El divorcio de las parejas de hecho

Uno de los desaf¨ªos m¨¢s actuales en el derecho de familia es el planteado por la corriente impulsora de la regulaci¨®n de las parejas estables de hecho. Al no haberse aprobado ninguno de los proyectos o proposiciones de ley en las Cortes nacionales, las comunidades aut¨®nomas se han lanzado a una carrera para regularlas y hacerlo de una forma que pueda merecer el calificativo de m¨¢s progresista que cualquiera otra anterior.

Esta profusi¨®n legislativa est¨¢ produciendo una confusi¨®n importante. No s¨®lo las comunidades aut¨®nomas, que tienen reconocidas competencias en materia familiar, vienen promulgando disposiciones legales en esta maten¨ªa, sino tambi¨¦n las que carecen de ellas. Ya en avanzado tr¨¢mite parlamentario se encuentran otra serie de normas auton¨®micas en esta materia, que vendr¨¢n a completar el caleidoscopio de derecho de estas situaciones de hecho. Estas normas se parecen entre s¨ª, pero no son iguales. Unas exigen dos a?os de previa convivencia y otras uno. Los derechos y obligaciones derivados de la uni¨®n difieren. Incluso dentro de una misma ley, se producen discrepancias peculiares. Por ejemplo, en Catalu?a, a la uni¨®n homosexual se le atribuyen derechos sucesorios legitimarios -forzosos- y abintestato a favor del conviviente, pero carece de ellos el part¨ªcipe de una pareja heterosexual.

Es imperativo revisar lo legislado hasta ahora, despu¨¦s de la reforma de l981

Pero carecemos de normas de conflicto. ?Qu¨¦ ley corresponder¨¢ a cada pareja? Porque para su aplicaci¨®n Catalu?a y Navarra exigen que, al menos que uno de sus miembros tenga vecindad civil en dicha comunidad; Valencia requiere que uno de los convivientes est¨¦ empadronado en esa autonom¨ªa, y Arag¨®n s¨®lo pide la inscripci¨®n en un registro especial. Por lo tanto, cabe que a una misma pareja se le puedan aplicar varias leyes diferentes. Uno de los convivientes puede ser vecino legal catal¨¢n y el otro navarro, y estar uno empadronado en Valencia y el otro en Arag¨®n. No olvidemos que la vecindad civil se puede mantener toda la vida sin residir en el lugar del que el ciudadano es vecino.

Quiz¨¢ no existan muchas discrepancias durante la convivencia. Incluso hay parejas que, en aras de su libertad, que quiz¨¢s les ha llevado a rechazar el matrimonio y elegir una convivencia sin compromisos, den la espalda a estas normas. Pero esos mismos es posible que, a la hora de la ruptura, pretendan acogerse a estas leyes en lo que les beneficien. En tal caso, cada uno de los convivientes, sin duda, invocar¨¢ la ley que le sea m¨¢s favorable. Y como no existen reglas para dilucidar cu¨¢l de las legislaciones es la aplicable, se entrar¨¢ en un conflicto de incierta resoluci¨®n. Cada ¨®rgano judicial aplicar¨¢ la que le parezca m¨¢s apropiada. La inseguridad jur¨ªdica est¨¢ servida.

Tampoco hay reglas procesales para dirimir algo en que no cabe la menor duda de que las parejas de hecho son iguales que las matrimoniales: en la posibilidad de su ruptura. Las uniones de hecho se rompen. Y, tengan hijos o no los tengan, esta quiebra de la vida en com¨²n plantea problemas semejantes a la de los matrimonios. Cu¨¢l va a ser en el futuro la relaci¨®n de los hijos con cada uno de sus padres; qu¨¦ ocurre con el domicilio que ocupaban; c¨®mo se reparten las cargas y los bienes comunes; qu¨¦ contraprestaciones hay que determinar en virtud de la pasada convivencia, de los servicios prestados y de otras circunstancias. Todas estas y otras cuestiones tienen que ser concretadas. Cabe que lo hagan los interesados de com¨²n acuerdo. Pero para su posterior eficacia y exigibilidad tienen que ser homologadas por un juez. Por otra parte, si no hay conformidad en tales medidas, s¨®lo la autoridad judicial puede resolver sobre ellas.

Pues bien, cuando tales situaciones se plantean, no hay normas de procedimiento que regulen la forma de acudir a la justicia. A pesar de que existe una ley nueva, vigente desde principios del presente a?o. En los medios judiciales s¨®lo existe perplejidad. Un 'depende' tr¨¢gico. Depende de cada juez. Otra vez la inseguridad jur¨ªdica. Cabe, incluso, que en aquellos lugares donde existen jueces de familia haya que plantear dos pleitos para dilucidar las consecuencias de estas rupturas: las relativas a los hijos ir¨¢n al juzgado de familia, y las concernientes a la pareja, a otro juzgado de competencia civil general. ?Y los temas que participan de ambas confrontaciones, como el domicilio? Depende.

Ahora que Colombia ha abierto la discusi¨®n sobre la bigamia al despenalizarla, hay que contemplar su incidencia en la legalizaci¨®n de las situaciones convivenciales. Al regular las parejas de hecho, las leyes vigentes en Catalu?a, Arag¨®n, Navarra y Valencia se preocupan de consignar como impedimento para su reconocimiento legal la existencia de un v¨ªnculo matrimonial o, incluso, de una pareja estable legalizada en vigor. Es una especie de extensi¨®n de la condena a la bigamia a las uniones de hecho o paramatrimoniales. Sin embargo, la ley catalana, que, como las otras, exige un plazo previo de convivencia para el reconocimiento de estas convivencias en defecto de hijos comunes, computa para este tiempo aquel en que han vivido juntos, aunque uno -o los dos- estuvieran casados con otro. O, lo que es lo mismo, se declara ileg¨ªtima la convivencia de hecho con otro u otra de los casados, pero se reconocen efectos legales a esta vida en com¨²n para la adquisici¨®n de este estatus semiconyugal.

No se puede galopar por el camino de la reglamentaci¨®n de las parejas de hecho y olvidar tanto las normas de conflicto como las que determinen y regulen las reglas procesales de aplicaci¨®n a los litigios de estas parejas. Estas reglas son, adem¨¢s, tan sencillas como limitarse a la extensi¨®n a estos conflictos de las leyes procesales relativas a los matrimonios. Veinte a?os despu¨¦s de la reforma de 1981, la necesidad de revisar lo legislado hasta ahora es totalmente imperativa.

Luis Zarraluqui es presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Abogados de Familia.