El Congreso niega a Garz¨®n los papeles sobre el fraude del lino
El PSOE denuncia 'la maniobra dilatoria' de los populares para 'obstruir la labor de la justicia'
Fuentes pr¨®ximas a la Presidencia del Congreso se?alaron ayer a este peri¨®dico que en la Mesa "tan s¨®lo se hab¨ªa producido una discusi¨®n de pura t¨¦cnica jur¨ªdica". "Entendimos que, seg¨²n marca la ley, s¨®lo pod¨ªamos remitir la documentaci¨®n a la Fiscal¨ªa. Y as¨ª lo vamos a hacer". Por otra parte, tambi¨¦n se neg¨® al juez Baltasar Garz¨®n la declaraci¨®n patrimonial de los altos cargos supuestamente implicados en el caso. "Hemos desviado esa petici¨®n al Gobierno, que es el depositario de esa informaci¨®n", se?alaron las mismas fuentes.
Francisco Camps, diputado del PP y vicepresidente primero de la C¨¢mara, asegura que "al final, el juez tendr¨¢ toda la documentaci¨®n, aunque sea a trav¨¦s de la Fiscal¨ªa". Camps justific¨® el rechazo del PP y CiU a entregar directamente la documentaci¨®n a Garz¨®n a que el conducto "habitual" es a trav¨¦s de la Fiscal¨ªa y que exist¨ªan "abundantes precedentes de ello". "El art¨ªculo 76 de la Constituci¨®n y el reglamento de la c¨¢mara detallan que la documentaci¨®n ha de ser entregada a la Fiscal¨ªa", remach¨® Camps.
La versi¨®n de Camps fue rebatida ayer por los grupos parlamentarios de IU y PSOE. El PP us¨® una "trampa legal", seg¨²n denuncia la diputada socialista Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, al aceptar que se entregara la documentaci¨®n, pero no al juez que la solicitaba, sino al fiscal. Tal v¨ªa se justific¨®, seg¨²n dicha diputada, en que el Reglamento establece que "si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la comisi¨®n lo notificar¨¢ as¨ª a la C¨¢mara del Congreso para que ¨¦sta, en su caso, a trav¨¦s de la presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del ministerio fiscal".
De la Vega desbarata este argumento: "No es el Congreso el que ha deducido que existen indicios delictivos en el curso de una comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria, sino que se trata de una petici¨®n de un juez que instruye una causa penal sobre el lino el que nos pide la documentaci¨®n existente. El Congreso no puede negarla".
El informe de los servicios jur¨ªdicos del Parlamento, entregado 24 horas antes de que la Mesa del Congreso tratase la petici¨®n de Garz¨®n, se?alaba como primera conclusi¨®n que hab¨ªa que colaborar con el "¨®rgano jurisdiccional solicitante" pese a "la especial relaci¨®n entre las comisiones de investigaci¨®n y el ministerio fiscal". Despu¨¦s, los letrados reconoc¨ªan que la documentaci¨®n solicitada por Garz¨®n "podr¨ªa ser remitida directamente al Tribunal Supremo" en el ejercicio de dicha colaboraci¨®n. En ese punto, consideraban que de la informaci¨®n pedida por el juez, hab¨ªa una parte, la relacionada con la declaraci¨®n de patrimonio de altos cargos, que tambi¨¦n podr¨ªa ser examinada directamente por Garz¨®n, seg¨²n le faculta la Ley 12/1995 de Incompatibilidades de Altos Cargos.
Tras estas apreciaciones, que parec¨ªan despejar cualquier obst¨¢culo para la entrega directa al juez Baltasar Garz¨®n de la documentaci¨®n solicitada, el informe jur¨ªdico se?ala una segunda posibilidad: "No obstante, atendiendo a la pr¨¢ctica parlamentaria precedente, y toda vez que ante una petici¨®n previa del ministerio fiscal ya se dio traslado a ¨¦ste de otros documentos relativos a esta comisi¨®n de investigaci¨®n, cabr¨ªa tambi¨¦n dar traslado de la citada documentaci¨®n al Ministerio Fiscal con car¨¢cter complementario al anterior, comunic¨¢ndoselo al Tribunal Supremo".
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