La oposici¨®n acusa a Sanidad de ocultar datos sobre el Hospital General
El Gobierno catal¨¢n trata de cambiar el voto de Hacienda
'Si no hubi¨¦ramos tenido informaci¨®n previa, nos habr¨ªan enga?ado', dec¨ªa ayer indignada la diputada de IC-V Dolors Comas, al t¨¦rmino de la reuni¨®n del grupo de trabajo creado en el Parlament para hacer el seguimiento de la crisis del Hospital General de Catalu?a. La reuni¨®n hab¨ªa sido convocada para que el director del Servicio Catal¨¢n de la Salud (SCS) informara a los representantes de los partidos pol¨ªticos sobre las dos ofertas que optan a adjudicarse el centro sanitario, que declar¨® quiebra voluntaria en noviembre de 1999 con un pasivo de 17.000 millones de pesetas.
El director del SCS, Josep Prat, acudi¨® acompa?ado de su delegado en la comisi¨®n liquidadora, Carles Constante, quien llev¨® consigo las plicas de las dos ofertas que optan a adjudicarse el hospital: la de una sociedad an¨®nima encabezada por la Mutua de Terrassa en la que participan las empresas Cetir y General Lab, propiedad de empresarios vinculados a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica, y la de la empresa Catalana de Diagn¨®sticos y Cirug¨ªa, filial de Citibank Venture Capital, que posee nueve hospitales en varias ciudades de Espa?a.
La comisi¨®n liquidadora tiene cinco miembros en representaci¨®n de los principales acreedores (Hacienda, la Seguridad Social, el SCS y el Ayuntamiento de Sant Cugat). La opci¨®n ganadora debe reunir cuatro de los cinco votos. La falta de consenso ha obligado a suspender en dos ocasiones la decisi¨®n.
Pese a que el informe oficial del SCS no se inclinaba por ninguna de las dos empresas, Josep Prats comunic¨® ayer formalmente que el Gobierno catal¨¢n apoya la oferta de la Mutua de Terrassa, que tambi¨¦n cuenta con el voto del Ayuntamiento de Sant Cugat, cuyo alcalde, Llu¨ªs Recoder, es diputado de CiU. El informe de Hacienda y la Seguridad Social aboga claramente por la oferta de Catalana de Diagn¨®stico, por ser econ¨®micamente superior y ofrecer mejores condiciones de pago. Tras realizar gestiones, que resultaron infructuosas, ante el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, el Gobierno catal¨¢n envi¨® a Madrid a su delegado en la comisi¨®n liquidadora, Carles Constante, para tratar de convencer a los funcionarios que representan a la Administraci¨®n central para que cambien su voto.
Pero ¨¦stos han emitido ya un informe muy claro, basado en criterios t¨¦cnicos, y no parecen dispuestos a cambiar un voto que podr¨ªa dar lugar incluso a un contencioso legal si la empresa perdedora decide impugnar la adjudicaci¨®n. El convenio de acreedores sancionado ante el juzgado de la quiebra establece que la adjudicaci¨®n corresponder¨¢ a la oferta econ¨®micamente m¨¢s ventajosa.
Intentos desesperados
Los diputados del grupo de trabajo tuvieron ayer ocasi¨®n de comprobar 'los intentos desesperados del SCS', en palabras de la diputada socialista Carmen Figueres, por justificar su apoyo a la oferta econ¨®micamente menos ventajosa. 'Ha sido indignante', explic¨® Dolors Comas. 'Carles Constante ha le¨ªdo s¨®lo los p¨¢rrafos de las plicas que le interesaban. Por ejemplo, ha dicho que se hab¨ªa informado mal sobre la oferta de inversiones de la Mutua de Terrassa, pues se hab¨ªa omitido que ofrec¨ªa invertir, adem¨¢s de los 150 millones prometidos el primer a?o, hasta 3.250 del en los seis siguientes'. Pero Constante omit¨ªa en su exposici¨®n un detalle que no qued¨® aclarado hasta que Dolors Comas le pidi¨® la plica y ley¨® lo que segu¨ªa: que esa inversi¨®n estaba condicionada a que la cuenta de explotaci¨®n del hospital lo permitiera.
La vehemencia de la diputada socialista Carmen Figueres oblig¨® a Constante a 'leer hasta el final' y aclarar otros puntos que tambi¨¦n omit¨ªa. Entre ellos, que el informe de Hacienda indicaba como inconveniente de la oferta de la Mutua de Terrassa el hecho de que los 1.500 millones que ofrec¨ªa por el activo del hospital ser¨ªan pagados en 15 a?os, lo cual disminu¨ªa el valor real de la oferta y a?ad¨ªa el problema de la vigilancia de su cumplimiento, pues la comisi¨®n de seguimientos debe disolverse a los cinco a?os de la adjudicaci¨®n.
Josep Prats recibi¨® por la tarde a los representantes de los trabajadores, quienes han emitido un comunicado en el que dan pleno apoyo a su representante en la comisi¨®n de liquidaci¨®n, Rosa Fabi¨¢n, despu¨¦s que observaran 'maniobras procedentes de Sanidad para tratar de desacreditarla', seg¨²n su portavoz.
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