UGT tendr¨¢ que indemnizar a 20.000 afectados de la PSV

El ponente de la sentencia del caso PSV, Javier G¨®mez, considera probado que el ¨²nico condenado, Carlos Sotos, cometi¨® un delito de apropiaci¨®n indebida continuado, con la atenuante de reparaci¨®n de da?o y 'ausencia de enriquecimiento patrimonial il¨ªcito', por lo que le condena tan s¨®lo a dos a?os, cuatro meses y un d¨ªa de prisi¨®n menor. Sotos no tendr¨¢ que volver a la prisi¨®n, en la que permaneci¨® 13 meses entre 1994 y 1995. Ante la insolvencia del condenado, la Audiencia condena al sindicato UGT a hacer frente a las posibles indemnizaciones.

Los otros seis acusados, el ex secretario de Finanzas de UGT, Paulino Barrab¨¦s -de 73 a?os-, Sebasti¨¢n Reyna -que sustituy¨® a Barrab¨¦s en el sindicato y en IGS-PSV tras saltar el esc¨¢ndalo-, y los directivos de IGS-PSV Ferm¨ªn Bret¨®n, Francisco Hern¨¢ndez, Jes¨²s Aina y Primitivo ?lvaro, resultan absueltos porque el tribunal tiene 'serias dudas' sobre su responsabilidad criminal.

El argumento central de la sentencia se resume en una frase: IGS-PSV quebr¨® por 'el err¨®neo dise?o del proyecto, la heterodoxa administraci¨®n del mismo y la ausencia de recursos propios suficientes, que le lleva a un fuerte endeudamiento a corto plazo y a la dependencia total de su ¨²nica fuente de ingresos, los cooperativistas', cuyas aportaciones, m¨¢s de 70.000 millones, 'se destinaban a actividades ajenas a la actividad inmobiliaria de ¨¢mbito social, en la convicci¨®n de que los grandes beneficios que obtendr¨ªa el grupo [IGS-PSV] posibilitar¨ªan tanto el proyecto inmobiliario cuanto el desarrollo de las dem¨¢s ramas de negocio'.

El tribunal, compuesto adem¨¢s por los jueces Siro Garc¨ªa y Manuela Fern¨¢ndez, no tiene dudas de que el sindicato UGT, impulsor del proyecto desde su mismo inicio, en 1988, debe hacer frente al perjuicio causado a los m¨¢s de 20.000 cooperativistas que en 1994 sufrieron el hundimiento de PSV.

Esas indemnizaciones ascender¨¢n como 'l¨ªmite m¨¢ximo' a 13.009 millones de pesetas: 9.940 millones por las promociones que desarroll¨® la cooperativa PSV y 3.069 millones por las que desarroll¨® la gestora IGS. Con esa cifra 'm¨¢xima', el sindicato deber¨¢ resarcir no s¨®lo a los 5.960 cooperativistas que presentaron la querella, sino al conjunto de afectados.

La situaci¨®n de ¨¦stos a la hora de reclamar no es homog¨¦nea. Hay dos grupos: los que se dieron de baja en la cooperativa a ra¨ªz de su hundimiento y recibieron el 75% del dinero que adelantaron, unos 7.000 seg¨²n fuentes de la actual presidencia de IGS, y aquellos que continuaron en el proyecto y se vieron obligados a pagar un sobreprecio por su vivienda de alrededor del 7%, alrededor de 13.000 personas.

La sentencia no individualiza la indemnizaci¨®n porque es 'materialmente imposible' y difiere su cuantificaci¨®n hasta la ejecuci¨®n del fallo. Las fuentes jur¨ªdicas consultadas aseguraron ayer que, teniendo en cuenta los argumentos del tribunal y sobre todo que del sobreprecio que pagaron los cooperativistas se deben descontar los gastos de gesti¨®n, la indemnizaci¨®n final podr¨ªa rondar entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas.

El actual administrador de PSV y presidente de IGS, designado por la Administraci¨®n, Valeriano G¨®mez, va m¨¢s lejos y asegura que, finalmente, 'las personas afectadas que no recibieron ni su dinero ni su piso son s¨®lo 26, por lo que la indemnizaci¨®n final podr¨ªa ascender, al final de todos los recursos anunciados por las partes, a unos 27 millones de pesetas'. La resoluci¨®n final del caso podr¨ªa durar entre tres y cinco a?os, ya que UGT y el abogado del condenado Sotos, Miguel Bajo, ya han anunciado sendos recursos al Tribunal Supremo. UGT manifest¨® su satisfacci¨®n por la absoluci¨®n de los que fueron cargos destacados de la organizaci¨®n, Paulino Barrab¨¦s (un hist¨®rico del sindicato y del PSOE) y Sebasti¨¢n Reyna, y destac¨® su intenci¨®n de recurrir la sentencia que le obliga a hacerse cargo de las posibles indemnizaciones porque considera que su responsabilidad est¨¢ cubierta. Cuando fracas¨® el proyecto, hace siete a?os, UGT aport¨® 10.200 millones de pesetas para facilitar la construcci¨®n de viviendas y se vio obligado a hipotecar todo su patrimonio para avalar los cr¨¦ditos.

El caso PSV ha supuesto un duro desgaste a la imagen del sindicato. El estallido del esc¨¢ndalo forz¨® la salida de la organizaci¨®n sindical, en abril de 1994, de Nicol¨¢s Redondo. En su declaraci¨®n en la Audiencia Nacional, Redondo expres¨® su amargura en una frase al asegurar que durante la crisis del proyecto cooperativo se sinti¨® 'abandonado'. Fue una referencia al enfrentamiento que entonces viv¨ªa UGT con el Gobierno socialista y que, en opini¨®n de Redondo, fue una de las razones por las que quebr¨® el proyecto.