Dineros auton¨®micos

El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, que re¨²ne al Gobierno y a las quince comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n (todas, salvo el Pa¨ªs Vasco y Navarra), aprob¨® ayer por unanimidad el nuevo sistema de financiaci¨®n. Una buena noticia que despeja en este final de curso un asunto que ha solido despertar enconados conflictos. El cierre positivo contribuir¨¢ a superar cierto tufo de mercadillo persa que en algunos momentos ha merodeado en los aleda?os del Consejo. M¨¢s que de baremos y criterios objetivos, los representantes territoriales han tratado de buscar f¨®rmulas que se acomadaran mejor a los perfiles de cada comunidad, con la mirada puesta en c¨®mo presentarse ante sus electores respectivos como los grandes conseguidores. Pero, con todo y con eso, se ha encontrado al fin un complejo modelo de aplicaci¨®n universal.

El nuevo esquema resuelve al menos tres problemas arrastrados. Uno, la creciente asfixia de tres comunidades aut¨®nomas gobernadas por los socialistas (Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla-La Mancha), que al automarginarse del anterior modelo sufrieron una severa merma relativa en sus recursos financieros, sobre todo en el caso de Andaluc¨ªa al no ajustarse los ingresos a su poblaci¨®n efectiva. Dos, la asimetr¨ªa de los beneficios que la favorable coyuntura econ¨®mica ha tenido para la Administraci¨®n central y las auton¨®micas: al menos dos puntos de la reducci¨®n del d¨¦ficit han sido soportados de facto por las comunidades. Y tres, la necesidad de actualizaci¨®n permanente de estos mecanismos, demostrada en esta ocasi¨®n por el decreciente rendimiento del impuesto sobre la renta.

Lo esencial del consenso no radica tanto en las cantidades acordadas como en la filosof¨ªa. Si se juzgara ¨²nicamente por las cifras del primer ejercicio, los socialistas habr¨ªan realizado un mal negocio al lograr s¨®lo una sexta parte de la deuda hist¨®rica que reclamaban por la negativa gubernamental a reconocer su censo poblacional, y los nacionalistas catalanes se habr¨ªan suicidado, al aceptar para el primer a?o una transferencia cercana al 10% de lo que reclamaban inicialmente, am¨¦n de ver negada su aspiraci¨®n a la plena competencia normativa y a la soberan¨ªa recaudatoria mediante una agencia propia. ?Por qu¨¦, pues, habr¨ªan encajado, unos y otros, la propuesta?

Porque a largo plazo se logra una mejora de la capacidad financiera -sustituyendo transferencias estatales por recaudaci¨®n directa- y se equilibran los desajustes del sistema, al ampliar la cesi¨®n de impuestos desde el actual 30% del IRPF al 33% del mismo impuesto, acompa?ado del 35% del IVA y de una horquilla de los impuestos especiales situada entre el 40% y el 100% de los mismos: una 'cesta' de impuestos m¨¢s inmune a la variaci¨®n recaudatoria de uno solo y de la que se excluye ¨²nicamente el impuesto de sociedades. Y a ello se acompa?a la transferencia parcial -en el marco de lo que permite la UE- de la capacidad normativa sobre algunos de los impuestos especiales.

El adusto semblante de regateadores que adornaba a los negociadores y la opacidad de la mesa -frente a procesos mucho m¨¢s p¨²blicos y sanos, como los que se realizan a trav¨¦s de la C¨¢mara alta alemana- han te?ido de trapicheo unos logros que, objetivamente, cabr¨ªa calibrar como muy positivos, en la senda de la responsabilidad fiscal y del federalismo pragm¨¢tico. Entre otras razones porque el nuevo sistema incorpora la dif¨ªcil asignatura del gasto sanitario y porque se augura v¨¢lido para una realidad auton¨®mica que ya ha borrado las principales diferencias entre las comunidades de v¨ªa lenta y las de v¨ªa r¨¢pida, al armonizar el grueso de sus techos competenciales. Aunque esos logros sean deudores de sendas minusval¨ªas pol¨ªticas. La del PP, urgido a demostrar alguna capacidad de vertebrar el pa¨ªs en un sentido 'nacional' tras el conjunto vac¨ªo del Plan Hidrol¨®gico; la de la nueva direcci¨®n del PSOE, necesitada de evitar fricciones entre sus distintas baron¨ªas territoriales para consolidar su liderazgo, y la de CiU, que se debate entre la utop¨ªa del sistema de concierto, la realidad de su deficiente gesti¨®n y las imposibles promesas de soberanismo fiscal.

El consenso de base al que se ha llegado es bueno, incluso extraordinario, aunque resulte poco meritoria la manera de concitarlo. Sin embargo, plantea dos inquietudes nada menores para el futuro: una, al reputarse el nuevo sistema de 'estable', no se han previsto mecanismos de adaptaci¨®n y actualizaci¨®n. Otra, que al no aprovecharse suficientemente la ocasi¨®n para aproximar de facto el r¨¦gimen com¨²n y el foral, la persistencia de dos modelos tan distintos acabe actuando como factor de agravio comparativo.