El Gobierno se opone a ampliar la autonom¨ªa vasca

El Gobierno central rechaza la reclamaci¨®n del traspaso en bloque de 37 competencias que el lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, le plante¨® en su debate de investidura para culminar el Estatuto de Gernika. El ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, argumenta: 'La existencia de competencias a¨²n no traspasadas [al Ejecutivo vasco] se debe a la falta de acuerdo en asuntos que afectar¨ªan al principio de igualdad entre los ciudadanos espa?oles'. Posada dice que el Pa¨ªs Vasco 'disfruta de un alt¨ªsimo techo competencial'. No obstante, 'est¨¢ dispuesto a reabrir el di¨¢logo con el Gobierno vasco'.

Las 37 reclamaciones del Ejecutivo auton¨®mico, actualizadas, est¨¢n basadas en un informe aprobado un¨¢nimemente por el Parlamento vasco el 1 de julio de 1993, aunque abierto a interpretaciones en sus aspectos m¨¢s pol¨¦micos, como la Seguridad Social. El informe advierte de las consecuencias sociales, jur¨ªdicas, econ¨®micas y pol¨ªticas que conlleva 'el retraso de las previsiones estatutarias' al 'alimentar planteamientos deslegitimadores de la v¨ªa estatutaria que inciden en la normalizaci¨®n' vasca.

El Ejecutivo rechaza las 37 reclamaciones que Ibarretxe plante¨® en su discurso de investidura

Otro informe de la Secretar¨ªa de Estado de Organizaci¨®n Territorial replica: 'La mayor¨ªa [de las reclamaciones competenciales] no son susceptibles de traspaso, puesto que corresponden en su integridad al Estado; otras no precisan de ning¨²n traspaso para su ejercicio efectivo. En algunos casos existen pronunciamientos expresos del Tribunal Constitucional contrarios a las pretensiones del Gobierno vasco'.

El contencioso sobre las 37 competencias pendientes de traspasar de la Administraci¨®n central a la vasca abarca cuatro bloques b¨¢sicos de materias: trabajo y Seguridad Social, supervisi¨®n de las entidades de cr¨¦dito, investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica y prisiones, adem¨¢s de materias menores que afectan a infraestructuras, agricultura y pesca.

- Trabajo y Seguridad Social. Es la reclamaci¨®n m¨¢s importante. Los art¨ªculos 18.2.a y 18.4 del Estatuto conceden al Gobierno vasco, con car¨¢cter general, el desarrollo legislativo, la ejecuci¨®n y la gesti¨®n de las distintas prestaciones de la Seguridad Social. La disposici¨®n transitoria quinta del Estatuto precisa la gesti¨®n del r¨¦gimen econ¨®mico de la Seguridad Social en la suscripci¨®n de convenios.

En la diferente interpretaci¨®n de la f¨®rmula de los convenios radica la diferencia principal entre las Administraciones vasca y central. El PNV y Eusko Alkartasuna (EA), gobernantes en Euskadi, han interpretado e interpretan la f¨®rmula de convenios con la metodolog¨ªa del Concierto Econ¨®mico.

El Gobierno central la rechaza porque 'se pone en peligro el principio de igualdad de todos los espa?oles, la unidad del sistema de la Seguridad Social y el principio de caja ¨²nica cuando la Seguridad Social es el instrumento que garantiza la igualdad de todos los espa?oles', seg¨²n un informe de la Secretar¨ªa de Estado de Organizaci¨®n Territorial, que se ampara en sentencias del Tribunal Constitucional.

El rechazo de esta reclamaci¨®n del Gobierno vasco condiciona todo el bloque de trabajo, de modo que tampoco ha asumido las pol¨ªticas activas de empleo, que s¨ª las tienen la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas. As¨ª, el Gobierno vasco reclama la recaudaci¨®n de la cuota vasca de formaci¨®n del Inem, que cotizan los trabajadores en sus n¨®minas. Para ello se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1989 que separa los recursos de la Seguridad Social de los del Inem y del Fogasa (Fondo de Garant¨ªa Salarial).

El criterio del Gobierno central es el opuesto: 'El traspaso est¨¢ bloqueado porque, a diferencia de las dem¨¢s comunidades, [el Gobierno vasco] pide adem¨¢s la titularidad de las cotizaciones sociales de empleo y formaci¨®n, lo cual afectar¨ªa al r¨¦gimen econ¨®mico de la Seguridad Social', se?ala el informe de la Secretar¨ªa de Estado.

- Instituciones econ¨®micas y financieras. El Gobierno vasco reclama la ordenaci¨®n del cr¨¦dito y la banca, los seguros y la regulaci¨®n del mercado de valores, y se ampara en el art¨ªculo 11.2.a) del Estatuto. En un momento determinado concret¨® su reclamaci¨®n en la creaci¨®n de un banco p¨²blico vasco. Hoy reivindica la supervisi¨®n de la banca y lamenta que las leyes de bases -Ley de Ordenaci¨®n de los Seguros Privados, la del Mercado de Valores y las normas del Ministerio de Econom¨ªa- hayan 'desfigurado por completo las competencias del art¨ªculo 11.2.a) que el Estatuto otorga al Gobierno vasco'.

La Secretar¨ªa de Estado de Organizaci¨®n Territorial rechaza la interpretaci¨®n del Gobierno vasco con el argumento de que 'la reclamaci¨®n de la capacidad de supervisi¨®n es sobre entidades de ¨¢mbito nacional sobre las que carece de competencia'.

- Investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica. El Gobierno vasco reclama las funciones de investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica que en la actualidad desarrolla la Administraci¨®n central a trav¨¦s de una serie de entidades y organismos de naturaleza p¨²blica y privada.

La Secretar¨ªa de Estado de Organizaci¨®n Territorial replica que las competencias de investigaci¨®n sectoriales ya est¨¢n traspasadas al Gobierno vasco y a?ade que 'ya no existen reclamaciones concretas en esta materia'.

- Centros penitenciarios. El Gobierno vasco reclama su organizaci¨®n y funcionamiento. Tambi¨¦n defiende la promoci¨®n del concepto de territorialidad, 'garantizando la cercan¨ªa del preso a su entorno familiar y social como principio reconocido en el ordenamiento penitenciario'.

La Secretar¨ªa de Estado de Organizaci¨®n Territorial recuerda que el Gobierno vasco no ha reclamado hist¨®ricamente esta competencia. 'No habr¨ªa problemas te¨®ricos para traspasar esta competencia, que ya la tiene Catalu?a. Pero otra cosa es la pr¨¢ctica', se?ala la secretar¨ªa, en referencia al recelo de que el Gobierno vasco trate de influir en la pol¨ªtica penitenciaria que afecta a los presos de ETA. En este sentido, el ex ministro del Interior Jaime Mayor se opuso rotundamente a este traspaso en unas declaraciones del pasado domingo.