De nuevo, la vivienda

La dificultad del acceso a la vivienda vuelve a aparecer en los sondeos de opini¨®n p¨²blica como una de las cuestiones que m¨¢s preocupan a los ciudadanos espa?oles. Aunque se trata de un problema real que afecta, sobre todo, a los j¨®venes y a las familias con menores niveles de renta, durante la ¨²ltima d¨¦cada se hab¨ªa ido difuminando gracias a una evoluci¨®n favorable de la relaci¨®n existente entre los ingresos familiares y el coste de adquisici¨®n de una vivienda; dicho porcentaje alcanz¨® su m¨¢ximo en 1991, y a partir de ese momento comenz¨® a disminuir como consecuencia de la tendencia a la baja de los tipos de inter¨¦s de los cr¨¦ditos hipotecarios, de la ralentizaci¨®n en la evoluci¨®n de los precios de la vivienda y de una decidida pol¨ªtica de vivienda que permiti¨® el acceso de 600.000 familias a una vivienda protegida en el periodo 1992-1995.

Los datos oficiales indican que la ratio de accesibilidad ha vuelto a crecer a partir de 1998. Sin ninguna duda, es el resultado de una evoluci¨®n fuertemente alcista del precio de la vivienda -con un aumento del 40% entre 1996 y el 2000- y del absoluto fracaso de las medidas sobre suelo y vivienda del Gobierno del PP; as¨ª, el esfuerzo de una familia de ingresos medios para adquirir una vivienda de precio medio se sit¨²a hoy en el 40% de su renta, a pesar de disfrutar Espa?a de cr¨¦ditos hipotecarios que est¨¢n entre los m¨¢s baratos de la Uni¨®n Europea.

La ratio de accesibilidad es muy superior en el caso de adquisici¨®n de una primera vivienda y, muy en particular, en el caso de los j¨®venes, lo que lleva a Espa?a a colocarse a la cabeza del ranking mundial en cuanto a la edad de emancipaci¨®n -la m¨¢s alta- y a la tasa de natalidad -la m¨¢s baja-.

La evoluci¨®n alcista de los precios de la vivienda no se debe a la escasez en la oferta, ya que durante los ¨²ltimos tres a?os se ha construido una media anual superior a las 500.000 unidades, cifra notablemente superior a la formaci¨®n neta de hogares, situada en los 120.000 al a?o. De hecho, buena parte de la demanda actual de vivienda tiene poco que ver con las necesidades residenciales de sus adquirientes y responde a la colocaci¨®n de ahorro con fines inversores y a la proximidad de la plena vigencia del euro.

Cualquier pol¨ªtica de vivienda seria deber¨ªa partir del an¨¢lisis anterior para, entre otras cosas, introducir nuevas herramientas mucho m¨¢s orientadas a la optimizaci¨®n del uso de un parque inmobiliario excedentario -20 millones de viviendas existentes frente a 13 millones de hogares- que al est¨ªmulo a la construcci¨®n de nuevas viviendas.

Pero ello requerir¨ªa un Gobierno al que le preocupase, de verdad, el acceso a la vivienda de sectores sociales cada vez m¨¢s amplios y asumiera su responsabilidad; no un ministro de Fomento que descarga todas las culpas sobre las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos, a los que acusa de poner obst¨¢culos a la 'liberalizaci¨®n' del mercado del suelo emprendida por el PP desde 1996.

A partir de dicho a?o se han adoptado sucesivas normas legislativas estatales en materia de urbanismo que han favorecido un incremento espectacular del precio del suelo urbanizado -un 90% entre 1996 y el 2000, seg¨²n un reciente informe de Merrill Lynch- debido a la creaci¨®n de expectativas de revalorizaci¨®n derivadas de la propia legislaci¨®n, en un mercado profundamente imperfecto. Por cierto, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se declaran nulos de pleno derecho dos art¨ªculos de la Ley 6/1998, sobre r¨¦gimen del suelo, y se estima parcialmente el recurso respecto de otros seis art¨ªculos, constituye una severa advertencia al Gobierno sobre su actuaci¨®n legislativa en materia de urbanismo. El Tribunal Constitucional consagra las competencias auton¨®micas y municipales en cuanto al modelo de ciudad, frente a la pretensi¨®n del Gobierno de imponer en todo el territorio un determinado modelo basado en la extensi¨®n pr¨¢cticamente sin l¨ªmites de suelos aptos para edificar.

Esta sentencia -y el encarecimiento del suelo ya mencionado- deber¨ªa llevar al Gobierno a replantearse su pol¨ªtica en esta materia, comenzando por derogar el Real Decreto 4/2000, que incide todav¨ªa m¨¢s en la l¨ªnea ya cuestionada por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Gobierno elimin¨® la desgravaci¨®n fiscal de los gastos por alquiler de vivienda y no ha avanzado ni un mil¨ªmetro en la necesaria mejora del tratamiento fiscal de la oferta de vivienda en alquiler -solicitada en reiteradas ocasiones por todos los grupos pol¨ªticos en el Parlamento, as¨ª como por los operadores de dicho mercado- que permita corregir la an¨®mala composici¨®n del mercado inmobiliario espa?ol, con el menor porcentaje de vivienda en alquiler -sobre todo, de vivienda p¨²blica en alquiler- de toda la Uni¨®n Europea.

Asimismo, los resultados de la pol¨ªtica de vivienda han sido vergonzosos: el Plan de Vivienda 1998-2001 est¨¢ cumpliendo menos de un 50% de sus objetivos y la oferta de viviendas protegidas (VPO) ha ca¨ªdo en el 2000 a las cifras m¨¢s bajas de la d¨¦cada -menos de 50.000 VPO, frente a una media anual superior a las 100.000, en el periodo 1992- 1995-.

El porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de viviendas iniciadas ha ca¨ªdo dr¨¢sticamente desde 1993 -un 49,3%- al 2000 -apenas un 7,5%-, y el volumen de cr¨¦ditos disponible para financiar viviendas protegidas se ha situado en el a?o 2001 en la cuant¨ªa m¨¢s baja de la d¨¦cada.

Urge, pues, plantear una acci¨®n pol¨ªtica bien diferente a la desarrollada por el PP hasta la fecha que suponga, adem¨¢s, la superaci¨®n de modelos de intervenci¨®n vigentes en el pasado y que surja de una intensa coordinaci¨®n y cooperaci¨®n entre los tres niveles de la Administraci¨®n.

Ninguna pol¨ªtica de vivienda puede dise?arse ya al margen de la ordenaci¨®n del territorio y de las pol¨ªticas de ciudad. Es necesario integrar las necesidades de acceso a la vivienda en un correcto desarrollo de las ciudades que deber¨ªan hoy d¨ªa crecer m¨¢s en calidad que en extensi¨®n de su suelo urbanizable. Recordemos que existen ya en Espa?a suelos calificados como urbanizables que permiten la construcci¨®n de cinco millones de viviendas y que el estrangulamiento se sit¨²a en la escasa actuaci¨®n urbanizadora de los propietarios de suelos calificados. Los ayuntamientos deben contar con una legislaci¨®n estatal y auton¨®mica que favorezca la actividad urbanizadora y los medios t¨¦cnicos, humanos y econ¨®micos suficientes para realizar una gesti¨®n urban¨ªstica ¨¢gil y eficiente. El Pacto Local resulta, pues, urgente para garantizar una pol¨ªtica de vivienda y de suelo en la que los ayuntamientos puedan jugar un papel activo, fortaleciendo la necesaria concertaci¨®n con la iniciativa privada m¨¢s emprendedora.

El PP sigue insistiendo, con Aznar a la cabeza, en su visi¨®n triunfalista, seg¨²n la cual el elevado nivel de vida de los espa?oles hace innecesaria la pol¨ªtica de vivienda. Como muy bien se?al¨® Rodr¨ªguez Zapatero en el debate sobre el estado de la naci¨®n, a pesar del crecimiento innegable del PIB registrado durante los ¨²ltimos a?os, se han ampliado las desigualdades sociales. Eso afecta, sin duda, a los j¨®venes, v¨ªctimas de la carest¨ªa de la vivienda y de situaciones laborales muy precarias que obstaculizan su emancipaci¨®n.

Y la emancipaci¨®n no es s¨®lo un proceso que afecta a la esfera privada. Para alcanzar plenamente la condici¨®n de ciudadanos responsables de sus propias vidas y de su relaci¨®n con el resto de la sociedad, los j¨®venes tienen que emanciparse de sus padres.

En s¨ªntesis, Espa?a necesita un cambio en profundidad en las pol¨ªticas de vivienda y de suelo, y lo necesita con urgencia, ya que los efectos negativos -sociales, ambientales y econ¨®micos- de la actual situaci¨®n pueden ser, incluso, irreversibles.

Cristina Narbona Ruiz es secretaria de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio del Comit¨¦ Ejecutivo Federal del PSOE.