sus vacaciones a cientos de miles de ciudadanos y que ha causado p¨¦rdidas al sector tur¨ªstico que se cuentan por decenas de miles de millones.

Queda, pues, a la responsabilidad y buen sentido de los huelgistas resolver un conflicto que tiene un s¨®lido punto de apoyo para su deseable soluci¨®n en el preacuerdo alcanzado por sus representantes sindicales. Pero no s¨®lo a ellos. Los poderes p¨²blicos no pueden permanecer pasivos ante una situaci¨®n que transciende los intereses concretos de los huelguistas y que afecta a colectivos enteros de ciudadanos.